El PP pide que políticos del Gobierno de Suárez opinen en el Senado sobre la nueva Ley de Memoria | europapress.es

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) –

El Partido Popular ha solicitado este jueves la comparecencia ante la Comisión Constitucional en el Senado de personalidades «relevantes» de la Transición, como los exministros Rodolfo Martín Villa o Rafael Arias Salgado, para que emitan su opinión sobre la Ley de Memoria Democrática aprobada en el Congreso y que se debatiurá en la Cámara Alta a la vuelta del verano.

En concreto, reclaman la presencia de Rodolfo Martín Villa; Rafael Arias Salgado, Marcelino Oreja Aguirre; Soledad Becerril Bustamante; Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona; y Carmela García-Moreno Teixeira, varios de ellos miembros de gobiernos de Adolfo Suárez.

Según explica la portavoz en la Comisión y secretaria general del PP en la Cámara Alta, Amelia Salanueva, el proyecto de ley de Memoria Democrática contiene «taras y vicios sustantivos que lo inhabilitan como ley verdaderamente democrática». «No sólo es un insulto a las víctimas del terrorismo de ETA, sino también «un insulto para todos los españoles», sostiene.

UNA LEY ESCRITA POR REPRESENTANTES DE ASESINOS

A su juicio, el acuerdo que el PSOE alcanzó con Bildu en el Congreso supone que el proyecto de ley lo han escrito los «representantes de los asesinos, secuestradores y extorsionadores que tanto daño han hecho a la sociedad española atacando la vida, la libertad y la democracia».

En un comunicado recogido por Europa Press, el PP sostiene que el proyecto de ley supone «un ataque frontal» al régimen constitucional y un intento de «deslegitimar» la Transición y el pacto entre españoles.

Salanueva ha manifestado que la norma «siembra sospechas» sobre todo el proceso que trajo la democracia a España y el sistema de libertades y de bienestar, «poniendo en duda la legitimidad y el carácter democrático de la Transición y de la propia Constitución Española», ha dicho.

Finalmente, también se pregunta si «acaso el Ejecutivo socialista de Felipe González fue un Gobierno ilegítimo y heredero del franquismo», dado que la ley reconoce víctimas hasta el año 1983. «Cuando ya hubo elecciones municipales autonómica, generales y se frenó el intento de golpe de Estado del 23-F estando la democracia en España plenamente consolidada», ha desarrollado.