Polémica en la mesa de diálogo sobre actividades sexuales pagas en Colombia | Gobierno | Economía

El pasado viernes 27 de septiembre, se desató una controversia en torno a la reunión convocada por los ministerios de Igualdad, Interior y Trabajo con asociaciones defensoras de los derechos de las mujeres y empresarios del sector del entretenimiento para adultos. La Mesa de Diálogo de Actividades Sexuales Pagas, convocada por el Ministerio de la Igualdad, buscaba fomentar un acercamiento entre estos sectores, pero terminó generando críticas y protestas.

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La iniciativa, impulsada por el Viceministerio de las Mujeres, tenía como objetivo articular y coordinar esfuerzos para trazar una hoja de ruta en pro de los derechos de las mujeres y personas vinculadas a los servicios sexuales pagos. Sin embargo, varias organizaciones defensoras de los derechos humanos y de las mujeres manifestaron su rechazo, considerando que la reunión perpetuaba una revictimización de las víctimas de explotación sexual.

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Charlotte Schneider Callejas, directora de la Dirección de Actividades Sexuales Pagas, defendió el propósito de la mesa, señalando que busca desestructurar narrativas punitivas y criminalizadoras en torno a las actividades sexuales pagas. En el encuentro participaron figuras destacadas, como Claudia Quintero, de la fundación Empodérame, quien expresó su descontento con el ambiente, calificándolo de ‘hostil y revictimizante’.

Voces en contra

Margie Duque, lideresa y víctima de explotación sexual, resaltó su sorpresa ante el hecho de que el Gobierno facilitara un espacio donde los que toman decisiones no eran los afectados. “Las verdaderas voces deben ser las de quienes viven en la calle, enfrentándose al miedo y a la inseguridad”, afirmó.

Sara Jaramillo, coordinadora de la fundación, criticó la postura del Ministerio, que sostiene que no hay relación entre el trabajo sexual y la trata de personas. Para ella, esta visión niega la realidad de la explotación inherente al fenómeno de la prostitución.

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Voces a favor

Por otro lado, Melissa Toro, directora de la organización Putamente Poderosas, defendió la participación de empresarios del sector, afirmando que no todos en la industria son proxenetas. Según ella, hay quienes buscan construir un entorno más seguro y con garantías para las trabajadoras.

Desde la Red Feminista Abolicionista, se ha solicitado a la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Francia Márquez, que reevalúe la agenda de estas mesas de diálogo, argumentando que se está otorgando legitimidad a dueños de prostíbulos y estudios webcam, a menudo implicados en trata de personas.

Contexto legal

La ley colombiana ha abordado las actividades sexuales pagas, protegiendo los derechos de las trabajadoras sexuales mediante la sentencia T-594 de 2016 de la Corte Constitucional. Esta sentencia establece que la prostitución no es un delito y garantiza derechos fundamentales como la libre circulación y la no discriminación.

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Schneider Callejas enfatizó que existe una diferencia entre trabajo sexual, trata de personas y explotación sexual, y reafirmó que el Ministerio se compromete a garantizar los derechos fundamentales de las trabajadoras del sector.

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