La iglesia en Chicago que suspendió los servicios religiosos en español por miedo a las deportaciones ante la llegada de Trump

Lozada se refiere tanto a familias de padres indocumentados que llevan décadas en Estados Unidos y cuyos hijos son estadounidenses, como a migrantes jóvenes que llegaron en años recientes, con hijos menores de edad y que temen ser separados en un proceso de deportación.

«Ya tenemos niños que están empezando a tener miedo de ir a la escuela y no encontrar a sus padres cuando vuelvan a casa», advirtió. «No queremos poner a ningún miembro de nuestra congregación en el riesgo de ser deportado», dijo al justificar la cancelación del servicio.

Durante el primer mandato de Trump se aplicó la separación de familias como una estrategia para disuadir a los migrantes de ingresar en territorio estadounidense de forma irregular.

Aunque esta política de «tolerancia cero» fue desactivada, en medio de duras críticas de organizaciones de defensa de derechos humanos, más de 4.600 niños fueron separados de sus padres.

«La amenaza es real», dijo a la BBC el feligrés David Cruseno, nacido en Estados Unidos.

Su madre entró ilegalmente desde México pero ha trabajado y pagado impuestos en Estados Unidos durante 30 años.

«Con este nuevo gobierno es casi como una persecución», le dijo Cruseno a la BBC. «Estamos siendo señalados de una forma que es injusta pese a que cooperamos continuamente con este país», agregó.

Thomas Homan, promotor de la ley que amparaba la separación de familias en el primer período de Trump (2017 a 2021), será el encargado de dirigir las políticas migratorias en su segundo mandato.

Conocido como el «zar de la frontera», Homan aseguró que Chicago será «la zona cero» del plan de deportaciones masivas, la primera ciudad donde el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglás en inglés) emprenderá la captura de indocumentados.

«El 21 de enero verán a muchos agentes de ICE en su ciudad buscando criminales y miembros de pandillas», dijo Homan frente a simpatizantes republicanos reunidos en un evento en Chicago. «Cuenten con eso, va a suceder».

Aunque las leyes vigentes prohíben los arrestos de migrantes en iglesias, escuelas y hospitales, se espera que el gobierno de Trump revoque esa normativa.

La Iglesia Metodista Unida Lincoln se ubica en Pilsen, un vecindario mayoritariamente latino en las márgenes del río Chicago. Durante décadas, los miembros de esta institución han cosechado una amplia trayectoria en la defensa de los derechos de los migrantes.

El reverendo Slim Coleman, padre de Lozada, fundó la iglesia que en 2006 dio refugio durante meses a la activista mexicana Elvira Arellano, cuya lucha contra las redadas de deportación abrió un debate en la opinión pública sobre los derechos de los migrantes indocumentados.

Diez años después, en julio de 2016, el edificio de la iglesia fue blanco de un ataque racista, luego de que apareciera una pintada en las puertas que decía: «Rape and kill Mexico! Trump rules» (¡Viola y mata a México! Trump manda).

Tres años más tarde, un hombre blanco irrumpió en la iglesia e insultó a los empleados mientras hacía gestos que reivindicaban al nazismo.

«Si llegamos a ser blanco de un crimen de odio o de un ataque de grupos antiinmigrantes, tendríamos que llamar a la policía o al FBI», dice Lozada. «Eso también pondría en peligro a los miembros de nuestra comunidad, por eso preferimos que no estén aquí», justifica de nuevo la cancelación del servicio religioso en español.

Durante el gobierno del presidente demócrata Joe Biden, Chicago fue una ciudad santuario, como se conoce a las localidades que protegen los derechos de los migrantes, en medio de los ataques de Trump y otros dirigentes republicanos, quienes exigían medidas más radicales para frenar la migración irregular.

Para desafiar a los demócratas, los gobernadores republicanos de estados del sur del país, como Arizona, Florida y Texas, decidieron enviar a los migrantes indocumentados en autobuses y aviones a ciudades santuarios y de mayoría demócrata como Chicago.

Con el tiempo, las autoridades de estas ciudades se vieron obligadas a reconocer el colapso de las instalaciones locales destinadas a la atención de los migrantes.

En el caso de Chicago, que recibió más de 25.000 migrantes en año y medio, los albergues se colapsaron y los migrantes, en su mayoría venezolanos, terminaron siendo alojados en comisarías de policía.

A pesar de la presión que la llegada de migrantes impuso a Chicago, el electorado de la ciudad y el estado de Illinois se mantuvieron fieles a los demócratas durante las elecciones presidenciales de noviembre del año pasado.

Aunque Lozada confía en el apoyo social de los habitantes de Chicago a los migrantes, considera que ser una ciudad santuario es «un arma de doble filo» de cara al inicio de un nuevo período de Trump.

«Por una parte, es genial saber que tenemos una ciudad y un gobierno estatal de nuestro lado, pero por otra nos ha convertido en un objetivo. Quieren hacer de nosotros un ejemplo».

* Con reportería del periodista de la BBC Mike Wendling.