En medio de rumores sobre la posible excarcelación de represores de la última dictadura militar argentina (1976-83) que cumplen condenas por delitos de lesa humanidad, la agrupación H.I.J.O.S. de desaparecidos denunció que una de sus integrantes sufrió un «atentado contra la vida» al ser fue «golpeada, abusada y amenazada de muerte» por dos personas que irrumpieron en su casa y le advirtieron: «no vinimos a robarte, vinimos a matarte. A nosotros nos pagan para eso». H.I.J.O.S. responsabilizó al Gobierno de ultraderecha por el episodio por su constante banalización de la tragedia que tuvo lugar hace 48 años y todavía exhibe sus marcas y disputas en este país.
La agresión, sin antecedentes, tuvo lugar el pasado 5 de marzo y se conoció este jueves. La identidad de la víctima se mantiene bajo resguardo. Se informó además que los atacantes dibujaron en una de las paredes de la casa la consigna «VLLC (Viva la libertad, carajo», con la cual el presidente Javier Milei suele cerrar sus discursos e, incluso, firmar sus decisiones ejecutivas.
H.I.J.O.S. ha presentado la denuncia ante la Policía y la Justicia. Consideró que se trata de un «ataque político» al punto de que «nada de valor fue robado, solo se llevaron carpetas con información de nuestra agrupación».
El episodio se conoce a pocos días de una nueva jornada nacional de la memoria al cumplirse un nuevo aniversario del golpe de Estado. El próximo domingo se espera que miles de personas recorran el centro de la ciudad de Buenos Aires para repudiar los intentos del Gobierno de poner en entredicho el carácter del terrorismo de Estado. Al abrir la Asamblea Legislativa, el pasado 1 de marzo, Milei volvió a tratar con sorna la cifra de 30.000 desaparecidos. El número es objeto de fuertes controversias en Argentina debido a que la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (CONADEP) contabilizó a unas 9.000 víctimas cuando se recuperó la democracia, en 1984. Sin embargo, esa cifra siempre se consideró provisoria hasta que el Estado diera una respuesta cabal sobre el destino de los cuerpos ni la cantidad de personas afectadas por la represión. Un informe de la embajada de Estados Unidos de 1978 citaba fuentes del Ejército que aludían a unos 22.000 episodios de esa naturaleza.
De acuerdo con H.I.J.O.S, el hecho denunciado «tiene un claro correlato con las acciones y discursos de odio que las máximas autoridades del país expresan cotidianamente».
La respuesta de Milei
Los organismos defensores de derechos humanos expresaron a su vez preocupación por la actitud de Milei de darle un «like» en la red social X y luego replicar el mensaje de una seguidora suya que ponía en duda la agresión. «Increíble que usen a sus desaparecidos para operar contra el Gobierno. Son más mierdas de lo que uno piensa. Lo bueno que cada vez tienen menos credibilidad», escribió la tuitera Lady Market.
El próximo domingo, el Gobierno presentará su propia visión de la trágica historia a través de una breve filmación. No es ajena a la iniciativa la vicepresidenta, Victoria Villarruel, hija de un exoficial contrainsurgente que también combatió a los ingleses en la guerra de las Malvinas. Villarruel adquirió visibilidad como presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que ha promovido sistemáticamente una revisión del pasado equiparando la violencia del Estado con la de los grupos guerrilleros, simetría que ha sido descartada por la justicia al condenar a los excomandantes de la dictadura.
Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Petri acaba de lamentar que «algunos dirigentes demonizaron a las Fuerzas Armadas que actuaron en la década del ‘70». A pesar de pertenecer a la Unión Cívica Radical (UCR), el partido que en 1984 promovió el juicio a los excomandantes, el funcionario se fotografió sonriente con familiares de represores que reclaman el fin de las condenas.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, se vio obligado a desmentir que Milei se apresta a indultar a los exuniformados. «Es falso», dijo. El portal La Política Online recordó que «la figura del indulto, que solo puede aplicar el presidente, es cuestionada por la Justicia en materia de delitos de lesa humanidad y está prohibida por la ley 27.156 para esos casos».
Fuente de TenemosNoticias.com: www.elperiodico.com
Publicado el: 2024-03-21 17:52:45
En la sección: El Periódico – internacional