5 claves del cuarto diálogo social tripartito con asistencia de la OIT

El 1 y 2 de febrero tuvo lugar en Caracas la cuarta ronda del diálogo social que convocó a representantes del gobierno nacional, centrales de trabajadores y empresarios, con la asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El encuentro culminó, de acuerdo con la directora del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical Jaqueline Ritcher, con pocos avances y el compromiso de una quinta ronda cuya fecha está por definir.

Ritcher aseguró a Efecto Cocuyo que a pesar del incumplimiento por parte del Ejecutivo a las demandas laborales y las recomendaciones de la OIT, no hay que cerrar los espacios de diálogo e insistir en avanzar. En el cuarto foro las partes aceptaron continuar con el acompañamiento de la OIT.

«La estretegia del gobierno es seguir corriendo la arruga para tratar de ganar tiempo», lamentó.

A continuación algunas claves de la cuarta ronda del diálogo social:

1. ¿Qué dijeron las centrales sindicales?

 Las centrales sindicales ,no afectas al gobierno de Nicolás Maduro, continuaron con la demanda de cumplimiento de los convenios que supervisa la OIT en Venezuela relacionados con el salario mínimo (Convenio 26); libertad sindical (87) y el mecanismo de la consulta tripartita (144).

Se consideró que no ha habido avances desde 2022, cuando se organizaron las primeras dos rondas del diálogo tripartito.

La presidenta de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (ASI -Venezuela), Leida Marcela León, recalcó durante una intervención en el foro que urge un incremento del salario mínimo para hacer frente a la inflación y evitar que los hogares más pobres vuelvan a ser los más afectados en posibles próximas crisis.

«El aumento del salario mínimo no es perjudicial para el empleo, por el contrario, constituye un potente estímulo económico. Creemos en una economía que ponga de relieve una política salarial fundamentada en un enfoque basado en derechos que garanticen la cobertura universal y detenga el aumento de la desigualdad», expresó.

El método propuesto de revisión del salario mínimo dispone que en enero de cada año, se instale el grupo consultivo con representantes de trabajadores, empleadores y gobierno, para a través de una amplia consulta, elaborar una propuesta de aumento salarial, a ser remitida al ejecutivo para su consideración.

Esto no se ha cumplido; desde 2022, el Ejecutivo no decreta aumento y ha recurrido a subir bonos de alimentación y de guerra sin incidencia salarial.

2. Alerta ante propuesta de Fedecámaras

De acuerdo con la Central ASI, la cúpula empresarial Fedecámaras, que asistió al diálogo tripartito, además de otros representantes gremiales como Fedeindustria, planteó una flexibilización de la Ley Orgánica del Trabajo, mientras se discute una nueva normativa.

El pasado mes de enero, el expresidente de Fedecámaras, Jorge Roig, presente en la cuarta ronda del diálogo social, declaró a Unión Radio que se puede declarar una “vacatio ley” por dos años para mejorar las condiciones de los trabajadores venezolanos, puesto que, sostuvo, una alta inflación impide a las empresas y al sector público, asumir la retroactividad de las prestaciones sociales.

Indicó que sería una medida electiva por parte del trabajador y temporal porque nadie, aseguró, le pedirá al trabajador que renuncie a las prestaciones por ser un derecho adquirido, pero expresó que la realidad es que nadie las está cobrando en la actualidad con un salario mínimo que no supera los 3 dólares.

«En relación con la solicitud de discusión de la legislación laboral vigente, vamos a estar muy pendientes del alerta, porque no queremos imaginarnos, si hoy tenemos devastados el salario, los derechos de los trabajadores y la protección social, sin haber flexibilizado ninguna legislación, no quiero imaginarme con una flexibilización, hacia dónde irían los derechos humanos laborales», alertó León.

Ante la propuesta, la Central ASI se declaró en alerta ante «cualquier intento de flexibilizar la legislación laboral venezolana, para fines patronales».

3. ¿Qué plantearon sindicalistas progobierno?

El presidente de la Central Socialista de Trabajadores, Wills Rangel, exigió a los empresarios presentes en el diálogo, pagar el cesta ticket fijado por el gobierno en 40 dólares, indexado en bolívares.

Sin embargo, la Gaceta Oficial Nº 6.746 Extraordinaria de fecha 1 de mayo de 2023 fija un monto en 1.000 bolívares mensuales, por lo que legalmente sería el valor obligatorio para los patronos.

El gobierno nacional cancela el bono de alimentación indexado a organismos de las administración pública tales como el Metro de Caracas. Al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela para este 6 de febrero, 40 dólares del cesta ticket equivalen a 1.450 bolívares.

Rangel también abogó porque cesen las sanciones internacionales contra el gobierno de Nicolás Maduro, pues considera que impiden el desarrollo económico y por consiguiente mejorar el salario de los trabajadores.

4. ¿Qué se acordó?

Del encuentro, Ritcher señaló que los representantes del Ejecutivo, encabezados por el ya exministro Francisco Torrealba, admitieron que tienen listo un método para la fijación del salario mínimo luego de haber realizado algunas consultas, por lo que reprochó que aún no lo implementaran pese a las demandas de los trabajadores.

La también profesora universitaria advirtió que pese a tener el método, Torrealba ratificó en el foro que por los momentos no está contemplado un incremento salarial porque no están dadas las condiciones y que se continuará con la política de bonos.

Las partes acordaron más reuniones bipartitas y tripartitas, mediante cronograma elaborado hasta el mes de noviembre de 2024, para seguir abordando el tema del salario mínimo y la libertad sindical (detenciones de trabajadores y elecciones pendientes de asistencia del Poder Electoral). De hecho las centrales sindicales sostendrían una reunión este 7 de febrero con el nuevo ministro del Trabajo, Alexis Corredor.

En cuanto a las detenciones de líderes sindicales que continúan, Ritcher explicó que se hizo un reclamo fuerte en la cuarta ronda de negociaciones por la aprehensión del presidente de la Federación Nacional de Sindicatos y Colegios de los Trabajadores de Venezuela (Fenatev), seccional Barinas, Víctor Venegas a mediados de enero. Asimismo, por la excarcelación de los seis sindicalistas condenados a 16 años de prisión sin que se les otorgara libertad plena sino medidas cautelares que pueden ser revocadas.

En ese sentido, se mantuvo el compromiso de hacer las reuniones acordadas en pasadas rondas con el Ministerio Público y las organizaciones de empleadores y trabajadores para revisar todos los casos de sindicalistas afectados.

5. ¿Qué viene ahora?

Además del cronograma de reuniones, que se continuará con la asistencia de la OIT en el diálogo entre el gobierno, trabajadores y empresarios y que habrá una quinta ronda de la tripartita, el Ejecutivo deberá rendir cuentas sobre el incumplimiento de los convenios 26, 87 y 144 ante el Consejo de Administración de la OIT el próximo 4 de marzo.

«Más allá de seguir el acompañamiento, tomar nota de la situación, no están dadas las condiciones para que la OIT dicte sanciones contra el gobierno venezolano, la más grave sería la expulsión y eso no está contemplado», agregó Ritcher.

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