Más de cinco millones doscientos mil antioqueños saldrán a las urnas el próximo 29 de octubre para elegir un gobernador, 26 diputados, 125 alcaldes, 1.422 concejales y 291 ediles de JAL que ocuparán el poder Ejecutivo y Legislativo regional entre el 2024 y el 2027.
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A menos de dos semanas de los comicios, una de las mayores preocupaciones para gobernantes, Fuerza Pública, candidatos, líderes sociales y ciudadanía son las condiciones de riesgo, sobre todo en seguridad, antes, durante y después de las elecciones.
La Defensoría del Pueblo identificó en la alerta temprana electoral que 69 municipios de Antioquia tienen algún nivel de riesgo. La cifra representa el 55 por ciento del total.
La Misión de Observación Electoral (MOE), por su parte, detectó 50 poblaciones en advertencia por factores de violencia. Se trata del 16 por ciento del total de municipios en riesgo en todo el país.
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La presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las disidencias de los frentes 4, 18 y 36 de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional, sumado al control territorial de las bandas de crimen organizado, justifican la alerta de autoridades, observadores y analistas ante posibles amenazas en el desarrollo de las elecciones.
Las autoridades han adelantando diferentes reuniones de seguimiento electoral para evaluar la situación en el departamento.
Gobernación de Antioquia
¿Qué está pasando?
Según cifras de la MOE, entre enero y julio de este año, 13 líderes del departamento —entre políticos, sociales y comunales— fueron asesinados por actores armados.
“Estamos viendo un aumento grande en la violencia contra liderazgos políticos. La guerra siempre recrudecerá la violencia contra líderes porque son ellos los que salen a defender y dan la cara por los derechos políticos, electorales, territoriales y ambientales. Son más vulnerables de ser atacados en este proceso”, dijo Martha Gómez, vocera de la MOE en Antioquia.
La situación más crítica en seguridad se registra en el Bajo Cauca donde cinco de seis municipios —Cáceres, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza— están en riesgo extremo según la Defensoría del Pueblo.
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Para la entidad, en esta subregión “no hay garantías plenas para que las personas defensoras de Derechos Humanos, líderes sociales y comunales, movimientos y organizaciones sociales puedan ejercer sus derechos políticos”.
Las fuertes restricciones de movilidad y la presión de los grupos armados para incidir en las elecciones limitan la participación de la ciudadanía. A eso se suma el hecho de que “cuando estos actores sociales deciden lanzarse como candidatos a un cargo popular, regularmente renuncian a sus aspiraciones por temor o amenazas y ni siquiera logran inscribirse en la contienda”, dice la Defensoría.
Grupos armados ilegales como las Agc, el Eln y las disidencias de las Farc tienen presencia en Antioquia.
Para Carlos Zapata, presidente del Instituto Popular de Capacitación, en el departamento existe una alta conflictividad debido a la presencia de los grupos armados en las diferentes subregiones.
Además del Bajo Cauca, el analista identificó un riesgo extremo en el Norte —específicamente en Ituango, Valdivia, Yarumal y Campamento—, donde las disidencias de frente 36 las Farc han aumentado su presencia en las zonas rurales y este año han sido reiteradas las intimidaciones a la población civil.
“Ahí se está concentrando mucha actividad hostil entre los actores armados y constreñimiento a la población civil. Es claro que esas salidas de la gente no son porque quieren exponerse ante la fuerza pública, sino porque los actores armados tienen presiones”, expresó Zapata.
Aunque la Defensoría no reconoció la zona en riesgo extremo, la MOE sí clasificó a 6 municipio de la subregión en este nivel. También son de especial atención los municipios de Segovia, Remedios, Amalfi, Vegachí, Anorí (en el Nordeste), Yondó y Nariño según los listados.
Control del territorio
Los expertos coinciden en señalar que el control territorial de los grupos armados —al permitir o no la libre movilidad de los candidatos y votantes— es una de las principales amenazas al desarrollo normal de la jornada democrática.
“De entrada los candidatos no pueden hacer campaña en todos los territorios. Así les digan que sí, no van a entrar porque ni siquiera la Fuerza Pública está en condiciones de garantizar seguridad”, explicó presidente del IPC.
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La vocera Gómez afirmó que las rentas criminales —por los cultivos de coca y la minería ilegal— son garantía de permanencia de las estructuras en cada subregión. Y dijo que a través de las armas estas organizaciones controlan y logran amedrentar a la población para que no voten o lo hagan por determinado candidato. En otros casos cierran caminos y vías de acceso.
También hay que decir que existen algunos actores armados a los que les gusta el proceso electoral —dijo Zapata— por lo que buscan incidir en él de alguna manera. Por ejemplo, no vetan a los partidos políticos en municipios, pero los criminales sí rechazan las candidaturas con las que tienen reparos.
En otros casos hay presión a la población para que voten por determinados aspirantes cercanos a sus intereses. “Ahí es donde se concentra el riesgo de que esa libre participación no pueda ser libre porque está marcada por la violencia”, agregó.
La respuesta institucional
Ante el panorama de seguridad que se presenta en el departamento de cara a las elecciones regionales —especialmente en las subregiones del Bajo Cauca, Norte y Nordeste— los expertos son claros en indicar que es necesario aumentar el pie de fuerza, sobre todo de la Policía Nacional, para garantizar tranquilidad a la población.
También es fundamental fortalecer los mecanismos de precaución y protección de líderes políticos, sociales y comunitarios para evitar los atentados en su contra. Y es necesario que exista una mayor coordinación interinstitucional entre las diferentes entidades del orden local, regional y nacional para que se puedan atender todas las necesidades de los territorios.
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Al respecto, el subcomandante del Departamento de Policía Antioquia, que tiene a su cargo las regiones más críticas, explicó las medidas que tomaron para proteger la integridad de los participantes en el certamen electoral.
“Hay todo un dispositivo de la Policía Nacional. Se creó una circular de mecanismos de seguridad para todos los candidatos. Alertas tenemos en todo el departamento en lo que tiene que ver con seguridad”, dijo el coronel José Francisco Peña.
Por su parte, el brigadier general Óscar Murillo, comandante de la Séptima División del Ejército, aseguró que continuarán con las operaciones del plan ‘Ayacucho’, con tropas en territorio, para garantizar la seguridad del territorio. “Estamos en una máquina con el acelerador apretado a fondo para llegar al 29 (de octubre)”, dijo el general Murillo.
SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR
CORRESPONSAL EL TIEMPO – MEDELLÍN
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Fuente de TenemosNoticias.com: www.eltiempo.com
Publicado el: 2023-10-16 01:00:00
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