Este es el acuerdo entre Gobierno y Congreso para reformar el Sistema General de Participaciones | Regiones | Economía

Luego de varios encuentros entre el Senado de la República y los delegados de la Casa de Nariño, en cabeza del Ministerio del Interior, el proyecto de reforma al Sistema General de Participaciones quedó ad portas de lograr la aprobación que le hace falta en el Senado de la República, luego de varias modificaciones realizadas al articulado.

En diálogo con Portafolio, el senador Ariel Ávila, coordinador ponente de la iniciativa, contó que para esto se establecieron siete acuerdo que abordan temas que van desde el aumento en el porcentaje de transferencias hasta el cambio en las competencias que deben asumir las regiones y el Gobierno Nacional para que todo salga adelante.

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“El crecimiento se va a bajar de 46,5% al 39,5%; lo cual es un aumento significativo comparado con lo que hay en este momento, pero se accede a un bajonazo de siete puntos porcentuales. El segundo acuerdo es que la transición no va a durar 10 años sino 12, con el fin de que haya más progresividad respecto al Marco Fiscal de Mediano Plazo”, explicó.

Para lograr estos consensos, tanto ponentes como delegados de la Casa de Nariño estuvieron reunidos en varias oportunidades la semana pasada, aunque los encuentros clave fueron el pasado sábado y el lunes -26 y 28 de octubre- cuando se ajustaron los puntos finales de lo que se llevará a la Plenaria del Senado por medio de proposiciones a introducir en el articulado.

“El tercer acuerdo es que se mete un candado más fuerte, condicionando el acto legislativo a la ley de competencias y se dará prioridad a temas de cierre de brechas, sobre todo los departamentos más pobres y desiguales; al tiempo que se genera una línea de trabajo para educación inicial y superior”, contó Ariel Ávila.

De una forma simple, con los cambios a la reforma al SGP se incluye la financiación de, como mínimo, dos años de escolaridad de la educación preescolar y, como mínimo, dos años del ciclo educativo de la educación superior. Esto, en concurrencia con el Gobierno Nacional, que a su vez tendrá la obligación de presentar la ley de competencias en un período no superior a seis meses.

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“Acá logramos también que se condicione la senda de crecimiento de los recursos del SGP a la compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Sin duda alguna es el ejemplo de que hablando se logran grandes cosas y ya creemos que se supera una etapa importante para este proyecto”, concluyó.

Cabe resaltar que en la antesala de este anuncio, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dejó claro que los ajustes a la iniciativa eran algo necesario, ya que el articulado aprobado en quinto debate (de ocho que necesita para ser ley) genera un sistema insostenible, en el que la única forma de sacarlo adelante es aumentando los niveles de deuda.

“Hay que trabajar en hacerle una gran cantidad de modificaciones y es lo que estamos buscando acordar desde el Gobierno. Primero, que efectivamente hay que incorporar toda una discusión de competencias, yo no puedo esperar simplemente que me retornen plata sin mirar cuáles son las competencias y para qué es”, enfatizó.

Para Bonilla González, la reforma al SGP sólo puede entrar en vigencia cuando se definan claramente cuáles serán las competencias que se van a trasladar; por lo que en su concepto la vigencia debe comenzar desde el 2027.

“El proceso de traslado de recursos, como son de los mismos ingresos corrientes de la Nación con los que hoy se pagan los compromisos de deuda interna y externa de Colombia, con los que hoy se cubren los recursos de vigencias futuras para proyectos que también se ejecutaron en los territorios, deben ser consistentes con los mismos”, acotó.

No obstante, para el Ministro de Hacienda, dicho incremento en las transferencias debería ajustarse en un lapso de entre 15 y 20 años, por lo que el Gobierno Nacional también tuvo que ceder, así como lo hizo con el aumento máximo sugerido del 37%, que había puesto sobre la mesa días atrás.

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Empieza el debate

Con el Gobierno y los ponentes del proyecto mirando para el mismo lado se espera que lo que resta de trámite no sea engorroso y se apruebe en su totalidad, antes de que finalice la primera parte de este período legislativo. No obstante, desde ya se augura un debate amplio en el Legislativo.

Por ejemplo, para el senador Juan Pablo Gallo, “la autonomía de las regiones es clave para el desarrollo. El proyecto que aumenta las transferencias directas para municipios y departamentos es un paso positivo y necesario, pero vale la pena revisar conceptos técnicos que en los últimos días hemos escuchado y que pueden afectar o generar un posible déficit fiscal en mediano y largo plazo”.

Entre tanto, para el profesor de la Universidad del Rosario, Henry Amorocho, se debe empezar porque este cambio implica un 7% menos en las transferencias intergubernamentales del centro de la Nación a las entidades territoriales, con lo cual se reducen las cargas fiscales hacia futuro y se da un respiro a la caja estatal.

“Esta gradualidad estaría aproximadamente en un 1,9% anual, para que se diera lo que tenía estipulado antes el acto legislativo. Me parece de alguna manera salomónica pero no completamente objetiva la determinación, porque no se puede tomar tan ligeramente, tan atropelladamente, debido a que hay que tener en cuenta criterios técnicos mucho más profundos”, dijo Amorocho.

Este docente pidió tener presentes que “en 33 años de la nueva Constitución no se ha podido sacar una ley orgánica de ordenamiento territorial como se debe y como tiene que ser, es decir, con la definición clara de competencias y con la definición clara de responsabilidades por las entidades territoriales y las que dejaría la Nación, desde luego ese análisis tendría que realizar un análisis preciso de las cifras que el Gobierno Nacional dejaría de ejecutar”.

Según varios equipos de expertos como Anif, Fedesarrollo o la Misión de Descentralización, no es un secreto que Colombia está en deuda con la autonomía regional, pero dejan claro que el cumplimiento de esta meta no puede traducirse en presiones a la regla fiscal, por lo que ahora todavía queda mucho por debatir para mejorar.