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Capítulo referido al derecho al ambiente sano, informe anual sobre estado de los DD HH en Venezuela (Chunikai-Provea)

Capítulo referido al derecho al ambiente sano, informe anual sobre estado de los DD HH en Venezuela (Chunikai-Provea)

A finales de junio pasado, los compañeros de la Asociación Civil Ecológica y Social Chunikai nos hicieron llegar su aporte sobre la situación del Derecho al Ambiente Sano 2019, capítulo que forma parte del compendio sobre toda la situación en derechos humanos emitido por Provea todos los años. Como se sabe, nuestro espacio de los lunes procura ofrecer artículos de autor sobre el delicado tema “Ambiente: situación y retos”. Pasaron algunos días y tratábamos de que los propios compañeros y compañeras de Chunikai nos hicieran llegar un artículo; sí, pasaban los días, pero estos valientes amigos estaban atendiendo otro frente no menos delicado y urgente.

Hubo un tiempo que Provea, llegado el 10 de diciembre, Día Mundial de los Derechos Humanos, por decisión de la ONU, emitían su informe anual, generalmente no muy estimulante… pero lo podían presentar al público ese día; durante el año, habían contado con las libertades y condiciones mínimas para hacerlo, hoy eso se ha vuelto un proceso mucho más heroico y, por lo tanto, menos puntual en cuanto a fechas, pero mucho más dramático en lo relativo a contenidos.

Me parecería personalmente grosero hacer un resumen distinto al que Provea de por sí emitió al respecto, sobre todo porque lo recogido es demasiado contundente, me parecería un acto no oportuno ponerme a hacer un balance sobre lo que los compañeros de Chunikai escriben allí, si pretendemos llegar a nuestro público con información reciente, actual; por ello, opté por hacer una mezcla de informaciones citando directamente tanto a Provea, en tanto ente coordinador, como de la segunda asociación, en su rol de investigadores y sistematizadores del informe en cuestión, al tiempo que suscribo lo dicho por Frank Bracho…”¡Pone los pelos de punta!”. Mi responsabilidad para con todo lo dicho es ayudar a difundirlos y ratificar, una vez más, su seriedad y rigurosidad. Al final se ponen las fuentes para que cada quien pueda corroborar el uso de las mismas.

Para todos Provea es conocida, para algunos Chunikai no tanto, presentemos entonces a la segunda.

Se presentan a sí mismos, como “una ONG socio-ambiental venezolana, registrada en mayo del 2001, cuyo norte es buscar la “felicidad / bienestar” (significado de la palabra Chunikai de origen indígena ajagua, antigua etnia habitante del centro occidente y sur del país) y la sostenibilidad, fomentando la ecología, experiencias emprendedoras dignificantes, el respeto a la diversidad y la mejora de la salud ambiental del planeta”.

El desastre ambiental: una cotidianidad vivida en el mundo rural y urbano

Ahora vamos a lo que Provea resume; “En 2019 los indicadores en materia ambiental siguieron disparándose de manera negativa. El derecho universal al acceso al agua potable entró en una fase de colapso general junto al deterioro de otros servicios básicos como la electricidad y el gas. La crisis en el sector eléctrico que tuvo su escenario más grave entre los meses de marzo y abril, afectó severamente el servicio de abastecimiento de agua potable dada la dependencia en los acueductos de las bombas y otros mecanismos eléctricos, sumando problemas a un ya deteriorado servicio público”.

La emergencia humanitaria compleja está afectando el patrimonio natural de Venezuela de forma generalizada. En 2019 se aceleró el encadenamiento de graves situaciones que ponen a los ecosistemas del país en alto riesgo. La caza y extracción de especies vulnerables, destrucción de hábitats, deforestación, contaminación, degradación y fragmentación de bosques, intervención en drenajes naturales, fueron propiciados por factores comunes: la ausencia de fiscalización y la inexistencia de una institución que gestione y supervise la materia ambiental.

En el escenario urbano los principales indicadores claves como el suministro de agua potable, el manejo de los desechos sólidos, la calidad del aire, los parques, zonas verdes y espacios públicos en general, están en una situación de orfandad debido a la ausencia de una institución que ejerza la tutoría, como en un momento lo hacía el Ministerio del Ambiente, o la Alcaldía Metropolitana en el caso de Caracas.

A ello se le agrega la política de opacidad estatal. Ya no se publica la Memoria y Cuenta, y para el gobierno de Maduro pareciera que, no publicando información oficial, quedan resueltos los problemas ambientales.

En 2019 hubo poco desempeño en materia legal vinculada a lo ambiental. Lo más relevante fue la Resolución N° 1472 del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec), publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 448.290 del 16.10.2019 mediante la cual creo con carácter permanente la Comisión Estratégica Ambiental Nacional, la cual “[…] tendrá por objeto establecer estrategias de gestión ambiental, que permitan la realización del proceso de evaluación ambiental de actividades susceptibles de degradar el ambiente, asociadas a proyectos estratégicos considerados de interés nacional, bajo la rectoría y coordinación de la Autoridad Nacional Ambiental, en el marco de los principios de celeridad, eficiencia, eficacia, transparencia y cooperación intra e intergubernamental”. En su artículo 3 la Resolución define las funciones de la Comisión Estratégica Ambiental Nacional que en esencia es “Formular y aprobar lineamientos y políticas de gestión ambiental, aplicables en los procedimientos de control previo y control posterior relacionados con los proyectos estratégicos considerados de interés nacional, que garanticen la celeridad y simplificación del proceso administrativo, ajustado a la normativa ambiental”.

Con esta resolución se crea un mecanismo especial dentro del ministerio responsable de la materia ambiental con el fin de atender los “proyectos estratégicos considerados de interés nacional” que, inferimos, incluye todos aquellos vinculados al Arco Minero del Orinoco.

Deforestación se traga los bosques de Venezuela

“Ante la ausencia de información oficial, resulta complejo saber con certeza, lo que ha ocurrido en Venezuela en materia forestal. En 2019, al igual que ha venido ocurriendo desde hace al menos un quinquenio, no se publicó data oficial sobre deforestación”.

No obstante, agrupaciones defensoras de los derechos de los pueblos indígenas y a un ambiente sano, estiman que la perdida de la Amazonia venezolana -donde se ubica la mayor parte de los bosques del país-, se ha incrementado durante los últimos 18 años.

“Organizaciones no gubernamentales como Wataniba y Provita -pertenecientes a la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAIG)-, y la iniciativa S.O.S Orinoco, están trabajando en el procesamiento de imágenes satelitales para producir mapas digitales, que reflejen la situación de la cobertura vegetal en territorio venezolano. Entre los productos aportados hay mapas interactivos y vídeos con imágenes de alta resolución en el que se examinan actividades como actividad minera e incendios”.

“De acuerdo con un informe elaborado por la organización Provita, entre el 2010 y 2015 fueron deforestadas 2.822.000 hectáreas en Venezuela. Esto quiere decir que en 5 años se eliminó la cobertura boscosa de una superficie casi del tamaño del Parque Nacional Canaima”.

Por su parte la plataforma Global Forest Watch (GFW) informó que para el período enero-agosto de 2019 -que abarca la estación seca venezolana y un poco más-, el número de alertas de incendios acumuladas fue de 4.414. De acuerdo con estos datos y en opinión de la ONG Wataniba, 2019 fue el quinto año con más incendios en la ventana temporal de 2001-2019. El más alto fue el 2010 con 4.479 alertas.

La incidencia de los fuegos entre los estados de la Amazonia venezolana varía. El estado Bolívar acumuló en promedio 72% de todas las alertas en el período 2001-2019, salvo en el año 2016 que sumó 40% del total. Le sigue el estado Amazonas, que en promedio acumula 18% y Delta Amacuro con un promedio de 10%. El año con más incendios para el estado Amazonas fue 2018, para Bolívar el 2003 y para Delta Amacuro 2010. El estado Bolívar además destaca por el número de alertas de incendios a nivel nacional, al ocupar el tercer lugar de incidencia (27 agosto 2018 – 28 agosto 2019). Para el período 2001-2018, el estado Amazonas mantuvo una tendencia sostenida al aumento de focos de calor, posiblemente relacionados con un comportamiento similar en lo que respecta a la deforestación.

“Aparte de los incendios y la deforestación, el otro factor que se disparó en el año 2019 fue el saque de madera para obtener leña. Dicha situación viene en aumento desde hace pocos años debido a la escasez de gas doméstico, afectando en primera instancia las zonas verdes y remanentes de vegetación natural dentro de las poligonales urbanas en el país”.

Una vez agotados los árboles y arbustos de las franjas verdes urbanas, viene la fase del entresaque de estos en los bosques de las afueras de los centros poblados, impactando en las cuencas hidrográficas, muchas de ellas vitales para la población ya que aportan agua para los embalses o acueductos. Además en busca de leña se intervienen zonas protegidas u otras Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), inclusive Parques Nacionales. El subsiguiente problema que se genera al seguir faltando las bombonas de gas para el uso doméstico es que se convierte en un negocio la venta de leña, lo cual implica una intervención en los bosques de manera continua y a menudo intensiva.

Avanza la devastación al sur del país

Según un trabajo internacional de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg), en la que participan las organizaciones venezolanas Provita y Wataniba, Venezuela es el país de la Amazonia con más puntos de minería ilegal. Específicamente se contabilizaron en imágenes satelitales 1.899 puntos correspondientes a minas no autorizadas presumiblemente de oro, diamantes, coltán y otros minerales. En el texto de Raisg se señala que “se ha acelerado el proceso de daños como consecuencia de la minería a una velocidad que nunca habíamos tenido antes. Venezuela es el país de la región amazónica con mayor velocidad en el incremento de la deforestación”. De alguna manera vinculado a la política del Arco Minero, más allá que las causas de la deforestación en los bosques al sur del Orinoco tienen en lista a las prácticas agropecuarias, los incendios (por lo general atados a los primeros), la explotación de madera comercial, la construcción de carreteras, la extracción de minerales y otros cambios de usos.

Fuente: Boletín de Prensa de PROVEA sobre Derecho al Ambiente Sano (2019), citando a RAISG-Provita-Wataniba (2019) Para información de escala consultar https://mineria.amazoniasocioambiental.org/

“Diversas organizaciones indígenas, ambientalistas y de derechos humanos, además de sectores académicos y periodistas, están atentos a posibles actividades mineras en regiones circunvecinas a la zona delimitada en el Decreto N° 2.248, como la cuenca media y alta del río Caura –protegido legalmente por la figura de parque nacional desde el 2017- y el estado Amazonas. En el caso del Parque Nacional Canaima ya es un hecho la intervención extractivista, específicamente de oro y en menor medida coltán (columbita y tantalita). En dicha área protegida, Patrimonio Mundial de la Humanidad, se han identificado 15 sitios de operación minera con una superficie aproximada de 732 ha de afectación directa por la minería adentro del Parque, más 18 sitios de extracción aurífera que están en las adyacencias, de acuerdo con estudios realizados por SOS Orinoco basándose en la evaluación de imágenes satelitales de los años 2018 y 2019. Situación que está generando un grave impacto ambiental y socio cultural en toda esta zona de la cuenca alta del Caroní, incluyendo contaminación mercurial”

El Estado ha establecido vínculos en el estado Bolívar con sectores armados para controlar los espacios mineros

En el caso del Caura y Amazonas existen algunos estudios de la década del noventa con inventarios de recursos minerales realizados por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG)-Tecmin, en asociación con otras instituciones especializadas, en los que se señala que en los estados Bolívar y Amazonas hay yacimientos de oro, cobre, diamante, hierro, bauxita, tungsteno, estaño, titanio, barita, molibdeno, tierra rara, tantalio, niobio (o columbio), torio, uranio, entre otros. Estos últimos cuatro están localizados principalmente entre el Municipio Cedeño del estado Bolívar y la entidad amazonense y ya se sabe de actividades de extracción de Coltán bajo control de la guerrilla colombiana que se dan allá en un medio lleno de opacidad y de miedo a informar. En ese contexto es que el Estado ha establecido vínculos en el estado Bolívar con sectores armados para controlar los espacios mineros y en sí obtener el oro de allí sacado

Fuente:  Tomado de: Informe Asociación Chunikai sobre Derecho al Ambiente Sano en Venezuela, 2019 para Provea.

Propuestas y exigencias a los poderes públicos

La Asociación Civil Chunikai, concluye su informe para Provea con las siguientes ideas propositivas y exigencias:

“• Hace falta que el Ministerio de Ecosocialismo en colaboración con el Ministerio de Educación asuman la iniciativa de impulsar la transversalidad de la educación ambiental de manera que sea incorporada a cada institución pública que tome decisiones que afecten los recursos naturales de nuestro territorio. En tal sentido se propone que se organicen talleres inter-ministeriales para incentivarla

• Es urgente que el Estado cree una Comisión Especial Asesora en Materia de Calidad de Agua, integrada por profesionales con experticia del Ministerio del Poder Popular Para la Atención de las Aguas, del Ministerio de Ecosocialismo y del Ministerio para la Salud y de gremios independientes y universidades nacionales. La idea es que sirva para asesorar a los órganos competentes en caso de emergencias con el tema del agua.

• Solicitar a la Fiscalía para que abra una investigación con el caso del empleo de menores de edad en las minas de El Callao.

• Es necesario que cree una instancia interministerial que realice un diagnostico sobre las repercusiones socio económicos del Arco Minero del Orinoco y entre otros aspectos estudio con detenimiento qué está ocurriendo con las migraciones internas.

• Hace falta que el Ministerio de Ecosocialismo reactive la labor que llegó a desempeñar el Ministerio del Ambiente, en coordinación con las alcaldías, en materia de monitoreo de la calidad del aires de las distintas ciudades de Venezuela”.

Fuentes para los textos completos, fotos y gráficos originales:

1) https://chunikai.wordpress.com/

2) https://www.derechos.org.ve/actualidad/informe-anual-en-2019-avanzo-la-devastacion-del-patrimonio-natural-de-venezuela

3) https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/05AmbienteSano-5.pdf (esta última contiene el informe completo).

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Fuente de TenemosNoticias.com: www.elnacional.com / Ambiente: situación y retos

Publicado el: 2020-07-13 00:12:18
En la sección: EL NACIONAL

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