Consejo de Protección de Activos espera por acuerdo político

Hace más de un mes, la Comisión Delegada Legislativa aprobó la creación del Consejo Nacional de Protección de Activos. Sin embargo, la instancia parlamentaria de 2015 aún no ha constituido la comisión especial que dará seguimiento a su conformación.

Esto se debe a que los factores políticos no han alcanzado un acuerdo. El asesor del gobierno interino e integrante del Consejo de Administración del Gasto, Yon Goicoechea, afirma a Efecto Cocuyo que algunas fracciones parlamentarias “han expresado su voluntad de no participar en esa comisión”, aunque se reserva quiénes son.

La sesión en la que se aprobó la nueva figura para supervisar los activos permite saber de quiénes se trata. En este debate, los partidos minoritarios de la Asamblea Nacional de 2015 (La Causa R, Proyecto Venezuela, Encuentro Ciudadano y los que integran la Fracción 16-J: ABP, Vente Venezuela, Cuentas Claras, entre otros) salvaron su voto por considerarlo inconstitucional.

Esto se debe a que el borrador del acuerdo confería al consejo de protección facultades de la presidencia interina, un aspecto que Goicoechea asegura fue corregido tras las recomendaciones del procurador Enrique Sánchez Falcón, quien pedía más bien revocar el acuerdo.

¿La nueva instancia que creó la oposición para el control de activos es inconstitucional?

Comisión especial

El asesor de la presidencia encargada prevé que, en la próxima sesión (que pudiera convocarse para este 2 de agosto) se constituya la comisión especial.  

En esto coincide el jefe de la fracción de Primero Justicia, Alfonso Marquina, quien adelanta que en la próxima sesión también se dará inicio al proceso de selección de la empresa que se encargará de evaluar el perfil de los aspirantes al Consejo de Protección de Activos con el fin de “despolitizar ese proceso”.

Consultado sobre los motivos que retrasan la ejecución del acuerdo, aprobado el pasado 14 de junio, el jefe de la fracción de la Unidad y dirigente de Acción Democrática, José Trujillo, responde que los partidos políticos están definiendo a quién postularán para la comisión especial que dará curso a todo lo que está establecido “y se toman su tiempo”.

“Es probable que se nombre la comisión la semana que viene y se empiece a actuar. Esto no tiene retraso, se va a hacer en los tiempos establecidos, por lo general se escoge una representación de los partidos que hacen vida en la Asamblea y cada quien debe postular a alguien en particular, ya esto es un tema de tipo político”, comenta.

Activos y litigios

La protección de los activos y el fondo de litigios para la defensa judicial de los mismos profundizan las fracturas en la oposición. El reciente fallo de la justicia inglesa, que niega a Maduro el acceso al oro venezolano que está en el Banco de Inglaterra, dejó ver nuevamente las diferencias.

Mientras la presidencia interina, vinculada estrechamente a Voluntad Popular, celebró la decisión, Primero Justicia se atribuyó el logro al recordar que fue ese partido el que hizo las primeras gestiones para la protección de esos recursos, en 2018.

Pero la tolda aurinegra también ha mostrado su desacuerdo con VP en cuanto a la aprobación de fondos para el pago de los bufetes de abogados que representan a Venezuela en distintos juicios.

El coordinador del partido, Julio Borges, opina que hay un “desaguadero de recursos en juicios sin justificación estratégica, política o legal”.

Goicoechea cuestiona esta posición: “El argumento de algunos partidos de que los activos están protegidos por las sanciones y, en consecuencia, no tenemos que gastar ese dinero en abogados es simplista y falso porque las sanciones son temporales, los juicios no se detienen por las sanciones, continúan su curso, la ejecución de las posibles condenatorias no pueden ser materializadas por efecto de las sanciones, pero las consecuencias se verán cuando las sanciones sean levantadas si no atendemos los juicios”.

“No tiene sentido para el Estado venezolano abandonar esos juicios. Escatimar 20 o 30 millones de dólares para defender 40 mil millones de dólares es algo que nos parece poco inteligente”, agrega.

Sobre Monómeros, explica que si el presidente Gustavo Petro decide devolver la empresa a Nicolás Maduro “es un hecho contrario a la voluntad del gobierno interino, pero que excede a las posibilidades de acción del interino porque es una empresa que está territorialmente situada en Colombia y que se rige por leyes colombianas pese a ser de capital venezolano”.

“Si el presidente de Colombia decide que va a reconocer al gobierno de Maduro eso tendrá implicaciones jurídicas en Colombia. Hemos advertido que hacer eso sería una gran equivocación tanto para la democracia venezolana como para la estabilidad de la producción en Colombia porque lo que va a hacer es generar una dependencia entre los productores agrícolas colombianos y la materia prima de Pequiven que es una empresa arruinada y vandalizada por la dictadura de Maduro y que no puede darle seguridad a nadie”, argumenta.