«Los 5 de Santa Marta»: absuelven en El Salvador a los acusados del asesinato de una mujer en 1989 tras una campaña internacional por su inocencia

Los ocho eran miembros del Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional (FMLN), entonces guerrilla, y habrían considerado a la víctima, según argumentó la Fiscalía General de la República, como “informante del ejército”.

El caso fue durante meses tachado de infundado, de estar «políticamente motivado» y de constituir una «instrumentalización» del sistema judicial.

Expertos legales y organizaciones nacionales e internacionales apuntan a que su detención y proceso judicial tuvo más que ver con el activismo de cinco de ellos.

Y es que Pacheco, Gámez, Laínez y ambos Rivas pertenecen a la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES), cuyo trabajo de años fue clave para que en 2017 la Asamblea de El Salvador aprobara una ley que prohíbe la minería metálica, por considerarla una actividad que impacta el medio ambiente y la salud.

Y hoy aseguran que hay señales claras de que el gobierno del presidente Nayib Bukele tendría interés en la explotación minera, aunque no lo haya manifestado de forma pública y abierta.

En esa línea, los cinco activistas, que son también líderes comunitarios en Santa Marta, epicentro histórico de la lucha antiminera, habían denunciado la venta “sospechosa” de tierras y la aparición de presuntos intereses mineros en la zona, ubicada a más de 80 kilómetros de la capital, San Salvador, cuando fueron arrestados el 11 de enero del año pasado y acusados de asesinato y asociación ilícita.

«La jueza manifestó que la Fiscalía no logró sostener el caso, y que si se hubiera logrado sostener, habría prescrito, y que por eso el fallo era absolutorio», le dijo este viernes a la prensa, nada más conocerse la decisión, el secretario de ADES, Alfredo Leiva.

Y añadió que deben ir al juzgado a firmar cada ocho días durante el periodo en el que se pueden presentar apelaciones.

La derogación en 2016 de la Ley de Amnistía, que había estado en vigor desde 1993, posibilitó la apertura de la causa.

Ya en marzo de 2023, en una carta dirigida al gobierno, un grupo de relatores especiales de Naciones Unidas y el vicepresidente del grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias expresaban su “temor” de que el caso fuera “un intento de intimidar a quienes buscan defender el medio ambiente en el país, y en especial a quienes defienden los derechos humanos frente a los impactos negativos de la minería”.

Y a mediados de julio de ese año, varios miembros del Congreso de EE. UU. se dirigieron al secretario de Estado, Antony Blinken, para expresar su valoración sobre el proceso judicial en contra de los ecologistas.

“Tenemos preocupaciones significativas con respecto al manejo del caso por parte del fiscal general de El Salvador”, rezaba la comunicación dirigida a Blinken.

Sin embargo, el proceso siguió avanzando en medio de un secretismo casi total y de repetidos llamados a la Fiscalía para que lo desestimara.

En enero pasado, 185 académicos y abogados y 13 organizaciones legales de 26 países enviaron otra misiva abierta, esta vez a la FGR, solicitando que “abandonara de inmediato” el caso.

Las audiencias empezaron este octubre, y en ellas se presentaron “suficientes y contundentes evidencias que demuestran la culpabilidad de los imputados”, afirmó la FGR.

Mientras, la defensa sostuvo en todo momento que quedó demostrado que no cometieron el crimen.

«Hemos podido demostrar que estas personas no estuvieron en el lugar en la fecha de los hechos, y en consecuencia, la única salida, si esto es jurídico, es la absolución», declaró a la prensa el abogado defensor Pedro Cruz.

Asimismo, en un comunicado publicado este lunes, la víspera de que el juicio quedara visto para sentencia, ADES subrayó que no existe “más prueba que el relato contradictorio de un testigo protegido que primero declaró que presenció los hechos y después dijo que le contaron lo que sucedió”.

Los procesados, mayores de 60 años y con enfermedades crónicas, permanecieron nueve meses detenidos en el sistema penitenciario sin acceso a abogados ni contacto con sus familiares, hasta que en septiembre de 2023 les fue concedido el arresto domiciliario.

El año pasado la ONG Tutela Legal presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Alejandro Díaz, abogado y coordinador de dicha organización, le aseguró a BBC Mundo que este ha sido “un caso politizado e instrumentalizado por el gobierno y la Fiscalía”, en el que se hizo “un mal uso del sistema judicial”.

La suya es una de las organizaciones legales que destaca cuán lejos ha llegado este caso en contraste con otros más emblemáticos ocurridos durante la guerra civil.

“Tutela Legal y otras organizaciones hemos presentado casos desde la década de los 90, nada más acabar el conflicto armado, como los de las masacres de El Mozote o el Sumpul. Incluso pedimos la reapertura del caso Romero en 2017”, explicó Díaz.

La del Mozote se considera la mayor masacre ocurrida en América Latina en el siglo XX, y monseñor Oscar Arnulfo Romero, canonizado por el papa Francisco y conocido como «el santo de América», fue asesinado mientras oficiaba misa en 1980.

La guerra civil dejó unos 75.000 muertos y más de 7.000 desaparecidos.

“Pero en ninguno de ellos ha tenido la Fiscalía la eficacia, la voluntad o los recursos para llevarlos hasta esta etapa” a la que llegó el caso de los llamados ‘cinco de Santa Marta’, prosiguió.

“Y no deja de ser contradictorio que esos casos, que implican posibles crímenes de lesa humanidad, no hayan llegado a una vista pública y a una sentencia”.

Eso indica, dice, que existe “otro trasfondo”, una “intencionalidad”.

Pedro Cabezas, de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (Acafremin), concuerda con esa afirmación.

“Nosotros creemos que (la detención y el proceso judicial) fue un acto de intimidación para desmovilizar a una población con una fuerte organización comunitaria e históricamente activa ante una eventual derogación de la prohibición minera en el país”, le dice a BBC Mundo.

El organismo al que pertenece, al igual que ADES y otros, asegura que hay indicios de que el gobierno tendría interés en la exploración y activación del sector.

Los indicios a los que apunta la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) y otras organizaciones ambientalistas es el hecho de que en 2021 El Salvador se uniera al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF, en inglés), una entidad con sede en Canadá que, según su página web, apoya a los países «comprometidos con el aprovechamiento de la minería para el desarrollo sostenible».

También al hecho de que invitara a miembros de la junta directiva de la Alianza por la Minería Responsable (ARM por sus siglas en inglés) a visitar el país con el objetivo de analizar las potencialidades de la minería, así como la creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas.

El gobierno encabezado por Bukele, sin embargo, no ha hablado pública y abiertamente de ningún plan para derogar la Ley de Prohibición de la Minería Metálica ni de intención alguna de abrir las puertas a esa industria extractiva.

BBC Mundo solicitó una entrevista para conocer su versión sobre la cuestión, pero en el momento de publicar esta nota no habíamos recibido respuesta.

Sea como fuere, Cabezas dice que todo esto lleva a hacerse una serie de preguntas: ¿Por qué hay que crear una Dirección de Hidrocarburos y Minas si hay una ley que prohibió la minería? ¿Para qué volverse parte de un foro que la fomenta? ¿Y por qué hacer una evaluación del sector minero en el país?

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.