Alexander López Maya, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), advirtió que un importante monto de recursos del Sistema General de Regalías (SGR) han sido dados por ejecutados aunque las obras no están terminadas o funcionando. Las obras en ejecución muestran recursos por $12 billones, que podrían considerarse perdidos, indicó el funcionario este lunes.
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La entidad informó que se realizó un seguimiento a los proyectos con recursos del SGR desde 2017 hasta 2024, lo que muestra una aprobación de 19.393 proyectos por $68,54 billones. De estos, 12.106 proyectos fueron declarados como terminados, por $28,8 billones.
Sin embargo, López Maya aseguró que de éstos hay unos $5 billones que se pueden dar como perdidos.
Aseguró que 277 proyectos ya terminados por $1 billón no cumplieron con la totalidad del alcance que se había planteado originalmente. De igual manera, otros 58 proyectos con recursos por $228.000 millones se dieron por concluidos, aunque las entidades a cargo de las obras decidieron no continuar la ejecución por irregularidades técnicas, jurídicas y administrativas.
Además, hay otros 2.133 proyectos por $3,5 billones que se dieron por terminados aunque no presentaron actas de terminación y entrega a satisfacción.
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“Nos hemos encontrado con que hay $5 billones prácticamente perdidos y que no aparecen de proyectos terminados”, señaló el funcionario.
Ahora bien, sobre el punto que más llamó la atención el director del DNP fue sobre los proyectos que están aún en ejecución y que según el análisis de la entidad, muestran graves irregularidades que afectan también un total de $12 billones, que para López están “prácticamente perdidos”.
Para ello, la entidad hizo un análisis a los 6.631 proyectos que están aún reportados en fase de obras y encontró que en 2.094 de estos se evidencia una falta de cumplimiento en los compromisos contractuales, que suman en total este valor.
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Estos muestran tres tipos de incumplimientos, de los cuales $9 billones corresponden a 1.497 proyectos que tienen los plazos de ejecución vencidos. Otras 301 iniciativas, por $1 billón, tienen todos los contratos suspendidos. Por último, hay 296 obras por $2 billones que tienen tanto los plazos vencidos como todos sus contratos suspendidos.
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Por este motivo, López Maya llamó a entidades de control como la Procuraduría y la Contraloría a hacer una mayor vigilancia a la ejecución de estos recursos que son pagados por las compañías minero energéticas.
“Solo para que se hagan una idea, con estos $12,1 billones en riesgo, lograríamos solucionar definitiva e integralmente el acceso al agua de todo el pueblo de La Guajira, podríamos realizar el acueducto y alcantarillado de Quibdó, el acueducto y alcantarillado de Buenaventura, el acueducto de Tumaco y el abastecimiento de agua potable de todo el Urabá«, apuntó López Maya.
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Los ejecutores
La investigación del Departamento Nacional de Planeación también llamó la atención sobre quiénes son las empresas, consorcios, o personas que están ejecutando los recursos de los proyectos.
La mayoría del capital de los proyectos está concentrado en municipios que tienen 38% de los recursos asignados, seguido de otros ejecutores que tienen 32% y departamentos que tienen 30% del dinero.
En total hay registradas 1.714 entidades designadas para la ejecución de estos montos y sus respectivos planes. Sin embargo, López Maya manifestó que estas han firmado 138.862 contratos con terceros.
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La mayoría de estos acuerdos fueron firmados con personas naturales, que representan 42% del total de contratos hechos por parte de las entidades ejecutoras. Igualmente, 31% de estos fueron firmados de forma directa; 32% por medio de concurso de méritos, mínima cuantía, selección abreviada o directa sin ánimo de lucro; 29% por medio de contratación régimen especial y 8% fueron por licitación pública.
De acuerdo con el director del DNP, “eso quiere decir que se crearon pero no ejecutaron sino que tercerizaron” los planes.
De hecho, también apuntó que hay una concentración “atípica” en la categoría de «otros ejecutores» (empresas de servicios públicos, esquemas asociativos territoriales y fondos mixtos). Según López, esto les permitió a estas entidades “evadir los principios y reglas generales de la contratación estatal establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011, entre otras”.
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También afirmó que estos pueden contratar la interventoría de los proyectos que tienen en ejecución, “generando riesgo sobre la destinación de recursos del Sistema General de Regalías”.
Sobre estos casos, el DNP aseveró que se abrieron procedimientos de control para los proyectos. También dijo que en algunos casos se ha informado a la Fiscalía para que hagan la investigación correspondiente.
López pidió también que se construya un equipo especial de fiscales “para atender esta malversación de recursos”.
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Pidió a las entidades regionales, como municipios y departamentos, a cargo de los proyectos, que intenten continuar con las obras, señalando que se pueden reestructurar para que se avance en su desarrollo.
DANIELA MORALES SOLER
Periodista de Portafolio
Fuente de TenemosNoticias.com: www.portafolio.co
Publicado el: 2024-08-26 20:32:00
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