Las decisiones de Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca se han convertido en un constante tira y afloja con la justicia estadounidense. Propuestas como la congelación de fondos federales del programa USAID, otorgar acceso a DOGE, el departamento dirigido por Elon Musk, a los datos del Tesoro estadounidense, o eliminar el derecho a la ciudadanía para los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en EEUU, han sido bloqueadas por jueces federales.
El último de estos episodios ha sido provocado por el anuncio de recuperar por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de más de 200 años que otorgaría a Trump amplios poderes para deportar a inmigrantes ilegales. Horas después de que el presidente anunciara esta nueva medida, un juez federal suspendió las deportaciones, aunque la Administración republicana ya había expulsado a 238 presuntos miembros de la organización criminal Tren de Aragua, hacia El Salvador. Pero, ¿qué dice la ley y por qué Trump la quiere recuperar ahora?
El texto legal se remonta al año 1798, en un momento en el que el Congreso de Estados Unidos aprobó un paquete de leyes para ampliar las competencias del Gobierno federal ante la amenaza de una posible guerra contra Francia. Por miedo a que los inmigrantes pudieran mostrarse más afines a los franceses que al propio Gobierno, la norma fue creada para ampliar las competencias del presidente de encarcelar y deportar a inmigrantes en tiempos de guerra.
Sin embargo, en aquel momento no estalló ningún conflicto y la ley solo se ha implementado en tres ocasiones, todas ellas durante conflictos: en la guerra contra los británicos en 1812 y en las dos guerras mundiales.
De hecho, los supuestos que establece la ley indican que solo puede ser invocada en caso de que se declare la guerra entre EEUU y «cualquier nación o gobierno extranjero» o se «perpetre, intente o se amenace con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de los Estados Unidos por parte de cualquier nación o gobierno extranjero».
No sorprende que la Administración Trump recurra al concepto de invasión contra Estados Unidos para aplicar esta ley, ya que tanto el presidente como sus aliados llevan años usando este discurso con la inmigración ilegal. En este caso, ha apuntado específicamente al Tren de Aragua, una red criminal declarada organización terrorista en enero. Según la proclamación de Trump, la banda estaría llevando a cabo una invasión «directa o indirectamente, bajo la dirección del régimen de (Nicolás) Maduro en Venezuela«.
Los críticos de esta medida argumentan que el Tren de Aragua no es una nación ni un gobierno extranjero, no forma parte del Gobierno venezolano ni recibe su apoyo, y que, además, no existe ninguna amenaza de invasión o guerra que justifique la aplicación de la ley. No obstante, Trump ya avanzó en octubre que quería usar la ley de 1798 porque «otorga una autoridad tremenda a todos para enderezar nuestro país«. «Hay que retroceder hasta esa época porque, a medida que hemos crecido, nuestra política y nuestros políticos se han vuelto más y más débiles», dijo en su momento en un mitin en Nuevo México.
Bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, las detenciones y deportaciones no pasan por el sistema judicial de inmigración, es decir, los inmigrantes no tienen opción de apelar la decisión y presentar su caso ante un juez de inmigración o uno federal antes de ser expulsados. Así, la aplicación de esta norma aceleraría los arrestos y deportaciones, allanando el camino para que Trump cumpla su promesa de llevar a cabo deportaciones masivas.
De momento, el presidente estadounidense ha justificado el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros solo en casos de inmigrantes vinculados a bandas criminales. No obstante, los acusados de pertenecer a dichos grupos no tienen forma de presentar pruebas ni de convencer a un juez de lo contrario y no existe ninguna restricción legal que le impida aplicar esta ley a otros inmigrantes.
Horas después del anuncio de Trump, el juez de distrito de Columbia James E. Boasberg ordenó suspender las deportaciones durante dos semanas, al considerar que la ley no respaldaba la acción del presidente. Además, instruyó que cualquier vuelo que hubiera salido con inmigrantes venezolanos bajo la orden ejecutiva regresara a Estados Unidos.
A pesar de la orden judicial, 238 presuntos miembros del Tren de Aragua fueron deportados a El Salvador el mismo sábado. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aprovechó la ocasión para jactarse del comunicado del juez con una publicación en X que decía: «¡Ups!..Demasiado tarde». Por su parte, el Gobierno de EEUU emitió un comunicado el domingo en el que negó haber desobedecido la orden judicial. «La Administración no ‘se negó a cumplir’ con una orden judicial. La orden, que no tenía base legal, fue emitida después de que los terroristas (del Tren de Aragua) ya hubieran sido expulsados del territorio de EEUU», declaró Caroline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca.
Fuente de TenemosNoticias.com: www.elperiodico.com
Publicado el: 2025-03-17 09:13:00
En la sección: El Periódico – internacional