Red delictiva que suplantaba identidades para fraudes bancarios

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a nueve presuntos integrantes de una organización criminal acusada de cometer fraudes bancarios y hurtos informáticos en ciudades como Santa Marta, Barranquilla y otras localidades del norte de Colombia.

La Fiscalía, a través de su Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos, imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir, hurto por medios informáticos y violación de datos personales, aunque los acusados no aceptaron los cargos.

Según las investigaciones, la red delictiva estaba estructurada en varios niveles:

1. Reclutadores: Estos individuos ofrecían sumas de alrededor de 100.000 pesos a personas para obtener datos personales, huellas dactilares y fotografías con el propósito de abrir cuentas bancarias a su nombre.
2. Controladores de cuentas: Este grupo se encargaba de gestionar las cuentas abiertas fraudulentamente, que eran utilizadas para respaldar supuestas empresas ficticias. A través de estas, solicitaban datáfonos argumentando la necesidad de procesar transacciones comerciales.
3. Colaboradores internos: Se presume que empleados de entidades bancarias utilizaban ilegalmente las bases de datos para cargar tarjetas de crédito a las cuentas de las víctimas. Estas tarjetas eran luego usadas en los datáfonos adquiridos por la red para realizar compras ficticias y transferencias de dinero.

Impacto económico

De acuerdo con la Fiscalía, esta estructura logró apropiarse de más de 3.088 millones de pesos, afectando a decenas de personas que tardaron en detectar las irregularidades en sus cuentas financieras.

Avances judiciales

Con las capturas, se busca desarticular esta compleja red y recuperar parte de los recursos obtenidos ilícitamente. La Fiscalía continúa investigando para identificar posibles cómplices, incluidos otros empleados bancarios que podrían estar vinculados al caso.

Este golpe a la criminalidad resalta la importancia de proteger los datos personales y reforzar los controles de seguridad en las instituciones financieras.