Los municipios catalanes sufren por la falta de 1.000 interventores y secretarios

El Govern de Salvador Illa se ha puesto manos a la obra para resolver uno de los problemas crónicos que sufren los ayuntamientos catalanes: la falta de interventores, secretarios y tesoreros. Estos empleados públicos desarrollan sus tareas en los consistorios, aunque propiamente no forman parte de la plantilla local, sino que pertenecen a un cuerpo de rango estatal controlado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Un reciente acuerdo entre la Generalitat de Cataluña y el Estado, alcanzado en la Comisión Mixta de Transferencias, permitirá a la administración autonómica recuperar las competencias previas a la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) en el año 2013. ¿Con qué propósito? Que la Generalitat pueda impulsar ofertas públicas de plazas de funcionarios de habilitación nacional, competencia que hasta ahora recaía de manera exclusiva en el Estado.

A partir de ahora, el Govern podrá seleccionar, formar, nombrar y asignar estos puestos, incluyendo la convocatoria exclusivamente para el territorio catalán de los procesos de provisión de las vacantes. Antes de que termine 2025, el ejecutivo del PSC ha anunciado que la comunidad contará con 218 plazas nuevas y definitivas a través de un proceso extraordinario. Los nuevos funcionarios serán instruidos en la Escola d’Administració Pública.

El cambio normativo ha llenado de esperanza a centenares de municipios que, debido a la falta de funcionarios de habilitación nacional o bien a su sustitución por funcionarios de otro rango, experimentan retrasos e incidencias en su día a día. Si los secretarios actúan como una especie de notarios que levantan acta, prestan asesoramiento jurídico y dan fe del funcionamiento ordinario de un consistorio, los interventores fiscalizan al detalle la gestión económica local. A ellos se suma la tarea ejercida por los tesoreros en el control de los pagos y los cobros.

Sin las tres figuras, la maquinaria administrativa de los entes locales se atasca y corre el riesgo de paralizarse por completo. Asuntos clave como la ejecución de los presupuestos o de los planes urbanísticos difícilmente pueden salir adelante. Para hacerse una idea: un pleno se puede celebrar sin el alcalde, pero no sin el secretario. Para salir del paso, estos puestos suelen cubrirse con titulados superiores, como economistas en el caso de los interventores o técnicos de gestión (apodados en la jerga del sector como TAG) para ejercer de secretarios.

Como explica Natalia Centella, abogada del despacho Área Pública, «la responsabilidad de un secretario y de un interventor es muy importante. Son fedatarios públicos, es decir, los últimos responsables jurídicos de una corporación local. Por tanto, si ellos no están muchas veces la actividad queda parada porque los procedimientos administrativos los requieren para tomar determinadas decisiones. O no se tramitan o se tramitan mal». «Además tienen un grado de competencia elevado. No hablamos de unas oposiciones fáciles», añade.

Empleados codiciados

La falta de funcionarios de habilitación nacional se ha agravado en los últimos años por los retrasos en la convocatoria de plazas, ya de por sí muy acotadas en volumen, y la jubilación de buena parte de las hornadas de funcionarios de carrera de las décadas de los 80 y 90. Tampoco las asignaciones de interventores y secretarios, esto es, la fijación de destino, se realizan siempre con la máxima diligencia, como denuncian fuentes conocedoras del sector público.

En un comunicado, la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) ha mostrado su satisfacción por los avances para dotar de funcionarios de habilitación nacional los municipios con necesidades. Además, ha llamado la atención sobre otro fenómeno que sobrevuela el déficit de empleados públicos: «Este problema genera una competencia entre los mismos ayuntamientos para atraer profesionales con habilitación, haciendo que sean los ayuntamientos de menor dimensión los que acaben sufriendo en mayor medida el problema».

Radiografía del problema

Según datos facilitados por el Departamento de Presidencia a elEconomista.es, el 66% de municipios catalanes no cuenta con este tipo de funcionarios. Son los pueblos más pequeños, aquellos con menos de 1.000 habitantes —que constituyen el 40% de las 947 localidades que existen en la comunidad—, quienes se hallan más desprovistos.

De las 1.580 plazas de interventores, secretarios y tesoreros, solo 616 están ocupadas por funcionarios de habilitación nacional. Del resto (964), 670 están ocupadas por funcionarios accidentales sin habilitación nacional, como economistas o TAG, o por interinos sin plaza de funcionario.

Además, hay otras 109 plazas eximidas. Esta categoría engloba aquellas posiciones en municipios con menos de 500 habitantes y un presupuesto inferior a 200.000 euros. En este caso, las tareas que prestan los funcionarios se asignan a un ente supramunicipal, como los consejos comarcales o diputaciones provinciales. Por último, hay que sumar las 185 plazas no están ocupadas en absoluto.

Pese al visto bueno de los ayuntamientos catalanes, el Colegio Oficial de Habilitados Nacionales (COSITAL) ha manifestado su oposición al traspaso de la competencia a la Generalitat. En un comunicado, el órgano gremial recuerda que la medida ha fracasado varias veces en el Congreso de los Diputados.

«Ante la posibilidad de que estuviéramos siendo utilizados como moneda de cambio en estas negociaciones, desde el Consejo expresamos nuestro más rotundo desacuerdo, para lo que se mantendrán los contactos con todos los grupos políticos con representación parlamentaria», advierte el colegio en el texto.