Reforma pensional en Colombia: entre decretos pendientes, presión operativa y riesgo en la Corte Constitucional | Empleo | Economía

El reloj corre y la entrada en vigor de la reforma pensional aprobada en 2024 ya no es una posibilidad futura, es una fecha inminente y el próximo 1 de julio comenzará a operar el nuevo sistema de pilares, con un rediseño que redistribuye los aportes de los trabajadores, redefine el rol de Colpensiones y da paso a las Administradoras de Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI).

Esto, sin contar al Banco de la República, que entrará a ser un actor importante en la administración del pilar contributivo y ya tiene reglas claras para su operación autónoma, bajo la batuta del Ministerio de Hacienda; mientras que el país aguarda por lo que pueda pasar en la Corte Constitucional y los vicios de trámite que tuvo esta norma durante su aprobación en el Congreso, según varias denuncias.

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Bajo la superficie del cronograma oficial se esconden tensiones estructurales y desafíos operativos que aún no se resuelven del todo. Es por eso que, con el fin de conocer cómo avanza el proceso, Portafolio consultó a fuentes del Gobierno, los fondos privados y expertos en la materia, quienes dieron su punto de vista al respecto.

Decretos en cascada

En primer lugar, la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF) confirmó que ya se han expedido decretos clave como el DUR (Decreto Único Reglamentario), el marco de las ACCAI y el reciente Decreto 574 de 2025 que reglamenta el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC), un vehículo fiscal administrado por el Banco de la República.

Este Fondo funcionará como una bóveda colectiva donde se guardarán los excedentes de ahorro pensional, con un manejo separado del presupuesto y bajo reglas de inversión que privilegian la seguridad y rentabilidad de largo plazo. Su gobernanza incluye un Comité Directivo liderado por el Ministerio de Hacienda, y su aseguramiento dependerá de estándares técnicos aplicados por el Emisor.

No obstante, aún están pendientes los decretos que reglamentan los fondos generacionales, el esquema de desacumulación (Pacore) y las rentas vitalicias, considerados por todos los actores como elementos fundamentales para garantizar sostenibilidad financiera y confianza ciudadana.

“A la fecha, no se han identificado riesgos normativos que comprometan la entrada en vigor del nuevo sistema pensional el 1 de julio de 2025, conforme a lo establecido por la Ley 2381 de 2024. Sin embargo, como parte del proceso regulatorio, es natural que exista una fase de consulta y ajustes a los proyectos normativos en curso, en función de los comentarios y observaciones recibidos por parte de los actores del sistema”, indicaron.

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Respecto a los plazos que están por cumplirse, indicaron que “todos estos actos normativos están siendo tramitados bajo los principios de publicidad y transparencia, y serán expedidos para atender la entrada en vigor del nuevo sistema el próximo 1 de julio de 2025”.

Preparación e incertidumbre

Desde el sector privado, Asofondos destaca que las AFP ya avanzan en el desarrollo de productos mínimos viables para operar como ACCAI y que se han identificado 94 actividades clave para la implementación del nuevo sistema, con un avance del 89% en la fase preparatoria, pero apenas del 30% en la implementación operativa. Según su diagnóstico, hay tres puntos rojos que requieren intervención urgente, que son el recaudo, la consolidación de historias laborales y la atención coordinada de PQRS.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, explicó que “hace falta la precisión de qué hacer para el seguro previsional de la población en transición en caso de que haya falla de mercado. Hay otros tres decretos que están pendientes de expedición: el primero, es el fija los lineamientos sobre los fondos generacionales, el segundo es el que habla del esquema de desacumulación, es decir, cómo se reconocerá la pensión a través del componente complementario de ahorro”, indicó.

Respecto al tercer decreto faltante, dijo que es el de “licencias modulares, este es el que le permitirá a las ACCAI ofrecer nuevos productos de ahorro de largo plazo, que serán fundamentales para completar la pensión de los trabajadores formales con ingresos altos”.

En una arista similar, Miguel Largacha, presidente de Porvenir, sostiene que el desafío ha sido la improvisación normativa y resaltó que aunque llevan más de un año preparando su infraestructura, incluyendo una inversión tecnológica superior a los US$10 millones, “la emisión del Decreto Reglamentario a solo 48 días de la entrada en vigencia ha sido el principal cuello de botella”.

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“Hemos diseñado una estrategia de educación para dar entendimiento a través de Porvenir Te Responde con la cual damos respuesta a las preguntas frecuentes de los ciudadanos utilizando para ello canales como la radio y los diferentes medios de comunicación y canales propios como el ecosistema digital, donde encuentran videos, artículos y toda clase de información para que este proceso sea fácil de entender”, acotó.

Acá también hay que decir que el Comité de Transición Operativa, creado por ley e integrado por Colpensiones, Superfinanciera, MinHacienda, MinTrabajo y Asofondos, es el responsable de garantizar la ejecución escalonada y segura de la reforma y aunque se reportan avances mensuales al Congreso y la Presidencia, la realidad es que entidades como Colpensiones enfrentan limitaciones presupuestales y tecnológicas.

Para Fernando Ramírez, socio de la firma Rusell Bedford Colombia, no se debe pasar por alto que Colpensiones tiene un recorte de $2,7 billones en su apropiación de gasto, lo que dificulta fortalecer su operación justo cuando debe asumir el recaudo de la mayoría de los cotizantes.

“El aumento exponencial de afiliados presiona la infraestructura tecnológica de Colpensiones. Aunque en 2025 se han adelantado mantenimientos y mejoras, aún se desconoce si la entidad podrá gestionar de forma eficiente la nueva carga operativa”, dijo.

Ramírez agregó que los riesgos van más allá de lo técnico, dado que «la concentración de los aportes en Colpensiones aumenta el pasivo pensional del Estado, en un momento fiscalmente delicado. Además, persiste la incertidumbre jurídica mientras la Corte Constitucional evalúa más de 40 demandas contra la Ley 2381”.

Todo esto, mientras la reforma enfrenta una encrucijada en la Corte Constitucional, que estudia más de 40 demandas por presuntos vicios de trámite, incluida la omisión del cuarto debate en Cámara y recientemente solicitó información sobre el escándalo de Gestión del Riesgo y evalúa una eventual inconstitucionalidad, tal y como se ha mencionado en el pasado.