El proyecto Pinares de Oriente nació como una solución de vivienda de interés prioritario para 617 familias vulnerables. Sin embargo, con el paso de los años, este programa se convirtió en un dolor de cabeza para sus beneficiarios, envuelto en presuntas irregularidades, demoras injustificadas, conflictos políticos y un proceso judicial que, a día de hoy, amenaza con quedar en la impunidad.
La iniciativa se gestó en 2009, mediante el convenio 2010 celebrado entre el Fondo de Vivienda de Interés Social del Meta y la Corporación para el Avance Social y Ambiental de América (CASA). Su ejecución estaba proyectada para solo 12 meses, es decir, debía finalizar en 2010.
Durante el mandato del exgobernador Darío Vásquez se dieron los primeros pasos, pero las dificultades administrativas y operativas obligaron a ampliar plazos. La situación se agravó durante el gobierno del exgobernador Alan Jara (2012), quien nombró a Jorge Carmelo Pérez Alvarado como gerente de vivienda departamental.
Señalamientos
Según el contratista del proyecto, Óscar Hernando Mendoza Parra, las demoras y trabas no fueron simples errores administrativos, sino retaliaciones políticas. Mendoza denunció que su apoyo electoral a un candidato contrario a Alan Jara le costó ser blanco de represalias por parte de Carmelo Pérez.
Uno de los hechos más graves que expuso fue el retraso de 18 meses en la expedición de un aval bancario que, por norma, debía ser tramitado en un máximo de 15 días. Esta situación lo llevó a la quiebra económica, embargos judiciales y el estigma de ser el supuesto responsable de la parálisis del proyecto.
Intervención
Ante la gravedad del caso y el perjuicio directo a las 617 familias que esperaban sus viviendas, la Corte Constitucional emitió un fallo protegiendo a los beneficiarios y ordenando a la Gobernación del Meta a pagarles un subsidio mensual de $400 mil entre septiembre de 2014 y principios de 2016. El monto total que se desembolsó por este concepto fue de aproximadamente $4.195 millones.
Investigación
La Fiscalía General de la Nación abrió investigaciones por los presuntos delitos de: peculado por apropiación, obtención de documentos falsos, fraude procesal, celebración de contratos sin requisitos legales, estafa agravada
Las pesquisas involucran a varios exfuncionarios, entre ellos: el exgobernador Darío Vásquez, el exgobernador Alan Jara, el exgerente de vivienda Jorge Carmelo Pérez Alvarado y otros funcionarios vinculados al proceso contractual.
¿Quedará en el olvido?
Después de más de una década, las 617 familias afectadas siguen esperando respuestas claras y soluciones definitivas. Mientras tanto, los procesos judiciales avanzan a paso lento y crece la duda de que este escándalo termine, como muchos otros en el Meta, en la impunidad.
Fuente de TenemosNoticias.com: www.diariodelsur.com.co
Publicado el: 2025-04-07 16:25:00
En la sección: Diario del Sur