Un informe de la organizacin Socorro Jurdico Humanitario denuncia que, durante los dos aos del rgimen de excepcin en El Salvador, se han detenido arbitrariamente a 26.250 personas que no han cometido ningn delito, mientas que se han contabilizado 241 muertes en las crceles, entre ellas dos nios. Por su parte, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, se jact este martes en una entrevista televisiva de que se ha arrestado a 79.184 personas, lo que representa el 75% de los pandilleros en el pas centroamericano, por lo que faltara por arrestar a unos 25.000, aunque «no todos» se encuentran ya en El Salvador.
La directora de Socorro Jurdico Humanitario, Ingrid Escobar, critic la «improvisacin» del rgimen de excepcin, que est en vigor desde el 27 de marzo de 2022 a peticin de Nayib Bukele tras el asesinato de 87 personas en tres das y que se ha prorrogado hasta en 24 ocasiones en la Asamblea Legislativa. As, lament que esta medida que suspender varias garantas constitucionales, entre ellas, la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y prolonga la detencin provisional hasta por 15 das, no solo est sirviendo para capturar a delincuentes, sino a «gente inocente» que incluso est muriendo en las prisiones.
«A esta fecha, no tenemos los rostros ni los nombres de estos delincuentes de las pandillas que dieron la orden de matar a 87 personas en el fin de semana ms sangriento de la historia de El Salvador tras la posguerra», censur Escobar, quien revel que hay cerca de 500 denuncias de personas fallecidas en los centros penales durante el rgimen de excepcin, si bien su organizacin ha confirmado 241, de los cuales dos son nios y 14 mujeres.
Concretamente, detall que, en 2022, fallecieron 102 personas privadas de libertad, mientras que en 2023 esta cifra se elev a 116 y en lo que va de ao ya han perecido 21. «El Estado de El Salvador ha cometido crmenes de lesa humanidad, dado que el 44% falleci por muerte violenta (torturas) y otro 29% por falta de atencin mdica, es decir, otra forma de torturar a la gente, que lleg con enfermedades previas y no se les dio el tratamiento», tal como le sucedi «a dos mujeres que desarrollaron cncer dentro de los centros penales».
Como ejemplo de los tratos crueles y humillantes que sufren los reclusos en el marco del rgimen de excepcin, Escobar desvel que un preso que estuvo en la crcel de Izalco asegur tras ser liberado que la «bienvenida» al centro de detencin fue pasar por una cancha deportiva de 50 metros donde «los custodios, que son agentes del Estado, les deban golpizas con las macanas (porras) al punto de llegar a matar gente».
La directora de Socorro Jurdico Humanitario critic el hecho de que el fiscal general de El Salvador y el Comisionado para la Defensa de los Derechos Humanos resten importancia a las personas fallecidas en las crceles bajo el argumento de que no hay pruebas cientficas de que haya habido muertes violentas o negligencias mdicas. «Cmo es posible que en el primer mes del rgimen de excepcin hayan fallecido 48 jvenes de entre 20 y 27 aos y la causa de muerte, segn los hospitales y medicina legal, sea muerte natural?, pregunt Escobar, quien cree «imposible» que una persona a esa edad pueda morir de un paro cardaco si entr sano a la crcel. Concretamente, el 52% de los fallecidos tena menos de 40 aos, el 35% ms de 40 y el 13% se desconoce su edad.
En estos casos, considera que «muy probablemente, ha habido tortura y corresponde al fiscal investigar de oficio». Asimismo, agreg que presos que han estado en la crcel de Mariona desvelaron que los custodios les prohiban incluso orar asegurndoles que en la prisin el nico Dios que haba eran los guardias penitenciarios, quienes empujaban a los reclusos contra un muro.
NUEVE DE CADA DIEZ FALLECIDOS NO SON PANDILLEROS
Otro de los datos relevantes del estudio de la citada organizacin, segn destac Escobar, es que «el 94% de las vctimas mortales del rgimen de excepcin en las prisiones no era pandillero, frente al 6% que s lo era», teniendo en cuenta que la inmensa mayora «no tena tatuajes alusivos a las pandillas, ni antecedentes policiales, ni penales, sino que tena una comunidad que los abrazaba».
«Nosotras hemos investigado uno a uno esos casos y no hay pandilleros, sino sindicalistas, estudiantes, jornaleros, trabajadores, amas de casa, comerciantes, predicadores, pastores y trabajadores en general que fueron acusados injustamente de ser pandilleros», denunci, al tiempo que seal que tambin llegaron a arrestar a una persona con discapacidad mental que finalmente fue liberada, gracias a la presin de esta organizacin.
A esta situacin hay que aadir, segn apunt Escobar, que la justicia del Estado de El Salvador est «masificando los juicios», hasta el punto de que Villatoro ha advertido de que van a meter a 2.000 personas de una estructura en un mismo proceso judicial, lo que supondr, en opinin de la directora del Socorro Jurdico, que «van a ir justos por pecadores».
Por estos motivos, avis de que su organizacin no se va a callar y va seguir denunciando que en los centros penitenciarios de El Salvador «se estn cometiendo delitos de lesa humanidad contra poblacin carcelaria detenida arbitrariamente, entre ellos, arrestos ilegales, tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes, ejecuciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y desapariciones forzadas, porque hay mucha gente que no sabe dnde est su familiar tras ser detenido».
Ante esta situacin, exigi al Estado que «investigue todos los homicidios que han ocurrido en los centros penitenciarios, as como todas las desapariciones forzadas», al tiempo que pidi al Gobierno que «restablezca el estado de derecho en El Salvador y se levante la medida del rgimen de excepcin, porque es inconstitucional».
Por su parte, la abogada de Socorro Jurdico Humanitario, Jayme Magaa, remarc que est bien que los policas y militares «se lleven a quienes forman parte de esos grupos terroristas (pandillas) y se queden con todos los mareros y criminales que quieran tener», pero pidi que liberen a quienes no han cometido ningn delito porque «saben que son inocentes y que no tienen pruebas». En esta lnea, dijo que cada vez que su entidad denuncia un caso «deja en evidencia lo sinvergenzas que son al tener a gente inocente presa».
Por ello, anunci que ya tienen dos casos preparados de personas inocentes criminalizadas para denunciarlos ante la Fiscala de El Salvador, entre ellos, el de un preso que muri «vapuleado y torturado», si bien «nos dijeron que muri de muerte natural», al igual que sucedi con un segundo joven. De este modo, asever que «tenemos que decirle al Estado que mat a estos muchachos porque son asesinatos y no estamos dispuestas a que nos digan que fallecieron de muerte natural cuando tenemos las pruebas». Si la justicia del pas centroamericano no da una respuesta, anunci que recurrirn a organismos internacionales en los que tienen previsto llevar ms casos.
Fuente de TenemosNoticias.com: www.elmundo.es
Publicado el: 2024-04-03 20:37:09
En la sección: Internacional // elmundo