ONU tendrá mañana amplio panorama de los DDHH en Venezuela

El restablecimiento de la presencia en el país de los miembros de la comisión del Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) es tarea pendiente. Las reuniones sostenidas desde febrero de 2024, cuando el gobierno de Venezuela suspendió la aplicación de la Carta de Entendimiento firmada con el ACNUDH, solicitando a su personal que abandonara Venezuela, se ha mantenido un diálogo permanente con las autoridades. A la fecha, solo un integrante del equipo permanece en el país, mientas el ejecutivo hace silencio en cuanto a conceder visados para el retorno del personal que trabajará en materia de derechos humanos.

El trabajo, sin embargo, no se ha detenido. Desde el exterior y con apoyo de la sociedad civil venezolana y del único miembro en el país de la comisión, se elaboró un informe. Este fue solicitado por el Consejo de Derechos Humanos al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La petición es relativa a un informe exhaustivo sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela con una evaluación detallada de la aplicación de las recomendaciones formuladas en informes anteriores y que lo presentara al Consejo en su 59º periodo de sesiones.

Esto ocurrirá este viernes, 27 de junio. El informe está listo y trata diferentes aspectos, desde la falta de publicación del Presupuesto Nacional, aprobado por la Asamblea Nacional, hasta las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas a raíz, y antes, de las elecciones presidenciales de 2024. No escapan la crisis de salud, los bajos salarios y la pésima infraestructura carcelaria enel país.

Alto comisionado presentará informe ante ONU

Según el informe, las sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU. y los aranceles recíprocos y secundarios sobre las exportaciones venezolanas, redujeron los recursos para atender a la población. Esto afecta desproporcionadamente a los segmentos más pobres. A esto se suma la suspensión del financiamiento en materia humanitaria por parte de algunos donantes extranjeros. Así, se exacerbaron los problemas de acceso de la población a la salud, alimentos y educación, entre otras necesidades.

El informe contiene detalles sobre los recurrentes cortes de electricidad y la escasez de agua. También sobre la asistencia irregular a los planteles del 48% de la población, por ausencia de profesores, la suspensión de clases y la falta de recursos económicos para el alumnado. Las universidades no escapan de esta realidad y el hecho de que sólohayan recibido el 4% de los presupuestos solicitados agrava la ya de por si calamitosa situación. «Las elecciones de los consejos directivos de la Universidad de los Andes y la Universidad de Carabobo siguieron suspendidas. También se denunciaron actos de intimidación y acoso por parte de diversos agentes, incluidos funcionarios del Estado, contra estudiantes y personal tras las elecciones presidenciales», precisa el documento.

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El Alto comisionado de Derechos Humanos también recibió deuncias sobre las persistentes actividades mineras ilegales en territorios indígenas del estado de Amazonas, incluido el Parque Nacional Yapacana. Este fue declarado «libre de minería» en 2023, tras operaciones militares. «Según se informa, la extracción ilegal de oro en territorios Ye’kwana de Amazonas provocó violentos enfrentamientos entre las comunidades indígenas y personas relacionadas con las minas. El 4 de septiembre de 2024, un guardián territorial Indígena Ye’kwana y defensor del medio ambiente murió a causa de las heridas sufridas tras ser atacado por individuos no identificados. El ACNUDH expresa su preocupación por el retraso en las investigaciones de los asesinatos y otras violaciones contra los Pueblos Indígenas denunciados anteriormente». 
 

Las presidenciales

El escrito alude a la actuación del Consejo Nacional Electoral (CNE) que en su momento no divulgó el calendario electoral y de campaña ni las circunscripciones de votación. Tampoco se observaron garantías para asegurar la paridad en los procesos de nominación y selección para los cargos de toma de decisiones en estos niveles. 

Posterior a las elecciones, la comisión recabó información en torno a las protestas, la mayoría pacíficas, que fueron reprimidas por la seguridad del Estado, en coordinación con grupos civiles armados, partidarios del partido gobernante (colectivos). Los datos oficiales refieren 28 muertes en el contexto de las protestas, la mayoría manifestantes, y dos guardias nacionales bolivarianos.

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Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, también hablará sobre los videos, fotos y datos personales de los detenidos, entre ellos muchos menores de edad, difundidos en redes sociales por funcionarios públicos, incluidos de las fuerzas de seguridad. Esto exacerbó el temor entre la población general.

«Las autoridades promovieron la utilización de una aplicación móvil específica para facilitar las denuncias de personas consideradas «fascistas» o «terroristas» por su presunta implicación en protestas. Agentes de las fuerzas de seguridad llevaron a cabo operaciones de detención y registro en las que inspeccionaban arbitrariamente los teléfonos en busca de cualquier indicio de vínculos con la oposición o de presunta participación en protestas. Al parecer, esto dio lugar a extorsiones bajo amenaza de detención, así como a detenciones».

Estos aspectos, así como el hecho de que el 15 de agosto de 2025 las autoridades anunciaron la detención de más de 2.400 personas bajo cargos de terrorismo y por intentar desestabilizar el país en las protestas postelectorales, serán parte del informe. Este será presentado la mañana de este viernes, en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.