Menú Cerrar

Marino Alvarado: No queremos acabar con el Gobierno. Queremos es que se respeten los derechos humanos

Marino Alvarado: No queremos acabar con el Gobierno. Queremos es que se respeten los derechos humanos

El activista señala que la agenda de 2021 será muy movida y Venezuela estará en el radar de Naciones Unidas. Las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad pueden tocar muy de cerca al poder establecido

Marino
Alvarado, llega puntual a la cita. Su figura menuda vestida negro se aparece en
la redacción y le convidamos un café. Acordamos conversar primero primero y
luego grabar parte del encuentro para que “quede el registro” y podamos salir
por redes.

Apuramos el guayoyo de la tarde y comenzamos la conversa con el Coordinador de Investigación del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos Provea .

-Las ONG de derechos humanos generalmente
están señalando problemas y cuestionando. Hoy son ustedes los señalados y
cuestionados. ¿Qué está pasando?

-Lo primero
hay que decir es que las organizaciones de defensa de los derechos humanos en
el mundo, no solo en Venezuela, son incómodas para el poder. Ss papel es
acompañar a víctimas de violaciones de derechos humanos, denunciar las
irregularidades que haya en el incumplimiento de las garantías de derechos de
la población y quien tiene esa obligación son los Estados y los gobiernos

-Entonces por definición su tarea es
cuestionar al poder, en este caso del Estado y el Gobierno.

-Sí. El
Estado puede tener dos actitudes. Si puedes ver el panorama mundial vemos dos
grandes comportamientos. Uno es el que considera que las organizaciones de
derechos humanos que son aliadas, esenciales para democracia. Le permiten su
actuación y garantizan la interlocución con el poder. Por ejemplo el gobierno
argentino, el uruguayo han tenido una relación de cordialidad. Por supuesto han
tenido enfrentamientos pero existe la disposición de establecer canales de
diálogo. Se permite que las organizaciones presenten propuestas. Hasta se crean
espacios institucionales. En la propia Colombia con todo el conflicto y la
polémica con las organizaciones derechos humanos se crean espacios de
interlocución.

-¿Cuál es la otra actitud?

-Los que
las ven como enemigas. Bolsanaro en Brasil considera que la organizaciones de
derechos humanos no son aliadas para una gestión de gobierno, al contrario las
cuestiona. Dice que son defensores de delincuentes, de vagos en el sector
agrícola, de terroristas.

-¿Cómo han sido las cosas en
Venezuela?

-En
Venezuela las relaciones con el poder generalmente han sido polémicas. Se han
presentado momentos en la historia del país donde la relación ha sido buena. En
el último Gobierno de Rafael Caldera, incluso hubo la oportunidad para que
algunas organizaciones nos reuniéramos con él para tocar el tema de la
administración de justicia. Se creó un Plan Nacional de Derechos Humanos que se
trabajó entre las ONG y el Ejecutivo. En general hubo un respeto.

-¿Eso es un lunar dentro lo que ha
sido la relación con el poder en el país?

-Un periodo
excepcional. Fuimos muy atacados por el gobierno de Jaime Lusinchi por el caso
de El Amparo y así por otros gobiernos cuando hemos  criticado el uso del poder durante los 32
años de existencia que tenemos. En este tiempo hemos mantenido una actitud
crítica con quienes han detentado el poder y frente a todas las irregularidades
con los derechos humanos. Lo hicimos con Chávez, lo hacemos con Maduro y si viene
otro gobierno y su comportamiento es negativo en el tema de derechos humanos
nos va a tener enfrentados. Lo ideal es que nos abran espacios.

-Ustedes trabajaron en la la reforma
policial.

-Cuando nos
han dado la oportunidad de participar lo hemos aprovechado. En 2006 trabajamos
en ese proyecto y yo no solo colaboré en el proceso sino que fui instructor de
la Policía Nacional en sus primeras promociones. También nos llamaron a
colaborar en la Ley de Vivienda Hábitat, para el decreto de titularidad de
viviendas urbanas. Cuando el Ministerio Público nos ha dado la oportunidad para
mantener una oportunidad de participar lo hemos hecho también. Una de nuestras
tareas es la de generar políticas públicas para mejorar los derechos humanos. Nos
va a tener y no hablo solo de Provea, porque eso parte de nuestro trabajo. La
idea es incidir en las políticas públicas.

Alvarado
detiene su respuesta se acomoda en la silla y señala que durante mucho tiempo
tuvieron una relación muy expedita con la otrora Corte Suprema de Justicia con
Cecilia Sosa Gómez y con el Tribunal Supremo de Justicia de Iván Rincón.

“Nos
reuníamos con frecuencia con Cecilia Sosa Gómez y después con Iván Rincón fue
una relación cordial de participar en proyectos de capacitación de jueces”,
dijo.

Indica que
aprovechan todos espacios posible “hemos hecho capacitación a cuerpos
policiales”.

“En
definitiva somos incómodos para el poder, pero si el poder nos da la
oportunidad de aportar para el beneficio de la gente y que esta pueda mejorar su
calidad de vida también estaremos”, sostiene Alvarado.

-Por definición la violación de los
derechos humanos la hace el Estado. Eso es un concepto asumido. Pero desde el
Gobierno se les señala que no dicen nada sobre agresiones y violaciones de
derechos humanos de otros actores de la sociedad.

-Si algo le
queda difícil al Gobierno, y en este caso hablo por Provea, es cuestionarnos
por falta de coherencia. En 2002 los primeros en denunciar el Golpe de Estado
contra Chávez, antes de que el propio Gobierno lo hiciera, y lo reconoció
Valero cuando estaba en la OEA, fuimos nosotros. Le pusimos el nombre de Golpe
de Estado. Atendimos a las víctimas que eran los líderes del chavismo y pedimos
medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por tres
personas: Diosdado Cabello, Tarek William Saab y Hugo Chávez. Siempre lo han
negado. Uno de los firmantes de esa solicitud fue Ricardo Dorado, un ex Provea
que fue ministro del Trabajo de Chávez. Eso lo firmamos Carlos Correa, Dorado y
otras personas más.

Alvarado
hace memoria y continúa su argumentación sobre lo que llama la coherencia y
señala que en 2017 Provea “hizo muchos pronunciamientos en función de que todas
las muertes, en el contexto de las protestas, fueran investigadas. Las de los
manifestantes, las de los funcionarios policiales y del Estado. Los dijimos y
lo sostenemos para cualquier muerte en medio de las protestas”.

En medio de
la conversación el coordinador de Investigación de Provea hace hincapié en el
tema de las sanciones.

“Hemos
mantenido una actitud firme desde antes de que aparecieran las sanciones en
2018. Somos contrarios a las sanciones económicas, porque afectan a la gente,
porque no son eficaces frente al poder y porque agravan la situación de la
población”, sentencia Alvarado.

Hablemos de plata

-¿Cómo se financian? Quien pone el
dinero marca la pauta del trabajo eso es una realidad asumida en el planeta.

-La
cooperación internacional es parte de las relaciones internacionales. Los
estados establecen un porcentaje de sus presupuestos para la cooperación
internacional. Venezuela tiene esos presupuestos. Pero además hay
organizaciones sobre todo en Europa que apuestan a ayudar para que se reduzca
la pobreza en lugares donde este problema es importante. Nosotros desde el
principio hemos tenido financiamiento de la cooperación internacional. Nunca
hemos tenido financiamiento del Estado venezolano en los 32 años de existencia
y tampoco del sector privado. Todo ha sido de la cooperación internacional.

-Eso cómo se traduce. ¿Con qué se
come eso?

-Nuestro
primer cooperante fue una organización alemana que se llama Misereor. Es de la
Iglesia protestante pero no condiciona por el tema religioso y tienen programas
para el combate del hambre y la miseria en el tercer mundo. Treinta y dos años después
sigue siendo nuestro cooperante porque hemos sido transparentes en el manejo de
los recursos. Hemos tenido financiamiento de la la Unión Europea que financia a
municipios, gobernaciones, al Ejecutivo Nacional y a organizaciones de la
sociedad civil. Nosotros somos beneficiarios de ellos. Hemos recibido
financiamiento de ONG internacionales como Open Society de Estados Unidos, que
es la Fundación de George Soros.

-¿Y eso no les condiciona su
accionar?

-Por
principio en Provea no aceptamos cooperación que condicione nuestro trabajo.

-¿Cómo se pide la plata?

-Por
ejemplo la Unión Europea abre una convocatoria para recibir proyectos de defensa
del medio ambiente, defensa de los derechos humanos y lucha contra la pobreza,
entonces uno presenta un proyecto y dialoga con el cooperante.

-¿Qué están haciendo en este
momento?

-Ahora
tenemos con la Unión Europea un proyecto para el fortalecimiento de la
capacitación en derechos humanos sobre todo

en el
interior del país. Es decir tratamos de llevar esta formación a lugares donde
las personas tienen menos oportunidades y hay más necesidades. En el interior
el poder se manifiesta de manera más agresiva y desde el punto de vista de los
derechos económicos y sociales las condiciones son más críticas, entonces hay
una línea de trabajo que tiene que ver con promover la visibilizar lo que está
sucediendo en el interior del país.

Sobre la
transparencia en el manejo de los recursos señala que históricamente en el
portal de la organización han mostrado quienes son los cooperantes y las
auditorías. “En la mayoría de nuestras publicaciones están quienes nos
financian. Algunas las hacemos con recursos propios”.

-¿De dónde salen esos recursos
propios? ¿Cómo los generan?

-Los
generamos a partir de que en los proyectos hacemos un apartado para situaciones
de emergencia que no se puedan atender con un proyecto determinado.

-Y eso no crea problemas con el
cooperante que aprueba unos recursos para una cosa y ustedes lo dedican a otra?

-Eso se
negocia con el cooperante y dentro del proyecto se señala que, por ejemplo, un
10% va a un fondo de emergencia. ¿En que se usa? Por ejemplo 30 o 40 personas
que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos que necesitan venir a
Caracas a denunciarlo y no tienen recursos para movilización, alimentación y
hospedaje.

-Después que se aprueba un proyecto…
¿Qué pasa? ¿Tienen libre ejecución?

-Sí, pero
tenemos que rendir cuentas y por eso nunca hemos tenido una observación de
manejos inadecuados. Además el cooperante exige un auditor externo que debe ser
cambiado constantemente. Nunca hemos tenido que tomar medidas internas.

-¿Cuánto es el presupuesto anual de
Provea?

-Varía.
Depende del proyecto y del cooperante. Hemos tenido aportes de 1.000 dólares
que nos dan para hacer una publicación o un taller. Pero tenemos proyectos de
100.000 dólares anuales. Proyectos con embajadas de 10.000 dólares de seis
meses. Están los proyectos con fundaciones que te aprueban los proyectos y te
van dando los recursos mientras se van cumpliendo las metas.

-¿No piden pari passu? ¿Aportes
propios o locales?

-Generalmente
los aportes propios son personal, planta física. Recursos no tenemos de donde
sacarlos.

-¿Cuántos proyectos al año manejan?

-En este
momento tenemos cinco proyectos.

-¿Nunca han tenido financiamiento
local?

-No hemos
hecho la diligencia, pero cuando lo intentamos por allá en los 80 el
empresariado venezolano no ha sido muy ganado para apoyar el tema de derechos
humanos, sobre todo por el temor de lo que eso le pueda generar en sus
relaciones con el Estado.

-En medio de la polémica que se ha
desatado el Psuv tiene la legitimidad para recibir financiamiento si fuere el
caso.

-Claro.
Nosotros no lo cuestionamos. Ningún partido, el propio Estado venezolano lo
tiene. Así que no vemos problema. Lo que uno cuestiona es que recibiendo
cooperación ellos cuestionen la cooperación. Además lo hemos dicho públicamente
que reivindicamos el derecho que tiene el Estado venezolano a prestar
cooperación internacional. Hay quienes lo denuncian como irregularidad, no lo
es. Es parte de la cooperación internacional. Lo reprochable es la falta de
transparencia. En otros países la cooperación puede ser seguida en las páginas
web, se discute en los parlamento cosas que no hay acá.

-¿Qué harán frente a una eventual
demanda?

-Trabajar y
defendernos. No es la primera que nos demandan. Hace un tiempo nos demandaron
porque acompañamos una protesta de indígenas Yukpa ante el TSJ. Nos demandaron
porque supuestamente

usamos
niños para el proselitismo político. Nos tuvieron dos años en un juicio y lo
ganamos.

La agenda 2021

Al revisar
la agenda 2021 Marino Alvarado señala que el tema de derechos humanos estará
muy movido este año que recién comienza .

Indica que
la fiscal de Corte Penal Internacional se ha planteado la investigación sobre
la denuncia de delitos de lesa humanidad en el país y en este momento se encuentra
en proceso de estudio.

“En este
momento se evalúa si el Estado venezolano está investigando y se están
sancionando a quienes han cometido los hechos. Pero la Corte Penal
Internacional centra su atención no el policía sino en quien dio la orden. La
investigación que le interesa va desde arriba hacia abajo”, señala por otra
parte Alvarado.

Por otra
parte está la actuación de la Misión de Determinación de Hechos del Consejo de
Derechos Humanos a la cual se le prorrogó su actuación por dos años más.

“Luego de
su  informe bajaron las ejecuciones
policiales en 30%. Es decir que el Gobierno a pesar de descalificarlo, le
preocupó tanto que giraron ordenes para detener a los gatillos alegres. A las
Faes le metieron el freno y bajaron las detenciones arbitrarias”, sostiene el
activista.

-¿Esto qué significa?

-Al
comprobarse los delitos de lesa humanidad podría darse una consecuencia
judicial.

-¿Cuál?

-Se puede
establecer la jurisdicción universal. Esto implica que cualquier país que tenga
en su legislación los crímenes de lesa humanidad determinados por estos
organismos podría iniciar un juicio contra cualquiera de los señalados.

-Usted habla de cuatro puntos en la
agenda.

-Los dos
que restan son la prórroga que dio el Consejo de Derechos Humanos a Michel
Bachelet para generar informes periódicos sobre Venezuela y las exigencias de
la Comisión de Encuestas de OIT que hace exigencias al Estado venezolano.

-Pero eso puede verse como una
agenda desestabilizadora del Gobierno
.

-Nuestra
tarea no es desestabilizar. Es documentar y acompañar a las victimas de
violaciones de derechos humanos y buscar incidir en las políticas públicas.
Nosotros no queremos acabar con el Gobierno, lo que queremos es que se respeten
los derechos humanos y el aporte que hicimos a la Misión de Determinación de
Hechos implicó que se salvaran vidas al bajar 30% las ejecuciones judiciales.

Vea acá
parte de la conversación con Marino Alvarado en nuestra plataforma de YouTube contrapuntoaldia.com.

Fuente de TenemosNoticias.com: contrapunto.com

Publicado el: 2021-01-27 18:13:30
En la sección: Nacional – Contrapunto.com

Volver al inicio