Las nuevas pistas sobre el espionaje que rodeó la muerte del fiscal Alberto Nisman

Lapatilla

septiembre 17 2023, 5:07 pm

“Todo tiene que ver con todo”. La frase no solo la usa la vicepresidenta Cristina Kirchner en sus discursos a la hora de relacionar eventos y datos en la Argentina. El que, paradójicamente, la pronunció ante la Cámara Federal fue el espía más famoso de la Argentina, Antonio Stiuso, cuando reclamó profundizar la investigación sobre los dos sujetos, que trabajaban para la provincia de Entre Ríos y que, con una clave de la Agencia Federal de Inteligencia, vigilaron los movimientos migratorios de Stiuso justo a partir del 18 de enero de 2015, cuando todavía no se había encontrado el cadáver de Alberto Nisman con un tiro en la cabeza en el baño de su departamento. 38 veces consultaron los datos del ex jefe de Contrainteligencia, desde ese domingo hasta el 30 de enero siguiente.

Por Patricia Blanco | Infobae

Los dos acusados por ese espionaje Pablo Palá y Alexis Lesa se dedican al servicio informático, trabajan para distintas reparticiones públicas de Entre Ríos y al declarar buscaron desvincularse del caso, pero la Cámara Federal, tal como lo adelantó Infobae el jueves, los procesó por violar la ley de inteligencia. Ahora se busca saber quiénes están detrás de ellos y qué vínculo tuvieron con la muerte del titular de la UFI-AMIA. No parece casual que el troyano que se instaló en el celular de Nisman apunte hacia la IP (dirección única que identifica a un dispositivo en Internet) que se usó para espiar a Stiuso y a la ex esposa del fiscal, la jueza Sandra Arroyo Salgado.

La historia del troyano en el celular de Nisman no es nueva y está casi desde el comienzo de la causa: el titular de la UFI AMIA que antes de su muerte denunció a la entonces Presidenta por encubrir el atentado a la AMIA a través de la firma del Memorándum con Irán, tenía en su celular un malware que no llegó a ejecutarse porque Nisman tenía un teléfono Android. Una vez que un troyano se activa, el control del teléfono es compartido: el dueño por un lado y el atacante por el otro. Vale recordar que para el fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación, el teléfono de Nisman fue manipulado y borrado, pero no se sabe ni quién lo hizo ni cuándo.

En el marco de la investigación por la muerte de Nisman, los investigadores judiciales buscaron saber de dónde había venido ese intento de ataque al celular del fiscal. Eso llevó a una dirección en Entre Ríos: una empresa de informática. Eso sucedió incluso antes de que el caso pasara a Comodoro Py 2002, donde el caso fue considerado un homicidio. Nunca se avanzó más de ahí. Pero ahora los lazos parecen comunicarse entre esa empresa informática y los dos sospechosos de haber espiado a Stiuso y a Arroyo Salgado.

Desde hace más de dos años, los investigadores de la causa Nisman vienen interrogando a más de 70 agentes de la AFI que estuvieron en la zona de Puerto Madero o tuvieron comunicaciones con otros teléfonos claves el fin de semana en que Nisman se preparaba para su presentación el lunes 19 de enero en el Congreso para hablar de la denuncia contra la hoy vicepresidenta. Se encuentran con contradicciones, internas, sospechas y silencios.

La muerte de Nisman no puede interpretarse sin mirar la guerra de espías que estaba sucediendo en las entrañas de la hoy AFI (entonces SI). En diciembre de 2014, Cristina Kirchner había echado a la cúpula de la Secretaría de Inteligencia, enojada por lo que creía era una avanzada de Comodoro Py en contra de su gobierno. Se fueron así el número 1 y 2 de la central de espías -Héctor Icazuriaga y Francisco Larcher- y fueron reemplazados por el hoy senador Oscar Parrilli y el hoy viceministro de Justicia Juan Martín Mena, respectivamente. A los pocos días, se confirmó la renuncia del director de Contrainteligencia, Antonio “Jaime” Stiuso, el espía más famoso del país a esa altura y uno de los funcionarios que trabajó codo a codo con Nisman.

El espionaje sobre los movimientos de Stiuso y Arroyo Salgado no se conoció en la investigación por la muerte de Nisman sino en una causa que radicaron el 20 de octubre de 2015 las entonces diputadas Laura Alonso y Patricia Bullrich (hoy candidata presidencial). Aseguraron que se estaban pinchado teléfonos a políticos opositores, jueces y periodistas. La lista incluía al entonces candidato a presidente Mauricio Macri, al hoy jefe de Estado Alberto Fernández y a Sergio Massa, entre tantos otros.

El caso le tocó por sorteo al juez Sebastián Casanello, más tarde recusado, y luego recayó en el juez Julián Ercolini. Ercolini también es el juez que interviene en la denuncia por la muerte de Nisman, aunque el caso está delegado en la fiscalía. Sin avances sobre el esclarecimiento de las pinchaduras de teléfono, fue el propio Stiuso el que reclamó profundizar sobre los pedidos de sus datos migratorios y el hilo llevó a Entre Ríos.

Todas las consultas se hicieron desde la IP que está registrada a nombre de Palá, en una oficina que comparte con Lesa. Para las consultas que se hicieron en la Dirección de Migraciones se usó un usuario asignado a la AFI. El agente asignado prestaba funciones en la Dirección de Contrainteligencia de la AFI a la época de los hechos. Es más: en enero de 2015, cuando se generaron las consultas, estuvo de vacaciones en Gualeguay, provincia de de Entre Ríos.

Cuando fueron a indagatoria, tanto Palá como Lesa negaron su vinculación en los hechos. Su abogado, Luciano Legasque, dijo este fin de semana a una radio de Entre Ríos que Palá se dedica a vender “servicios informáticos”, como intermediario de determinados servicios de direcciones de internet; y que él vendió servicios de IPlan a una empresa de renombre internacional, desde cuyo servidor se hizo la búsqueda en Migraciones. “Palá no tiene ni acceso ni control al uso que el consumidor final haga con ese servicio que contrató. Solo factura en calidad de revendedor. El actúa como intermediario. Y Lesa queda involucrado porque Palá pone un teléfono alternativo, que era el de su amigo. No tuvieron ninguna participación”. En términos generales fue lo que habían dicho en sus declaraciones los involucrados y al apelar el procesamiento.

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