Propuesta de Ley Penal Juvenil en Argentina
BUENOS AIRES — Tras avanzar con una serie de reformas económicas en el Congreso, el presidente ultraderechista Javier Milei impulsará una nueva ley penal juvenil que bajará de 16 a 13 años la edad de imputabilidad de un menor. Esta medida surge en un contexto donde la inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los argentinos, superando incluso la inflación.
Justificación del Ministerio de Justicia
“Esta nueva ley combatirá el persistente crecimiento de la criminalidad juvenil, uno de los mayores desafíos para la prosperidad de nuestra nación”, declaró el Ministerio de Justicia en un comunicado. En el mismo, se argumenta que el crimen organizado se aprovecha de niños y adolescentes para delinquir sin restricciones, evadiendo la responsabilidad penal. La actual ley penal juvenil data de la década de 1980, y el Ministerio sugiere que la realidad juvenil de hoy es diferente a la de hace más de cuatro décadas.
Cambio en la Imputabilidad y Sanciones
La edad de imputabilidad es el límite inferior a partir del cual los menores de edad (menos de 18 años) pueden ser juzgados y encarcelados. Según el proyecto, los menores de 13 a 18 años cumplirán sus condenas en “establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo”. La pena máxima no deberá superar los 20 años, y al cumplirse dos tercios de la condena, el tribunal podrá determinar “medidas alternativas”, aunque no se especificaron en el comunicado.
Recientemente, varios episodios de inseguridad han sido cometidos por menores. Un caso notable es el de un sicario de 15 años que asesinó a un empleado de una gasolinería en Rosario, en represalia por el endurecimiento de condiciones de detención a narcotraficantes.
La ley también contempla que, en casos de penas de 3 a 6 años, se podrían reemplazar por amonestaciones u otras medidas, siempre que no haya existido muerte de la víctima o lesiones graves.
Controversias y Perspectivas Internacionales
Uno de los aspectos más polémicos de la iniciativa es la obligación de internación para menores no imputables (menos de 13 años), lo que ha generado críticas. UNICEF advirtió que “la reforma del sistema de Justicia Penal Juvenil en Argentina no requiere bajar la edad de punibilidad, algo que podría interpretarse como un retroceso en derechos humanos”. La organización destacó que normalmente, los delitos cometidos por menores involucran la participación de adultos, por lo que se requieren políticas de seguridad que aborden esta cuestión.
Aunque la inseguridad es una de las principales inquietudes en Argentina, la propuesta de ley penal juvenil promete generar un intenso debate en el Congreso, especialmente por la resistencia de partidos progresistas y de izquierda. El oficialismo, siendo la tercera fuerza en ambas cámaras, tendrá que buscar consensos con la oposición para avanzar en esta y otras reformas.
Fuente y créditos: www.vozdeamerica.com
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