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Se requieren seis meses para auditar nuevo sistema de votación del CNE

Se requieren seis meses para auditar nuevo sistema de votación del CNE

  • El director de la organización civil Súmate, Francisco Castro, explicó para El Diario las condiciones necesarias para que se efectúen elecciones parlamentarias justas y transparentes. Denunció además la violación del sistema de adjudicación de escaños. Foto: EFE

Quedan 45 días para que se efectúen en Venezuela las elecciones parlamentarias convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Mes y medio para un evento en el que aún persisten, de acuerdo con organizaciones civiles, muchos obstáculos para que se realicen comicios justos que contribuyan para solucionar la crisis institucional que atraviesa el país. Entre ellos, la auditoría del nuevo sistema de votación, cuyas máquinas fueron presentadas el pasado 9 de octubre en un evento oficial de la autoridad electoral.

Francisco Castro, director de la organización civil Súmate, explicó para El Diario que una auditoría a un nuevo sistema de votación tomaría al menos seis meses “para permitir el respeto de los grandes principios relacionados con la transparencia”.

“El proceso garantizaría, entre otros aspectos, que los votos que se emiten sean los votos que se totalizan, que haya un voto por persona. Que se asegure el secreto del voto, y la integridad del sistema”, detalló.

Señaló que en Venezuela el sistema automatizado de votación ha contado, en los últimos procesos electorales, con un conjunto de auditorías que permitían asegurar la integridad del voto en términos de sistema. “Los votos que se emitían en el sistema eran iguales a los de las papeletas, y estos últimos eran iguales a los de los cuadernos. Todo era coincidente y de no ser así se podría determinar”.

Dicho método fue lo que, según Castro, permitió que se determinara el fraude electoral ocurrido en el estado Bolívar durante las elecciones del año 2017, “donde se manipularon los resultados de 13 actas”. Agregó que: “Eso no fue culpa del sistema, sino de las autoridades del CNE”.

De las nuevas máquinas de votación se sabe, por información difundida por el rector del CNE, Carlos Quintero, que cuentan con una pantalla táctil y con autonomía de 10 horas de funcionamiento, gracias a una batería de litio que permite el funcionamiento sin electricidad externa. El nombre de los nuevos dispositivos es EC21, y pretenden sustituir a las máquinas dañadas durante un incendio ocurrido en los galpones del CNE a mediados de marzo.

Nuevas máquinas de votación del CNE. Foto: EFE

La auditoría más reciente, llevada a cabo el pasado 15 de octubre, dejó ver que se intenta mantener los métodos de trabajo en lo referente a los protocolos de seguridad, de acuerdo con información del periodista de El Diario, Eugenio Martínez.

“De los programas nada se sabe aún, solo que el nombre ExClé aparece en todos lados. En la primera presentación los funcionarios del CNE dejaron caer esta perla: (parafraseo) la máquina sabe de quién es el voto emitido, pero no importa porque no sabe por quién había votado esa persona. (esto requiere más y mejores auditorías)”, indicó Martínez.

Las auditorías del CNE

El proceso de auditoría forma parte del cronograma electoral de los comicios venezolanos. De acuerdo con el CNE, estos son los pasos a seguir para garantizar una auditoría confiable:

1. Auditoría del Software de Máquina de Votación: Se revisa el código fuente del
programa para verificar que la máquina refleje la voluntad del elector o electora y
comprobar que no pueda ser alterado para favorecer a un candidato o candidata.

Las distintas pruebas sobre el programa permiten certificar que la máquina de
votación registra correctamente la selección del votante, escruta y transmite de
manera correcta los resultados.

2. Auditoría de Archivos de Máquinas de Votación: Se revisa la configuración del
dispositivo de identificación biométrica y el flujo de trabajo en relación con la
máquina de votación para certificar los protocolos de seguridad de la máquina de
votación.

3. Auditoría de Datos de Electores. Fase I: Se prueba la calidad de las huellas
dactilares de las electoras y los electores, que ellas se correspondan con los
inscritos en el Registro Electoral y que no existan huellas duplicadas. Asimismo,
se corrobora que no existe relación ni se genera un orden entre la captura de la
huella dactilar y la secuencia de los votos.

4. Auditoría de Producción (Programación) de Máquinas de Votación: Se verifica
que el programa de votación, los archivos y los datos de electoras y electores a
introducir en cada máquina de votación sean los auditados anteriormente.

5. Auditoría de Infraestructura Tecnológica Electoral: Se revisan los medios
utilizados en la transmisión entre la máquina de votación y los centros de
totalización, esto es las redes, el equipamiento tecnológico, los sistemas de
operación, el sistema de gestión y control.

6. Auditoría de Pre Despacho (simulación del acto de votación): En esta auditoría se hace una simulación, en un ambiente controlado, de los procesos de votación, transmisión y totalización, para verificar tanto la exactitud de la intención del voto de la electora o el elector plasmada en el comprobante de votación, como lo
registrado en las actas de escrutinio y en el sistema de totalización. En esta
auditoría se verifica que haya “cero discrepancias” entre la intención del voto del
elector o la electora y el registro del sufragio en la máquina de votación. Esta
auditoría es conocida también como de “error cero”.

7. Auditoría del Software de Totalización: Se revisa el código fuente y la base de
datos del programa para asegurar que cuente los votos transmitidos desde cada
mesa de votación, de acuerdo con las leyes. Esta revisión incluye la realización de
pruebas, como la transmisión de actas de escrutinio y su totalización para verificar
su funcionamiento.

8. Auditoría de puesta a cero de los Centros Nacionales de Totalización: Se hace
una limpieza general de la infraestructura, de la base de datos y de las
aplicaciones de los dos Centros Nacionales de Totalización con los que cuenta el
CNE. En esta auditoría se garantiza que, antes de la elección, no estén cargados
datos, registros y bitácora alguna.

9. Auditoría de Telecomunicaciones Fase I: Se revisa la seguridad con la que
viajarán los votos desde la máquina de votación hasta los Centros Nacionales de
Totalización, así como la eficacia de las vías y los medios para la transferencia de
los datos. Se comprueba que las redes solo ejecutan la función de transmitir los
escrutinios desde orígenes calificados y validados.

10. Verificación Ciudadana Fase I: Esta auditoría se hace el mismo día de la
elección, con una muestra de 54% de las máquinas de votación y se realiza al
finalizar el acto de votación y una vez transmitido el escrutinio. En ella participan
los miembros de mesa y puede ser observada por los y las testigos de los partidos
políticos y las ciudadanas y los ciudadanos que así lo deseen.

Aquí se corrobora que no haya discrepancia en los datos contenidos en el acta de
escrutinio impresa por la máquina de votación y los comprobantes de voto,
contenidos en la caja de resguardo, con el fin de verificar el correcto
funcionamiento de la máquina de votación.

Para Francisco Castro, es “absolutamente imposible que un grupo de expertos certifique la eficiencia del sistema” a estas alturas.

Condiciones justas

A lo largo de este año, Súmate ha denunciado las irregularidades que se han cometido en las etapas del proceso electoral. “Hemos dicho que el camino debe ser reconstruir las condiciones para que los comicios puedan cumplir con los estándares que se requieren y sean reconocidas, que cumplan con todos los parámetros de la ley”, indica Castro.

El director de la organización civil refirió que hay tres grandes grupos de condiciones que deben ser acatadas.

El primero es el referente a la propia autoridad electoral, que fue, en este caso, designada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). “Queda claro a la vista lo que ha sucedido con los rectores del CNE, que no fueron designados de acuerdo a la Constitución y no cumplen con los requisitos constitucionales para asumir esas funciones, lo cual es una doble violación a la norma. Las autoridades no deben obedecer a tendencias políticas específicas, y ha quedado evidenciado que los rectores sí pertenecen a representaciones partidistas particulares, lo cual los inhabilita”.

Asociado a esa condición, la modificación de actividades en el cronograma es otro aspecto sobre el que alerta Castro. 

“Con este nivel de cambios, no había ocurrido nunca antes. Tenemos un cronograma electoral que es apenas una referencia, ya son muchísimas las actividades que han sido replanteadas, teniendo en cuenta que es sumamente complicado organizar un proceso electoral. Las normas electorales señalan claramente que no pueden haber modificaciones que luego de que haya sido publicado el cronograma electoral. De hacerse, debería ser bajo una justificación, una resolución o una publicación en Gaceta Oficial. 28 actividades han sido modificadas en el cronograma. 30% de las actividades del cronograma han sufrido modificaciones, esto es sumamente grave”, denuncia Castro.

El segundo aspecto es el relacionado con el Registro Electoral (RE) establecido por el CNE. “Había que hacer una actualización del registro electoral de 4.200.000 ciudadanos, pero se habilitó un proceso ampliamente insuficiente para lograr estas metas, con puntos distribuidos de manera sesgada. Solo se logró la inscripción de 200.000 personas aproximadamente”, aseveró.

El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) denunció, el pasado 30 de julio, que los puntos de actualización del registro (551) fueron insuficientes. Pese a que hubo una prórroga, en un comunicado difundido en su sitio web, la organización civil consideró que la medida “no maquilla siquiera los factores determinantes de unos resultados que seguramente dejaron mucho que desear; esto es, la poca promoción que se hizo del evento, el escaso tiempo del cual se dispuso, un número insuficiente de oficinas de centros para el Registro, el hecho de que las dependencias encargadas de la cedulación no intervinieran activamente en la jornada estando muchas de sus oficinas cerradas y, finalmente, pero no por ello menos importante, la pandemia”.

Habitantes de Caracas durante la cuarentena
Foto: Víctor Salazar

Paralelo al RE, la criminalización de los partidos políticos por parte del régimen continúa. Castro reiteró, desde Súmate, la denuncia sobre las designaciones ad hoc de al menos nueve organizaciones nada más en los últimos meses.

La coalición de la Mesa de la Unidad Democrática, en 2015, estaba conformada por más de 20 organizaciones políticas, solo una no ha sido intervenida o inhabilitada para participar, eso es una gravísima situación”, indicó Francisco Castro.

Por último, la libertad con la que los ciudadanos pueden asistir a las elecciones, a juicio de Castro, está comprometida. Las razones: la compra de votos, intimidación e incluso la campaña anticipada, “con recursos del Estado”. Agregó además que: “Las declaraciones del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, de que no iba a dejar que la oposición tomara el poder en Venezuela, son sumamente preocupantes, teniendo en cuenta las responsabilidades técnicas de las Fuerzas Armadas en el Plan República”.

“Violaron la Constitución al cambiar el sistema de adjudicación de escaños”

Como sumamente graves calificó Francisco Castro las modificaciones que se hicieron en el sistema de adjudicación de escaños en estas elecciones parlamentarias.

“En primer lugar, violaron la Constitución. El artículo 186 explica taxativamente cuál es el número de diputados que debe tener la Asamblea Nacional, y aumentaron el número de diputados de forma grosera. Además, violan el respeto al principio de la proporcionalidad, ya que la forma en la que están distribuidos los escaños no garantizan la proporcionalidad”.

Para Castro, el sistema es tan injusto que un partido minoritario “podría lograr dos terceras partes del Parlamento”, por lo que no duda en calificarlo como un sistema de minorías.

Vamos a tener organizaciones que obtienen un número de votos mayor y que van a tener una representación menor en el Parlamento, y viceversa. Esto se aprobó de manera paralegal. No provino de una Ley Orgánica, sino de un reglamento especial, y se hizo fuera del lapso de 6 meses que contempla la Ley Electoral”.

Para Castro, el incremento de diputados se hizo teniendo en cuenta criterios políticos que podrían favorecer al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

CNE
Reuters

“Si hacemos un análisis mucho más específico, podemos ver que hay estados en los cuales la oposición ha tenido un rendimiento histórico superior en términos de votación, y en donde la cantidad de votos que deben obtenerse para lograr un diputado es muy superior a los estados en donde el oficialismo ha tenido un mejor desempeño en términos de votos”.

El PSUV, explica, tiene el 60% de su respaldo en estados pequeños y en poblaciones rurales. “En Amazonas, por ejemplo, se elige un diputado por cada 29.000 habitantes, mientras que en el estado Zulia se elige un diputado por cada 175.000 habitantes. Eso lo que quiere decir es que los habitantes del Zulia tienen menos diputados. El Amazonas tiene una representación, en términos proporcionales, mayor al estado Zulia”, aclara.

Hay estados donde hay una “clarísima sobrerrepresentación”, de acuerdo con Castro, como Amazonas, Apure, Cojedes, Delta Amacuro, Vargas, Yaracuy, Sucre, Portuguesa.

Un ejemplo de la sobrerrepresentación

“Amazonas, Cojedes y Apure, escogen, unos 18 diputados. Si a eso le sumas los de Vargas, esos son 24 diputados. Pero si sumas la población de esos cuatro estados, eso da aproximadamente 1.600.000 personas, y esos cuatro estados escogen la misma cantidad de diputados que el Zulia, que tiene 4.500.000 de habitantes. El oficialismo, obteniendo victorias en Amazonas, Cojedes, Apure y Vargas puede contrarrestar una derrota en el Zulia, por poner un ejemplo. Para construir una mayoría en el Zulia, se requieren más de 2 millones de personas para lograr una mayoría electoral”, aseveró Francisco Castro.

Poco más de mes y medio es lo que queda. Por el momento, ya parte de la comunidad internacional decidió rechazar los comicios.

La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución de rechazo en contra de las elecciones, con 21 votos a favor, cuatro en contra y nueve abstenciones. Y el régimen se mantiene firme en efectuar el proceso de votación en diciembre, pese a la pandemia por covid-19.

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Fuente de TenemosNoticias.com: eldiario.com / Cristian Briceño

Publicado el: 2020-10-23 09:41:34
En la sección: Venezuela | El Diario


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