Esta determinación, conocida popularmente como el ‘decretazo’, desató reacciones en cadena, con demandas judiciales y acusaciones de abuso de poder, en medio de una coyuntura crítica para el futuro de la reforma laboral que se discute en el Senado.
El decreto generó controversia principalmente porque el Senado de la República ya había rechazado previamente la convocatoria a esta consulta. Frente a esto, la decisión del presidente se interpreta como una confrontación directa a la voluntad del poder legislativo.
El Senado rechazó la realización de la consulta popular. Foto:César Melgarejo/El Tiempo
‘Excepción de inconstitucionalidad’
Desde el Ejecutivo se ha defendido la legalidad del decreto con base en una tesis respaldada por Eduardo Montealegre, ministro de Justicia designado, aunque aún no ha asumido oficialmente el cargo.
Esta tesis sostiene que el Gobierno puede aplicar una “excepción de inconstitucionalidad”, con la cual se justificaría ignorar la votación negativa del Senado sin acudir a las instancias legales establecidas, como el Consejo de Estado.
Según el argumento del Gobierno, durante la votación del 14 de mayo en el Senado se habrían presentado irregularidades que afectarían su validez. En el decreto se enumeran los siguientes errores:
- Omisión de la proposición sometida a votación.
- Cierre arbitrario e irrazonable de la votación.
- Modificación del voto tras el cierre del proceso.
- Discrepancias entre el número de senadores presentes y los votos emitidos.
- Omisión en el trámite de la apelación.
A juicio del Ejecutivo, estos “yerros insubsanables” alteraron el resultado de la sesión, por lo que al vencerse el plazo para que el Congreso se pronunciara nuevamente, el presidente quedaba habilitado para proceder con la convocatoria.
El presidente Gustavo Petro y su gabinete firmaran el Decreto 0639 de 2025 Foto:Presidencia
¿Quién tiene la última palabra: la Corte Constitucional o el Consejo de Estado?
En medio del revuelo, el presidente Petro envió el decreto a la Corte Constitucional con el argumento de que esta es la única autoridad competente para determinar su validez. Según el Gobierno, la revisión de las consultas populares de carácter nacional corresponde a la Corte, y debe hacerse después de que los ciudadanos voten.
Sin embargo, esta visión no es compartida por todos los expertos. El abogado Ramiro Bejarano advierte que el ‘decretazo’ debe ser tratado como un acto administrativo, lo que lo ubicaría bajo la jurisdicción contenciosa administrativa. En sus palabras: “Este decreto no tiene control automático de la Corte. El Gobierno lo está haciendo así para darse un ropaje de legalidad que sabe que no tiene”.
Esta diferencia en la interpretación legal es determinante. Si el caso es tomado por el Consejo de Estado, podría resolverse antes de la fecha prevista para la consulta, incluso con una posible suspensión del decreto.
Si, por el contrario, se deja en manos de la Corte Constitucional, el proceso sería más extenso y podría coincidir con la realización de la consulta, generando implicaciones jurídicas adicionales.
El presidente Gustavo Petro firmando el decreto para convocar la consulta popular. Foto:@petrogustavo
Un ‘reto’ al poder legislativo y judicial
El decreto también es señalado por miembros del Congreso como una acción que excede las competencias del Ejecutivo. La senadora Angélica Lozano fue contundente al manifestar su rechazo, calificándolo como un “golpe nada blando” y una “violación a la Constitución”.
Desde el Senado, Efraín Cepeda, su presidente, reiteró que la consulta fue debatida y rechazada conforme a la ley. Además, se enviaron pruebas de la decisión a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral, advirtiendo que el decreto presidencial “no debe ser atendido y es una clara violación a las normas”.
Por otro lado, figuras del Centro Democrático como el concejal Daniel Briceño y la senadora Paloma Valencia también respondieron con acciones legales. Briceño anunció una demanda de nulidad contra el decreto y denuncias contra los ministros que lo firmaron. Valencia, por su parte, presentó denuncias por prevaricato ante la Fiscalía.
En medio de esta pugna de poderes, la Registraduría Nacional se enfrenta a una compleja decisión. Debe determinar si procede con la convocatoria impulsada por el presidente, a pesar del concepto negativo del Congreso, o si eleva el asunto a la Sala de Consulta del Consejo de Estado. Aunque este órgano no emite fallos vinculantes, su dictamen podría servir como guía sobre la legalidad del procedimiento.
Una tensión institucional sin precedentes
El llamado ‘decretazo’ se ha convertido en un punto de quiebre que expone las tensiones entre las ramas del poder público.
El intento del presidente Petro por avanzar con la consulta popular, pese al rechazo del Senado, ha encendido el debate sobre los límites del poder presidencial y los mecanismos de control en el sistema democrático colombiano.
Mientras tanto, el país queda a la espera de la decisión de los entes judiciales que deberán definir si la consulta se mantiene o si el decreto es anulado.
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*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, y contó con la revisión de un periodista y un editor.
Fuente de TenemosNoticias.com: www.eltiempo.com
Publicado el: 2025-06-12 12:11:00
En la sección: EL TIEMPO.COM -Cultura