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Paro: ¿en qué va caso de Andrés Escobar, tras salir armado en Cali? – Cali – Colombia

Paro: ¿en qué va caso de Andrés Escobar, tras salir armado en Cali? - Cali - Colombia

El polémico caso del empresario Andrés Escobar sigue bajo una indagación penal en la Fiscalía.

No importa si los últimos reportes dan cuenta de que no estaría aún en el país, luego de haber acudido a mediados del año a un interrogatorio de la Fiscalía.

Aunque la indagación no ha arrojado resultados significativos, esta sigue, según la Fiscalía, por aquellos civiles que fueron grabados en redes sociales, portando armas durante las confrontaciones entre el Escuadrón Antidisturbios (Esmad) de la Policía y jóvenes en el barrio Ciudad Jardín, el pasado 28 de mayo, dentro de las protestas por el paro nacional.

El caso de Escobar se remonta al 28 de mayo, cuando se cumplía un mes del paro, el cual se vivió en Cali mucho más violento, y con denuncias de presuntas persecuciones y detenciones extrajudiciales. 

Según la Fiscalía, días después, el empresario se presentó con documentos para portar un arma traumática o de fogueo como lo dijo en un video en redes, en el que pidió excusas en ese entonces. 

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Escobar dijo en ese momento, cuando la polémica subió de temperatura, que se habrían utilizado armas de este tipo para disuadir a quienes pretendían quemar el CAI de la zona.

Según fuentes de la Fiscalía, habría un permiso para porte de esta arma de fogueo.

Es por ello que hay versiones de que en la Fiscalía todavía no se han precisado los delitos para investigar y por eso todo estaría a paso lento.

Tres meses después de esos disturbios, y de que organismos defensores de derechos humanos y hasta la comunidad internacional repudiaron y exigieron acciones a la justicia colombiana por los civiles armados en calles del sur de esta capital, grabados en videos virales, se habla de que hoy se analizaría el delito de usurpación de funciones públicas.

Este delito daría una pena de prisión de uno a tres años, y consiste en que un particular sin autorización legal ejerce funciones de una autoridad pública.

Pero la duda aumenta, pues muchos de estos civiles aparecieron en las redes, junto a uniformados de la Fuerza Pública sin que fueran detenidos, como en estos meses lo ha venido recalcando el alcalde Jorge Iván Ospina.

La duda es cómo pensar en este caso en una presunta suplantación.

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Sin embargo, el debate se abrió por las armas traumáticas, pues personas que han sido atacadas con las mismas en el país han perdido alguno de los ojos.

Un ejemplo de ello fue un hombre que esta semana trató de defender a una menor en un asalto.  Perdió su ojo izquierdo por un  impacto por arma traumática, en Popayán. 

También se han registrado víctimas mortales, como en el caso del amigo de la alemana que apoyaba el paro nacional Rebecca Sprößer: Johan Sebastián Bonilla. El joven fue atacado con un arma traumática modificada en Cali y murió por 13 impactos.

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El secretario de Seguridad y Justicia de la ciudad, coronel retirado Carlos Soler, interpuso denuncia a «civiles indeterminados por el uso de armas y haber disparado el 28 de mayo a otros civiles», según la Alcaldía de la capital vallecaucana. 

No obstante, el caso no ha avanzado, mientras hay divisiones de opiniones sobre por qué la justicia es permisiva con algunas personas y con otras no, al citar acciones y capturas de manifestantes con intensos operativos en las calles hasta llegar a sus viviendas. 

Así mismo, un juzgado no habría puesto objeción a Andrés Escobar para salir a mediados del año de la ciudad y del país, mientras que dos abogados, uno de ellos, Élmer Montaña, interpusieron denuncia penal en su contra por presunto concierto para delinquir, además de otros delitos, entre ellos, por haber participado presuntamente en la tortura y maltratos al estudiante de música Álvaro Herrera Melo, de la Universidad del Valle, ese mismo día de los disturbios.

También por porte ilegal de armas, pero como lo dijeron en la Fiscalía, por ahora no habría argumentos porque Escobar habría presentado el permiso para el porte del arma traumática. La Tercera Brigada del Ejército es el ente responsable de expedir dichos permisos.

Sin embargo, como lo dijo el abogado Montaña, son más los delitos denunciados y son muy graves que la Fiscalía no debería omitir en el caso de Escobar y de los demás civiles, como presuntos terrorismo y amenazas. 

«La verdad no entiendo la posición de la Fiscalía», dijo el abogado Montaña.

«Le aportamos no solo la denuncia, sino pruebas que mostraban que estas personas (los civiles armados) actuaron conjuntamente y no ha pasado nada». 

Enfatizó en que en esas grabaciones ante la Fiscalía dentro de la denuncia se comprometería a los civiles, entre ellos, a Escobar, presuntamente por ser parte del grupo que salió armado a las calles, ese 28 de mayo.

Dijo que este tipo de grupos armados es la «esencia del paramilitarismo» y añadió que en la Fiscalía «no toman decisiones porque no quieren». 

Manifestó que entre las pruebas que suministró a la Fiscalía figura el momento en que el estudiante de Univalle fue llevado a una estación de Policía por civiles y allí habría sido golpeado, como también lo denunciaron sus familiares y allegados. 

El abogado Montaña recalcó que esta práctica se tipifica como el delito de tortura. 

Montaña dijo que la Fiscalía debe investigar la presunta tortura por parte de este grupo de personas porque todos hubieran podido frenar esa conducta y no lo hicieron. Explicó que era una acción predecible y participaron en el hecho, así no hayan cometido directamente las agresiones al estudiante de Univalle. 

«Si en este caso se tratara de personas de la ladera de Siloé o de Aguablanca y el oriente ya los habrían judicializado», dijo Montaña. «Pero como se trata de personas del sur de Cali no es así».

Sostuvo también que en el caso de los civiles armados de Ciudad Jardín, la justicia ha sido selectiva, complaciente en estos hechos, pero no lo ha sido con manifestantes de las protestas. 

Agregó que si la Fiscalía llega a señalar a Escobar y a los demás civiles denunciados penalmente por el presunto delito de usurpación de funciones pública, «eso sí sería un chiste. Creo que no lo ha formulado porque harían el ridículo». 

Señaló que a la Fiscalía y a la justicia «se les olvidó el Código Penal». 

«Hay una justicia severa para unos y complaciente para otros», concluyó Montaña.

En la Policía Nacional han expresado que se espera que la justicia defina responsabilidades sobre si hubo omisión de parte de uniformados que aparecieron en los videos de redes, a pocos metros de los ciudadanos armados, en aquel 28 de mayo. 

CALI

Fuente de TenemosNoticias.com: www.eltiempo.com /

Publicado el: 2021-09-09 08:24:04
En la sección: EL TIEMPO.COM – Colombia

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