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Las consecuencias del informe de la ONU que denuncia crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Las consecuencias del informe de la ONU que denuncia crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Las organizaciones de DDHH están pidiendo “que se renueve el mandato de la Misión de Determinación de Hechos” de la ONU para que siga buscando evidencias de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, explica Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia

Con la investigación de 223 casos y en un informe de 443 páginas, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela concluyó que a partir de 2014 en el país se han cometido crímenes de lesa humanidad. La investigación -a cargo de Martha Valiñas, Paul Seils y Francisco Cox- señala que el mandatario Nicolás Maduro y los ministros de Relaciones Interiores y de Defensa tenían conocimiento de los hechos.

¿Qué cosas cambian con este informe? ¿Puede alimentar la investigación sobre Venezuela en la Corte Penal Internacional? Alí Daniels, abogado, profesor universitario y director de la organización Acceso a la Justicia, lo explica a contrapunto.com.

1)Se señalan responsables. Es un informe histórico, único en su género, y esta es la primera vez que se delimitan responsabilidades personales. Los informes anteriores de la alta comisionada, de la CIDH, como determinan la responsabilidad del Estado, “no tenían la obligación de señalar responsables”. En este caso sí. “Ya se habló de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, de Néstor Reverol y otros funcionarios de alta graduación”.

El informe “trata de determinar los que son responsables de
la ejecución de las violaciones, más que los autores materiales”. Se entiende
“que al ser actuaciones hechas como política de Estado, hechas
sistemáticamente, obedecen a una orden, no obedecen a un funcionario que se
volvió loco y torturó”.

La Corte no juzga al policía que mató y torturó, “lo
importante para la Corte son los líderes: los que generan estas políticas que
hacen que se cometan estas violaciones de derechos humanos”.

El aparato represivo no se usa “solo contra la disidencia, sino que también se utiliza como medio de control social”.

2)Los funcionarios señalados pueden ser llevados a la Corte
Penal. “¿Cuántos? No hay un número. Pueden ser como pueden ser 10. Se trata de
aquellos que tienen la máxima responsabilidad en la comisión de los delitos”.
Es “la cadena de mando la que buscan”.

Recuerda que en Yugoslavia “fueron juzgadas 161 personas” por un tribunal especial creado para este caso. En el caso venezolano “pueden ser tantas como esas, 10 o 20, tres o cuatro”.

3) No significa que los funcionarios ya están enjuiciados.
La Corte es independiente de Naciones Unidas, no está obligada a abrir un
juicio, detalla. “No hay un juicio abierto. Lo que hay es un examen preliminar,
una investigación preliminar a un juicio en la Corte, que es lo que lleva a
cabo la señora Fatou Bensuda, y eso se encuentra en la fase 2, que es la
determinación de si hay o no delitos de lesa humanidad”. Pero con el informe
presentado este miércoles, “que dice expresamente que hay delitos de lesa
humanidad, esperemos que la fiscal se pronuncie”.

Bensuda, en diciembre del año pasado, adelantó que se
pronunciaría sobre el caso venezolano en el primer semestre de este año “y eso
no ha ocurrido”. Este informe puede ser un aliciente para que la Corte honre la
premisa de que hay una justicia universal.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede remitir un
caso a la Corte, pero esta posibilidad “está negada por razones políticas”. Por
eso el camino que las organizaciones vislumbran es el de la imputación por
parte de la fiscal Bensouda, que “tiene que hacerse con nombres y  apellidos”.

4)No hay persecución contra los señalados. “Como no hay una
imputación ante la Corte, ni hay una orden de detención de la Corte contra
nadie de Venezuela, efectivamente Nicolás Maduro y las personas señaladas en el
informe sí podrían salir del país. El tema es que hay países que tienen sus
propios juicios”, como Estados Unidos. “Si llega a haber la imputación” puede
ocurrir el efecto Al-Bashir, expresidente de Sudán, quien solo viajaba a
naciones donde no sería detenido.

5)Pero hay un impacto en su reputación. “Ya a partir del
momento en que, por primera vez en la historia, un órgano de Naciones Unidas
califica a un presidente en funciones de América Latina como violador de
derechos humanos, usted me dirá quién lo va a invitar a tomar un café”. Hay “un
daño reputacional importante en la medida en que no son las organizaciones de
derechos humanos las que dicen que aquí se cometieron crímenes de lesa
humanidad, sino que es un órgano del nivel de la misión de determinación de
hechos”.

Falta mucho para la justicia, enfatizó, pero “el hecho de que en el informe se haya entrevistado a víctimas directamente ya es un hecho de justicia en sí mismo, porque aquí se les niega lo que en ese informe se les da: reconocer que son víctimas y reconocer que contra ellos se cometieron delitos de lesa humanidad”.

6)Hay otros pasos. Lo que las organizaciones están pidiendo
“es que se renueve el mandato de la Misión de Determinación de Hechos, que se
vence en septiembre; que se renueve por un año más para que puedan seguir
buscando evidencias. Ya buscan evidencias. No están buscando saber si en
Venezuela se torturó o no, sino las evidencias que puedan probar en un juicio,
que puedan ser usadas en un juicio, que determinen la responsabilidad
individual de aquellos que cometen esas atrocidades: torturas, detenciones
arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada”. También
solicitan que se amplíe el mandato “a otros delitos que están en el Estatuto de
Roma, como el ataque a la población civil y otros delitos de lesa humanidad”.

7) El camino nacional. El fiscal general designado por la
constituyente, Tarek William Saab, ha actuado en casos aislados y actuado
contra autores materiales, refiere Daniels. En los delitos de 2014, 2017 y 2019
“el juzgamiento que se hizo fue a autores materiales y en muy pocos casos, pero
a quienes dieron las órdenes, a quienes establecieron las políticas, a quienes
crearon las directrices del Plan Zamora que citan en el informe, ninguno está
juzgado”.

El abogado se pregunta cuántos jefes de comando han sido
juzgados. “A nadie. Esto pone en evidencia que los responsables de la ejecución
de esta política de ataque a la población civil no han sido juzgados, y eso es
lo que debería hacer un fiscal serio e independiente”. Rememora que la Corte
Internacional actúa “si los tribunales nacionales no lo hacen”.

Fuente de TenemosNoticias.com: contrapunto.com / vanessa

Publicado el: 2020-09-17 00:51:59
En la sección: Nacional – Contrapunto.com


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