Ante la propuesta de Nicolás Maduro de separar las elecciones pendientes para 2025, luego de anunciar que se harían en megaelección, especialistas recordaron que el fraude electoral que denunció la oposición es una tarea pendiente que no se puede dejar atrás con nuevos comicios.
Caracas. El chavismo se prepara para otra pugna electoral en Venezuela, con el inminente vencimiento de períodos de alcaldes, legisladores, gobernadores y de diputados del Parlamento Nacional. Sin embargo, expertos coinciden en que celebrar cualquier otra elección con la denuncia de fraude en las presidenciales del pasado 28 de julio sin resolver solo agravaría la crisis política y obedece a «intereses particulares».
Mientras que los diputados de la Asamblea Nacional (AN) trabajan en una reforma electoral con la que pretenden excluir a los opositores que consideran “fascistas”, Nicolás Maduro propone dejar a un lado las “megaelecciones” que juntan en un solo proceso todas las votaciones pendientes, y celebrar elecciones separadas.
“Pareciera que lo mejor sería ir a una elección separada. Primero alcaldes, después gobernadores y después el Parlamento, pero esa es mi opinión, es una opinión más en el debate”, dijo el mandatario recientemente, durante una alocución televisada desde el estado Anzoátegui.
Juntas o separadas
En 2021, Venezuela celebró unas «megaelecciones» en las que se eligieron 3082 cargos: 23 gobernaciones, 335 alcaldías y cientos de escaños en los consejos municipales. Se trató de los comicios que marcaron el regreso de la oposición a la contienda electoral, que no participaba desde 2018 por desconfianza en el árbitro electoral.
De acuerdo con la Constitución, la elección de gobernadores, consejos legislativos, alcaldes y cámaras municipales debe ejecutarse cada cuatro años; mientras que cada cinco corresponde renovar el Parlamento, dominado desde el 2020 por el chavismo.
La coincidencia en el vencimiento de períodos propicia que se realice una elección múltiple que ya en agosto de 2023 fue anunciada por Maduro, cuando dijo que esperaba llevar a cabo “la mamá de las elecciones” en 2025 para elegir todos los cargos pendientes.
“En el 2025 lo que viene es la mamá de las elecciones, una megaelección porque se tiene que elegir la Asamblea Nacional diputados y diputadas, se tienen que elegir los 23 gobernadores por estado y se tiene que elegir las 335 alcaldías, los 23 consejos legislativos y los 335 concejos municipales”, anunció entonces, aunque más recientemente se haya desdicho.
Al respecto, la profesora y exrectora electoral Griselda Colina explicó a Crónica Uno que en 2021, la actual AN derogó la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales, un instrumento legal que regulaba los períodos constitucionales y prohibía al Consejo Nacional Electoral (CNE) celebrar en conjunto comicios nacionales, regionales y municipales.
Colina explicó que la norma anulada permitía al electorado conocer las propuestas de los postulados y la oferta electoral en general y que ahora simplemente no se siguen criterios técnicos necesarios.
“El problema que vemos ahora es que no hay criterios técnicos, ni tampoco interés en respetar los derechos políticos de los venezolanos sino que cada cambio –como el de derogar la ley en 2021– obedece a intereses particulares y partidistas”, indicó la especialista.
El daño a la confianza electoral
Para Colina, quien también es directora general del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, reviste aún mayor gravedad que se pretenda avanzar en nuevos eventos electorales “sin haber cumplido con los mínimos legales para cerrar el proceso presidencial del 28 de julio”.
Insistir en nuevas contiendas electorales, prosiguió, es un “mal precedente” y debilita aún más la institucionalidad de Venezuela y la credibilidad que los ciudadanos tienen en el Estado y en los resultados de cualquier comicio.
“No es posible hablar de nuevos procesos electorales con garantías y condiciones si primero no se asume la discusión sobre lo que sucedió el 28 de julio y se dan a conocer los resultados detallados. No es posible que aún hoy el CNE siga callado frente a este tema y pretenda eludir las responsabilidades que le otorga la Constitución”, sentenció.
La experta hizo referencia a la falta de publicación de actas electorales pormenorizadas y desagregadas como es deber del Poder Electoral tras la conclusión de cualquier elección y que no ha ocurrido, tres meses después, en el caso de las presidenciales cuyos resultados oficiales dieron como vencedor a Nicolás Maduro.
Con esto coincide el abogado constitucionalista y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Juan Carlos Apitz, quien considera que hacer elecciones luego de la negativa de reconocer las actas aportadas por la oposición que dan como ganador de las presidenciales a Edmundo González Urrutia es “una burla a la soberanía popular”.
“Cualquier llamada a elecciones en las circunstancias actuales no será respaldado por nadie, salvo por una oposición complaciente que los venezolanos tienen suficientemente identificada”, dijo a Crónica Uno.
Además, explicó que las elecciones municipales en Venezuela carecen de sentido, en tanto “no se respete la descentralización” y se impulse un Estado comunal y protectorados regionales desde el Gobierno central.
Ambos especialistas hicieron también mención a las destituciones de alcaldes y gobernadores de oposición más recientes, y aseguran que se trata de pruebas de que no hay garantías electorales en el país.
“Estamos viendo intentos peligrosos y dañinos para el país y para la democracia. Lo que sucedió en Venezuela no puede olvidarse, no puede despacharse alegremente el voto de millones de venezolanos y eso es una realidad que está presente en el país”, señaló Colina.
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Fuente de TenemosNoticias.com: cronica.uno
Publicado el: 2024-11-12 12:09:00
En la sección: Política