La reciente detención del profesor universitario y exministro de Finanzas de Hugo Chávez, Rodrigo Cabezas, y el denunciado asedio policial a la vivienda del exalcalde metropolitano, Juan Barreto, recuerdan que las represalias por motivos políticos no distinguen ideologías. Más allá de la oposición tradicional, en el seno del chavismo y de la izquierda venezolana también se pasan facturas por disentir.
Para el exconstituyente (1999), exdiputado y antiguo aliado del chavismo, Eustoquio Contreras, los recientes casos de represión y persecución política con saldo de casi mil detenidos y que también alcanza a quienes en su momento acompañaron el proyecto del líder fallecido, representan el “agravamiento” de la “violencia institucional” contra todo lo que “huela” a disidencia.
“Hay una autocracia en Venezuela que sustituye la vida institucional del país para mantenerse en el poder, recurre a la persecución política, inhabilitaciones, violaciones de derechos humanos. La detención de Rodrigo Cabezas representa un momento agravado de la violencia institucional contra cualquiera que disienta, sin importar su ideología. Hoy es él (Cabezas), pero antes fueron otros y seguramente vendrán muchos mas”, advirtió el exsecretario general del Movimiento Electoral del Pueblo (MEP).
¿Pero cuáles son esas facturas que Miraflores ha ido pasando a sus antiguos aliados? A continuación los casos más emblemáticos:
Cabezas en “desaparición forzada”
El 12 de junio a Rodrigo Cabezas lo apresaron funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) luego de acudir a una oficina de Corpoelec en Maracaibo (Zulia), por un reclamo de falta de electricidad en su vivienda. Familiares y abogados denunciaron que su arresto -que coincide con la desaparición de otros economistas- fue arbitrario porque no hubo orden judicial.
Este lunes 16 de junio, uno de sus defensores, Larry Molero, denunció desaparición forzada, por cuanto al exministro loe trasladaron a Caracas pero se desconoce dónde está detenido. El abogado indicó que a Cabezas no lo habían presentado ante un tribunal de control dentro del plazo que establece la legislación venezolana, por lo que se desconoce de qué se le acusa.
El economista lideró la conformación de la organización Zulia Humana que se registró ante el Poder Electoral para las megaelecciones regionales de 2021, pero no postularon para no interferir con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). El movimiento incluye en sus filas no solo a chavistas disidentes, sino también a opositores que provienen de distintos partidos y a la fecha se mantiene activo.
El exdiputado apoyó el interinato de Juan Guaidó, la candidatura de Henrique Capriles en las primarias de 2023 y después dio libertad de conciencia a votar cuando el exgobernador de Miranda renunció, así como la candidatura presidencial de González Urrutia. También se sumó a las voces que denunciaron fraude electoral en las elecciones del 28 de julio de 2024.
“El profesor Cabezas es una referencia política por su trayectoria en el proceso revolucionario que en su momento dirigió el comandante Chávez, un chavista y patriota sin duda alguna”, defendió el excoordinador nacional de Clase Media Socialista, antigua aliada del Gran Polo Patriótico (GPP), Carlos Hurtado.
A su juicio, el mensaje de la administración de Maduro es “intimidar” a quienes dentro del chavismo se le oponen y que la factura que está dispuesto a cobrar incluye, afirmó, la vida, como lo fue en el caso del general y exministro de la Defensa, Raúl Isaías Baduel. En este sentido, instó al madurismo a respetar la integridad física del exministro de Finanzas.
“Una de las cosas que Maduro no tolera es la capacidad que tenemos los chavistas y revolucionarios disidentes para la organización del pueblo, sabemos cómo hacerlo y en eso venía trabajando muy callado pero muy firme el profesor Cabezas, junto a muchos revolucionarios que cada día se siguen sumando”, aseguro Hurtado.
Juan Barreto denuncia asedio
El exconstituyente (1999), exalcalde metropolitano y actualmente profesor universitario, Juan Barreto, apoyó la candidatura presidencial de Enrique Márquez para los comicios del 28 de julio. Tras denunciar “fraude electoral” y acudir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que el Poder Electoral mostrara las actas que dan como ganador a Nicolás Maduro, apresaron a Márquez el pasado 7 de enero de 2025.
Sobre Barreto, según él mismo denunció, se inició desde principios de año un ciclo de hostigamiento que agravó en el mes de mayo con la presencia permanente de patrullas y funcionarios del Sebin a las afueras de su vivienda, ubicada en la parroquia El Cementerio de Caracas.
«Sobre mí y mi familia se ejerce un cerco desproporcionado y un acoso permanente e injustificado desde hace varios meses. No soy un peligro para nadie. Soy un adulto mayor que vive con su familia. Es acaso eso, ¿Una amenaza para alguien? ¿Cómo se justifica el uso permanente de numerosos agentes policiales dotados de pasamontañas y armas largas bloqueando mi puerta?», alertó Barreto en su cuenta de la red social X.
Pareciera que el gobierno quisiera implementar una nueva modalidad de represión: imponer casa por cárcel aunque no te abran un proceso judicial.
Lo que viene ocurriendo con el ex Alcalde Metropolitano y ex diputado Juan Barreto es un ejemplo pic.twitter.com/YK9JjBHvcR
— Marino Alvarado B (@marinoalvarado) May 18, 2025
Barreto creó su propia organización política REDES, pero al convertirse en crítico del gobierno su tarjeta quedó anulada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en 2017, lo que marcó la salida de dicha organización del GPP.
«El gobierno apela a la represión cuando no le queda otro camino para mantenerse en el poder. Maduro sabe además que la izquierda hace tiempo que dejó de acompañarlo por ser una figura incómoda que desprestigia a la verdadera izquierda nacional e internacional. Cabezas es de izquierda y viene del gobierno por eso su detención es un mensaje muy fuerte para todo aquel que cuestione y venga desde adentro de que nadie es intocable», apuntó Contreras.
Tarjetas electorales confiscadas
Una a una, hasta completar con el Partido Comunista de Venezuela (PCV) en agosto de 2023, se intervinieron judicialmente partidos políticos de la izquierda venezolana que retiraron su apoyo a la gestión de Maduro y sus tarjetas electorales “forzadas” a continuar en el GPP.
Además del PCV están los casos Tupamaro y Patria Para Todos (PPT) en 2020. Antes, del MEP en 2015 y Podemos en 2012. Vale mencionar que el único diputado del PCV en la Asamblea Nacional (AN), Oscar Figuera, fue “silenciado” en la cámara, al no permitírsele intervenir en los debates, en lo que va de buena parte de la gestión del actual Parlamento que expira en enero de 2026.
María Alejandra Díaz: suspendida y multada
A la abogada y exconstituyente por el Psuv (2017), María Alejandra Díaz, la multó el TSJ (noviembre 2024) y la suspendió de su ejercicio profesional a la espera de un proceso disciplinario en el Colegio de Abogados del Distrito Capital por introducir un recurso de amparo para que se obligara al CNE a publicar los resultados desglosados de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
En enero de este año, denunció la detención de su exesposo y otros familiares tras acusaciones por terrorismo e incitacion al odio en su contra. La abogada alertó que los funcionarios policiales obligaron a su expareja, una hermana y unas sobrinas, a ir a casa de otros familiares. Señala además que la amenazaron con llevarse a sus hijos si no se entregaba a las autoridades.
Durante su ejercicio en la Asamblea Constituyente de 2017 Díaz se opuso a la aprobación de la ley antibloqueo (2020) por considerar que con la sanción del instrumento legal, Venezuela “entraría en la ruta al totalitarismo”.
El destierro de Miguel Rodríguez Torres
De cara a las elecciones presidenciales del 2018, el exministro de Relaciones Interiores, Miguel Rodríguez Torres, tenía intenciones de presentarse como candidato para enfrentar a Maduro con su propia organización política (Movimiento Amplio Desafío de Todos), pero sus aspiraciones fueron truncadas antes de que siquiera lo hiciera público.
Participó en el intento de golpe de estado del 4 de febrero de 1992, encabezado por Chavez. Fue director de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) durante el gobierno del líder fallecido en 2013. Tras la reestructuración del organismo, se mantuvo al frente del nuevo Sebin y se le recuerda como una de las figuras al frente de la represión durante las protestas de 2014, lideradas por Leopoldo López.
Bajo su dirección también se habría creado el área conocida como “la tumba” en la sede del Sebin en Plaza Venezuela, en Caracas. Entre 2015 y 2017 se distanció del gobierno de Maduro al considerar que tenía que haber cambios en el país. Se opuso a la instalación de la Constituyente de 2017.
Lo apresaron el 13 de marzo de 2018 en Caracas, funcionarios del mismo cuerpo de seguridad que encabezó durante años. Lo acusaron de cargos de conspiración contra el gobierno. Se dijo incluso que estuvo reuniéndose con actores políticos de oposición. Antes, el 1 de febrero de ese año, la Contraloría General de la República anunció su inhabilitación para ejercer cargos públicos por un año. En su caso se denunció malas condiciones de reclusión y falta de atención médica, por lo que su salud se vio comprometida en varias ocasiones. El 21 de enero de 2023, tras casi 5 años encarcelado, lo excarcelaron y enviaron a España.
A juicio de Contreras, Maduro logró -al no discriminar en la persecución política y los castigos propinados- que factores de izquierda y de la oposición coincidan en un objetivo común: el rescate de la democracia en Venezuela, que se reúnan y conversen. De allí que, destacó, voces como Cabezas y desde el mismo PCV, se mostraron a favor de una estrategia unificada por encima de las diferencias ideológicas.
“Hemos visto cómo se ha tratado a partidos históricos como el PCV, con la misma violencia política que a partidos de oposición. Se terminó convirtiendo al GPP en un espacio para franquicias políticas en lugar de una verdadera alianza”, acotó.
Nicmer Evans y la ley contra el odio
Al politólogo y antiguo asesor del chavismo, Nicmer Evans, lo detuvieron el 13 de julio de 2020, luego de que denunciara que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) llegaron a su residencia y la allanaran. Se le acusó de promoción e incitación al odio por la publicación de unos tuits.
Estuvo detenido en la sede la Dgcim en Boleita hasta el 1 de septiembre de 2020, cuando salió por un indulto presidencial. Evans acompañó el gobierno de Chávez, pero siempre mantuvo cierta posición crítica y se desmarcó del chavismo con la llegada de Maduro a Miraflores.
Fundó Marea Socialista con parte del chavismo disidente, de la que se separó en el año 2017 y creó el Movimiento por la Democracia y la Inclusión, aunque ninguna logró el reconocimiento del CNE. En su momento apoyó el gobierno interino de Juan Guaidó – y también su disolución – y la candidatura presidencial de Edmundo González. Además promovió un referendo revocatorio contra Maduro en 2022, sin éxito.
El ensañamiento contra Baduel
A quien “rescatara” a Chávez para restituirlo en el poder, tras el golpe de estado del 11 abril de 2002, le salió muy caro, no apoyar la propuesta de reforma constitucional de 2007 y desmarcarse del entonces jefe de Estado. Dos años después fue encarcelado por funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar (posterior Dgcim) y acusado de supuestos actos de corrupción.
En 2010 al exministro de la Defensa, Raúl Isaías Baduel, lo condenaron a 8 años y 11 meses de cárcel acusado de la apropiación indebida de 30 millones de bolívares y 3,9 millones de dólares, delitos contra el decoro militar, sustracción de fondos y abuso de la autoridad durante su gestión como ministro. Lo recluyeron en Ramo Verde.
Con el gobierno de Maduro no le fue mejor. En 2017, un día antes de salir de la cárcel y del cumplimiento de su condena, al general lo acusaron de nuevos delitos militares: supuesta traición a la patria y atentar contra la independencia de Venezuela. Nunca pasó a juicio.
Su familia denunció constantemente que fue víctima de torturas en el Sebin de Plaza Venezuela en el área conocida como “la tumba” y en el Helicoide, donde murió en 2021. La versión oficial, desmentida por su esposa, Cruz María de Baduel, fue fallecimiento por “paro cardiorrespiratorio”, como consecuencia del Covid-19.
Más allá de una ideología
“El gobierno de Maduro está solo con quienes lo sostienen en medio de una inflación y la devaluación de la moneda crecientes, por eso da manotazos, se aferra, creyendo que con eso gana estabilidad”, advirtió Contreras.
Para Hurtado, la represión política contra quienes disientan, provenga del propio chavismo o de la oposición evidencia que ya no se defiende, por ahora, una ideología política sino la patria, que alertó “está comprometida y atraviesa una situación insostenible”.
“Más chavistas y revolucionarios queremos un cambio, por eso muchos vieron en María Corina Machado una alternativa posible para recuperar el país, obviamente manteniendo la distancia de las ideologías y trayectorias políticas de cada grupo, pero con la convicción de que solo unidos podemos, en democracia y en paz, devolver la esperanza y libertad a este país”, recalcó Hurtado.
Fuente de TenemosNoticias.com: efectococuyo.com
Publicado el: 2025-06-17 15:36:00
En la sección: Política – Efecto Cocuyo