Un año después del intento de asalto a los poderes del Estado, muchos brasileños se resisten todavía a aceptar que eso pudo haber sucedido en su propio país. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva no deja de señalar a su antecesor, Jair Bolsonaro, como responsable del fallido golpe en su contra. El excapitán retirado sostiene que todo ha sido un invento de la izquierda. Las imágenes de aquel 8E tienen una fuerte capacidad de refutación de sus palabras. Pero, además, a lo largo de 2022 ha actuado la justicia. De los 1.390 acusados de haber participado de la conspiración, una treintena fueron condenados a penas de hasta 17 años de cárcel. Sesenta y seis personas se encuentran con prisión preventiva. Bolsonaro es investigado como posible instigador y autor intelectual de la asonada, así como su exministro de Justicia, Anderson Torrres. Al momento de la embestida de los ultraderechistas contra las sedes del Ejecutivo, el Congreso y el Tribunal Supremo se desempeñaba nada menos que como responsable de la seguridad del Gobierno de Brasilia. En su casa tenía una minuta golpista. Se lo acusa de haber liberado la zona para que entrara en acción el bolsonarismo más radical.
Los episodios de vandalismo de aquel domingo representaron un paso de las palabras a las acciones. En las acampadas de ultras frente a los cuarteles después de las elecciones de octubre de 2022 en las que Bolsonaro había sido derrotado fueron usuales los llamados a tomar por la fuerza los edificios que simbolizan la vigencia de las instituciones democráticas.
A pocas horas de la ceremonia recordatoria del 8E se conocen detalles espeluznantes. Alexandre de Moraes, uno de los 11 jueces del Tribunal Supremo Federal (STF), dijo al diario carioca O Globo que existió un plan para ahorcarlo en la Plaza de los Tres Poderes. De Moraes es una suerte de bestia negra para la ultraderecha y, en especial, el propio Bolsonaro. Ha investigado el uso de las fake news durante su Gobierno, entre otros hechos que llevaron a la inhabilitación por ocho años del exjefe de Estado. «El primer plan preveía que las Fuerzas Especiales del Ejército me detendrían el domingo y me llevarían al cuartel de Goiania (una ciudad situada a unos 200 kilómetros de Brasilia). En el segundo ellos pensaban matarme en el camino y abandonar el cuerpo«. El tercer plan contemplaba su ahorcamiento. «Lo que se pretendía era el fin de la democracia, un golpe militar, el regreso de la tiranía, la supresión de los derechos políticos. No fue un domingo en el parque. Esta gente quería acabar con sus adversarios políticos, a los que consideraban enemigos», dijo De Moraes. El magistrado recordó que se ha abierto una causa para investigar las razones por las cuales integrantes de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) seguían sus pasos.
La certeza de Lula
El líder del Partido de los Trabajadores (PT) no esperó hasta el día ocho para reflexionar sobre sus consecuencias políticas y judiciales. «Hay un responsable directo que planeó todo esto y que cobardemente se escondió y abandonó Brasil de antemano», dijo Lula sobre Bolsonaro, fiel a su decisión de nunca nombrarlo. Pocas horas antes de abandonar el poder, el excapitán partió en un avión con destino a Estados Unidos. «Es bien sabido que no aceptó nuestra victoria, es bien sabido que intentó restarle credibilidad a la justicia electoral todo el tiempo e intentó desmoralizar a todas las instituciones posibles. Lo planeó, cobardemente no tuvo el valor de asumirlo, se marchó y dejó a sus seguidores allí para llevar a cabo lo que hicieron».
La trama golpista todavía no se ha esclarecido por completo. La revista Veja publicó un audio sobre las autoridades de seguridad del Distrito Federal en el que minimizan las acciones y consideran que no valía la pena «desgastar» a la policía. «Seguimos investigando, porque todavía tenemos que averiguar quién financió esto, quién garantizó las acampadas, no tenemos prisa, lo que queremos es que se haga justicia para que nadie vuelva a atreverse a alterar el proceso democrático», señaló el mandatario.
El ministro de Defensa, José Múcio Monteiro, llamó a acelerar las investigaciones sobre los actos golpistas. «Necesitamos encontrar a los culpables para eliminar esta nube de desconfianza sobre las Fuerzas Armadas«, dijo al diario Estado. El ministro negó que las Fuerzas Armadas querían dar la asonada, aunque admitió que «algunas personas dentro» lo estaban deseando. «No estoy protegiendo nada, pero no quiero condenar a los inocentes. Quiero castigar a los culpables». Lula ha intentado en un año recomponer las relaciones con el sector castrense.
«Hay que llamar al 8 de enero por su nombre: intento de golpe de Estado», dijo Pablo Ortellado, columnista de O Globo. Según el académico Celso Rocha de Barros, «fue el clímax de dos meses de agitación tras la derrota de Bolsonaro. Bloqueos de carreteras, acampadas frente a cuarteles, enfrentamientos callejeros en la víspera de la graduación de Lula, un intento de atentado terrorista en Nochebuena». Todo tenía el mismo objetivo: crear un clima de caos que sirviera de pretexto para un golpe militar. «Cuando los militares no aparecieron, los soldados rasos fueron detenidos. Pero aún queda mucha gente por detener». En una columna publicada en Folha, Rocha de Barros remarcó que «los vándalos del 8 de enero no eran ciudadanos normales en un arrebato de radicalismo: eran soldados rasos de un movimiento político organizado con una extensa y bien financiada red de desinformación, su propio grupo parlamentario y sede en el Palacio del Planalto».
El acto en el Congreso y los militares
Lula encabezará el lunes en el Congreso el acto recordatorio de los sucesos de enero pasado, acompañado de los líderes del Legislativo, integrantes del TSF, gobernadores, estaduales, comandantes militares, líderes de la sociedad civil y embajadores. Su lema es «la democracia está firme». Miriam Leitao, una de las principales analistas políticas de Brasil, calificó de significativa la decisión de los comandantes de las Fuerzas Armadas de asistir a la legislatura. «Esta comprensión del actual liderazgo militar faltaba entre los gobernadores bolsonaristas. No es un acto de un grupo político, es una manifestación institucional. Hay espacio para la derecha y la izquierda en el juego político. Simplemente no hay lugar para quienes conspiran contra la democracia».
Tarcisio Freitas, un exministro de la administración anterior y actual gobernador de Sao Paulo, la región más poderosa de Brasil, decidió, como muchos bolsonaristas, darle la espalda al encuentro en el Parlamento. Aseguró que tiene una intención política y él no contribuirá personalmente a «reforzar la imagen de Lula». El núcleo más recalcitrante del bolsonarismo ha llamado a través de las redes sociales a movilizarse el lunes para que sea considerado «El día del patriota». Las autoridades solo esperan hechos menores.
Bolsonaro deploró la destrucción de edificios públicos el 8E por parte de unos 4000 de sus seguidores más enardecidos. A su vez, cargó las culpas contra el Gobierno. «Nosotros estamos seguros de que fue una trampa de la izquierda. Infelizmente, la investigación no siguió adelante». La violenta incursión en las sedes de los poderes del Estado no puede a su criterio ser atribuida a la ultraderecha. «No fue la gente que nos sigue, la gente conservadora nunca haría eso».
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Fuente de TenemosNoticias.com: www.elperiodico.com
Publicado el: 2024-01-07 06:35:07
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