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ONG alertan que ley afectará defensa de DDHH y ayuda humanitaria

ONG alertan que ley afectará defensa de DDHH y ayuda humanitaria

En nombre de 120 Organizaciones No Gubernamentales de todo el país, Civilis Derechos Humanos, Laboratorio de Paz y Acceso a la Justicia alertaron al país sobre el impacto negativo que tendrá la nueva Ley para la Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG, en la defensa de DDHH y la ayuda internacional para asistir a la población más vulnerable.

Las ONG aseguraron que el objetivo del instrumento legal, que se aprobó en primera discusión en la Asamblea Nacional (AN) de 2020, no busca regular a este sector sino criminalizar la labor por los DDHH en Venezuela, por lo que calificaron la ley como «represiva» y «totalitaria».

«Estas acciones tienen como objetivo la persecución política, organismos internacionales han corroborado que el Estado lleva un patrón de criminalización de todo el que defienda derechos humanos en el país. La demanda de derechos es una acción política ciudadana que quiere ser controlada y destruida», advirtió la vocera de Laboratorio de Paz, Lexys Rondón, en una rueda de prensa que ofrecieron este viernes 27 de enero.

Subrayó que el proyecto de ley de 17 artículos, desde el poder no solo se arremete contra las ONG sino contra toda la sociedad civil porque se busca atemorizar a la población y evitar que se organice y alce la voz.

Peticiones al alto comisionado

Ante el riesgo que aseguraron corren las ONG y la ayuda humanitaria, Andrea Santacruz, de Civilis, extendió una petición al alto comisionado de Naciones Unidas, Volker Türk, quien se encuentra de visita en Venezuela: que pida al Estado frenar la sanción de la ley. En reunión que sostuvieron con Türk este 26 de noviembre, también le solicitaron interceder por la liberación de Javier Tarazona de FundaRedes y le entregaron una carta firmada por 90 organizaciones con otra serie de sugerencias.

En plena rueda de prensa, el director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels informó sobre la detención de la activista de Lidera y Sinergia, María Fernanda Rodríguez, en la Universidad Metropolitana. La defensora de DDHH, quien el día anterior fue una de las representantes de las ONG que se reunió con Türk, fue llevada a la sede del Cicpc en la avenida Urdaneta y posteriormente liberada.

El abogado señaló que la aprehensión de Rodríguez indicaba que la persecución continúa y que arreciará una vez que se apruebe la mencionada legislación.

Andrea Santacruz de Civilis pidió al alto comisionado ONU que solicite frenar la ley

Multas impagables

En la ley que debe ser sometida a segunda discusión en la AN de 2020, se establecen multas de 50 petros y un máximo de 200 petros (50 por cada falta cometida) a las ONG que incurran en faltas administrativas previstas en el texto, tales como la no inscripción en un registro nacional que será creado para las Organizaciones.

Daniels alertó que las multas -que podrían oscilar entre 3.000 y 12.000 dólares- son «confiscatorias» y que ninguna ONG está en capacidad de pagarlas. Sobre ese y otros requisitos administrativos para poder operar en el país, sostuvo que están «diseñados» para no poder ser cumplidos por las ONG, de lo que se valdrá el Estado para ilegalizarlas.

Recalcó que las ONG para entrar en funcionamiento cumplieron requisitos en atención a la Ley de Registros y Notarías. También, apuntó, están debidamente registradas ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (Seniat) y el Seguro Social, entre otros entes. Cuestionó que se quiera crear un nuevo proceso de registro para pedirle a las ONG información que ya poseen.

Tras aclarar que no manejan fondos públicos y por lo tanto no cabe una declaración jurada de patrimonio ante la Contraloría General de la República como lo ordena la ley, los activistas aseguraron que están en capacidad de demostrar que reciben recursos por vía licita y que se invierten adecuadamente en la defensa de DDHH y en prestar asistencia a los más afectados por la crisis humanitaria persistente, según estándares internacionales.

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Ayuda humanitaria en riesgo

Insistieron en que la ayuda humanitaria está en riesgo porque que las ONG necesitarán autorización para cada paso que den, que cualquier organismo de seguridad puede impedirles alguna labor (una entrega de medicinas, por ejemplo) si consideran que falta algún permiso, además de la limitante de no poder operar en lugares distintos a donde están registradas.

De parte de los donantes, señalaron, podría existir el temor a proporcionar los recursos ante el excesivo control del gobierno venezolano.

«Si la intención del gobierno era que nos autocensuráramos ante el alto comisionado no lo logró porque ante él se reiteraron las denuncias sobre violaciones de DDHH en Venezuela y no vamos a parar. La Corte Penal Internacional tiene que saber de esto porque el aparato represivo al que está investigando por crímenes de lesa humanidad, persiste», Acotó Daniels.

El abogado agregó que la nueva ley es distinta a la de Cooperación Internacional que evalúa la Comisión de Política Exterior de la AN de 2020 y cuyo texto, que también contempla castigo para ONG que avalen sanciones internacionales, fue filtrado el año pasado. Mencionó que ningún diputado, aparte de Diosdado Cabello, estaba al tanto de esta nueva ley surgida en la última semana por lo que suponen que se interpuso al otro texto por decisión política.

Consideraron grave que ello ocurra pese a la presencia del alto comisionado en el país.

Fuente de TenemosNoticias.com: efectococuyo.com

Publicado el: 2023-01-27 14:39:49
En la sección: Política – Efecto Cocuyo

Publicado en Política