El contralor Carlos Hernán Rodríguez aseguró que no existen fundamentos suficientes para suspender la regla fiscal y alertó sobre riesgos fiscales para 2025. | Gobierno | Economía

En medio del debate por una eventual suspensión de la regla fiscal en Colombia, la Contraloría General de la República reiteró que, desde su análisis técnico, no existen motivos suficientes que justifiquen esa decisión y aunque el organismo de control se mostró respetuoso frente a la postura del Gobierno, insistió en que las condiciones actuales no permiten sostener una medida de ese calibre sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, afirmó que la entidad ya había hecho advertencias desde 2023 sobre los riesgos fiscales del país, y que las decisiones que hoy se discuten reflejan la falta de correcciones oportunas, ya que “lamentablemente, lo que la Contraloría ha observado durante 2023 y 2024 se ha reflejado ahora en 2025”, sostuvo, en una charla con los medios de comunicación.

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Aunque Rodríguez aclaró que aún no ha escuchado en detalle las justificaciones del Ejecutivo, sí fue enfático al señalar que la Contraloría no encuentra fundamentos, soportes técnicos ni condiciones exógenas que respalden la decisión de suspender la regla fiscal, destacando que “lo respeto profundamente, pero nuestra obligación como ente de control es manifestar nuestra concepción sobre ello”.

Cabe recordar que la regla fiscal, vigente desde 2011 y actualizada en 2021, impone límites al déficit y a la deuda del Gobierno Nacional para garantizar la sostenibilidad macroeconómica, por lo que su posible suspensión, según lo ha anticipado la Casa de Nariño, podría abrir espacio para mayor gasto público, pero a costa de credibilidad ante los mercados y presión sobre el endeudamiento.

Ser cautelosos

Durante su intervención, el contralor agrupó tres medidas recientes que, en conjunto, le generan especial preocupación, comenzando por la intención de no acatar la regla fiscal, la decisión de anticipar el recaudo del impuesto de renta, y la negativa a reducir el presupuesto, ya que las calificó como contrarias al camino que ha recomendado la Contraloría desde hace varios años para cumplir la regla, recortar el gasto y contener el crecimiento del gasto de funcionamiento.

“Estas tres circunstancias en su conjunto van a terminar teniendo implicaciones en el presupuesto nacional”, advirtió y reiteró que la entidad que preside ha pedido ajustes presupuestales no en la inversión, sino en el gasto corriente, que continúa creciendo pese a los riesgos sobre el balance fiscal.

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Rodríguez también hizo un llamado a proteger la ejecución de los gastos de inversión, al considerar que estos están directamente ligados a la política de reactivación económica. Sin embargo, pidió revisar con urgencia el gasto de funcionamiento del Estado, al que calificó como insostenible en el contexto actual, haciendo énfasis en que “hay que mirar y revisar el tema de gastos de funcionamiento y tratar de restringir al máximo”.

Más allá del impacto presupuestal, el Contralor advirtió que las decisiones que se tomen hoy podrían tener consecuencias estructurales en el mediano y largo plazo y pese a que reconoció que la Contraloría solo puede actuar legalmente cuando se configura un detrimento patrimonial, expresó su preocupación por la posibilidad de que los efectos se materialicen cuando ya sea demasiado tarde para revertirlos.

Ministerio de Hacienda

Archivo particular

“Espero que esto no vaya a tener unas implicaciones, pero a juicio nuestro sí nos preocupa ostensiblemente”, afirmó. En ese sentido, insistió en que las advertencias del organismo deben ser tomadas en cuenta como un llamado preventivo, precisamente para evitar situaciones que comprometan la estabilidad del país.

El pronunciamiento de la Contraloría llega justo cuando el Gobierno Nacional se prepara para justificar ante el Consejo de Política Fiscal (Confis) la activación de la cláusula de escape, un mecanismo que permite suspender temporalmente los límites fiscales en caso de eventos extraordinarios; mientras que para el ente de control, no está claro que exista una situación macroeconómica o externa que amerite esa decisión.

Con este mensaje, la Contraloría se suma a los actores que han expresado su inquietud por una medida que podría aliviar momentáneamente la caja del Gobierno, pero a costa de poner en entredicho uno de los pilares de la disciplina fiscal en el país.