A pocas horas de una elección legislativa en la ciudad de Buenos Aires que tiene el impacto político de una contienda a nivel nacional para el Gobierno de ultraderecha, la justicia argentina ha pedido que se levante el secreto bancario de los hermanos Javier y Karina Milei. El presidente y la secretaria general de la Presidencia, una unidad de acción indestructible, han quedado finalmente en la mira de la jueza María Servini de Cubría, a cargo de la causa $LIBRA, también conocida como «criptogate». La estafa de unos 100 millones de dólares estalló tres meses atrás cuando Milei promocionó el activo digital en su cuenta de X para luego borrar la entusiasta llamada a adquirirlo.
El «criptogate» provocó en febrero un fuerte remezón que obligó a Milei a una serie de desmentidos y desmarques que dañaron su imagen. «Ponzigate», «Libragate» y «Memegate», se lo llamó también. Quedaron en evidencia las relaciones de los hermanos con Hayden Mark Davis, uno de los promotores del activo digital, así como los empresarios locales Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, de origen español. La Cámara de Diputados ha formado una comisión investigadora del escándalo, pero no puede avanzar en su funcionamiento debido a las trabas que ponen el oficialismo y sus aliados. Tampoco se ha podido lograr que los ministros de Economía y Justicia, Luis Caputo y Mariano Cúneo Libarona, respectivamente, fueran citados en el Congreso. El jefe de ministros, Guillermo Francos, fue el único que se presentó para dar explicaciones a los legisladores, pero eludió todas las preguntas espinosas sobre el tema.
Evolución patrimonial
El escándalo ha llegado a Estados Unidos. Burwick Law, una de las firmas especializadas en delitos con criptomonedas más importante del mundo, publicó en las redes un aviso ofreciendo asesoramiento a las personas afectadas. En este contexto se conoció el pasado jueves por la noche la petición de la jueza Servini de Cubría, interesada en conocer la evolución patrimonial de los hermanos Milei ante las denuncias presentadas en la investigación que lleva adelante el fiscal Eduardo Taiano. El pedido alcanza a Novelli, exempleador de Milei antes de lanzarse a la vida política, y Terrones Godoy. Los medios de prensa sostienen que ellos fueron los que conectaron al mandatario con Davis, el principal creador de $LIBRA, y el singapurense Julian Peh, otro empresario implicado en esta trama.
La magistrada también ordenó inhibir por 90 días los bienes y los activos de Novelli, Terrones Godoy y otras personas involucradas. Antes de que se conociera la medida de Servini de Cubría, la madre y la hermana de Mauricio Novelli vaciaron sus cajas de seguridad. Una imagen divulgada por la televisión que proviene de las cámaras de seguridad del Banco de Galicia los muestra sacando dinero.
Karina Milei ha quedado en el centro de las denuncias de estafa. Se le atribuye haber recibido en la Casa Rosada, la sede del Ejecutivo, a varios de los empresarios cripto, uno de los cuales reconoció que le pagaba coimas. Esas revelaciones llevaron al hermano a asegurar que los argentinos no odian lo suficiente a los periodistas. Los analistas se preguntan hasta qué punto puede impactar el «criptogate» en las elecciones legislativas de la capital en las que no solo el presidente pone a prueba su popularidad, al colocar como primer candidato a su portavoz, Manuel Adorni. Karina, conocida como «El Jefe», fue la diseñadora de una campaña con la que la ultraderecha busca desplazar gradualmente a la derecha tradicional de Mauricio Macri del control de un distrito estratégico.
La condena de Cristina Kirchner
El presidente se involucró activamente en la campaña de Adorni y llamó a que los «porteños» claven el domingo el «último clavo del ataúd del kirchnerismo». Milei y Macri se acusaron mutuamente días atrás de proteger a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras el naufragio en el Senado de una ley, Ficha Limpia, que impide a las personas con una condena de los tribunales presentarse a cargos electivos.
Fernández de Kirchner no tiene candidato propio en esa contienda capitalina a pesar de ser la principal autoridad del Partido Justicialista (peronismo). Leandro Santoro, un aliado de esa formación, encabeza los sondeos. El Gobierno cree que el fantasma del peligro kirchnerista puede ayudar a ganar votos este domingo. Lo que la política no garantiza parece brindarlo una justicia ligada al Ejecutivo en tiempos electorales. El giscal general, Eduardo Casal, pidió duplicar la condena de seis años que se ha impuesto a la exmandataria en una causa por corrupción en el manejo de la obra pública durante su Gobierno (2007-15).
El 6 de diciembre de 2022, un Tribunal Oral Federal condenó a Fernández de Kirchner, exfuncionarios de su Gobierno y el empresario Lázaro Báez. El fiscal Diego Luciani había pedido 12 años y la inhabilitación política permanente. Un tribunal de segunda instancia ratificó el dictamen. El Supremo pidió la opinión de Casal antes de emitir el fallo definitivo. El procurador general sintonizó con el reclamo de Luciani. La máxima instancia judicial debe definir si confirma o no la condena o no por administración fraudulenta e inhabilitación. Fernández de Kirchner recusó a uno de los tres integrantes del Supremo, Ricardo Lorenzetti. La expresidenta asegura haber sido condenada sin pruebas y por razones políticas que apuntan a su proscripción. Los tiempos del Supremo para pronunciarse son inciertos pero las aguas electorales pueden acelerarlo. Fernández de Kirchner quiere postularse como candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en los comicios parlamentarios de octubre.
Fuente de TenemosNoticias.com: www.elperiodico.com
Publicado el: 2025-05-16 12:45:00
En la sección: El Periódico – internacional