«¿Qué crimen he cometido?», espetó el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, en el momento de su detención el martes en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila a su regreso de Hong-Kong. El exmandatario, que gobernó el país asiático entre 2016 y 2022, cuestionaba así la sorpresiva intervención policial por orden de la Corte Penal Internacional (CPI) que le acusa de crímenes de lesa humanidad. El ‘sheriff’, como era conocido ya durante su trayectoria como alcalde de Davao, lideró una guerra contra las drogas que acabó con la vida de miles de traficantes y consumidores de forma extrajudicial.
Estas son las claves de la guerra antidroga que lleva la firma del expresidente filipino.
Su fama le precedía en la alcaldía de Davao, ciudad en el sur de Filipinas, donde se hizo un nombre como ‘sheriff’ antinarcóticos. Fue la carta de presentación que le llevó a la presidencia del país, azotado por el crimen organizado vinculado a las drogas. En junio del 2016, Duterte arrasó en las presidenciales tras tocar la fibra de los votantes en campaña electoral prometiéndoles soluciones para sus principales preocupaciones relacionadas con la seguridad. Con el respaldo mayoritario de los ciudadanos, puso en marcha su controvertida política antidroga consistente en acabar con los presuntos delincuentes y consumidores a tiro limpio, sin ningún tipo de garantía judicial. Solo en los primeros 100 días de su mandato se contabilizaron unos 3.700 muertos, según datos oficiales, entre los que se encontraban desde pequeños vendedores de droga a líderes de organizaciones criminales sin olvidar adictos a las sustancias estupefacientes.
A medida que las cifras de muertos crecían de forma escalofriante y ya superaban las 4.000 en poco más de año, empezaron a alzarse las primeras voces disonantes que aglutinaban a asociaciones de defensa de los derechos humanos y a miles de ciudadanos. La policía actuaba apuntalada por grupos parapoliciales que el presidente Duterte avalaba. Proyecto Dahas, liderado por de la Universidad de Filipinas (UP), se dedicó desde entonces a contestar las cifras oficiales de fallecidos, mucho más abultadas y fruto de ejecuciones extrajudiciales.
En 2019, el presidente Duterte retiró a Filipinas del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte Penal InternacionaI, en un intento de eludir ser alcanzado por la justicia internacional. No solo eso sino que también impidió a sus investigadores la entrada en el país. Paulatinamente, la guerra sucia contra las drogas, se extendió a los activistas y militantes de izquierda, impunemente asesinados. La presión internacional iba en aumento. Sin embargo, no ha sido hasta ahora, cuando Duterte ya no es presidente, cuando la justicia ha podido intervenir con su detención.
En 2021, la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya anunció el inicio de la investigación contra Duterte por los abusos supuestamente cometidos en la su lucha antidroga. Mientras las cifras de fallecidos que aportan oenegés defensoras de los derechos humanos elevan a más de 30.000 el número de muertos, las autoridades hablan de 6.000 personas fallecidas. «¿Cuál es la ley y cuál es el delito que he cometido? No me han traído aquí por mi propia voluntad, sino por la de otros. Tienen que responder ahora por la privación de libertad», espetó a los agentes mientras era detenido en el aeropuerto filipino. Fue el propio Duterte el que retó a la CPI a detenerle antes de que se muriera, en un intento de destacar su inoperancia.
Fuente de TenemosNoticias.com: www.elperiodico.com
Publicado el: 2025-03-11 05:50:00
En la sección: El Periódico – internacional