Uno de los trabajos a los que más se han dedicado esfuerzos desde que comenzó el gobierno de Gustavo Petro es el proceso de actualización catastral, por medio del cual se busca obtener información actualizada del estado de predios en todo el territorio nacional y de esta forma generar nuevos ingresos para los gobiernos regionales.
Cabe recordar que a finales del año pasado la Contraloría General de la República alertó por el estado del catastro multipropósito tras encontrar que sus avances actualmente no llegan al 10%, ya que no se han revisado siquiera 100, de los 1.102 municipios en la geografía nacional.
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Aunque posteriormente el Gobierno dijo que espera tener todo listo este año, el informe de la Contraloría reveló graves fallas en la implementación del Catastro Multipropósito, señalando un avance muy bajo: solo 73 municipios del país han mostrado progreso, lo que equivale al 6,62% del total
nacional.
Esta lentitud, sumada a la baja formalización del trabajo y la falta de coordinación interinstitucional, dificulta que la oferta del Estado llegue de forma oportuna, especialmente en zonas rurales y vulnerables que carecen de información catastral actualizada, dado que el ente de control también alertó sobre el riesgo de perder recursos públicos, destacando que entre 2020 y 2023 el 46% del presupuesto asignado no fue ejecutado.
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Rodrigo Sepúlveda y Carlos Ortega
Nuevas alertas
En medio de la expectativa por lo que pasará con este proceso, desde la plenaria de la Cámara de Representantes cuestionaron esta semana el proceso de actualización catastral que en la actualidad está implementando el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
Según la congresista Alexandra Vásquez, quien ha venido haciéndole seguimiento a este tema, hay preocupación por la puesta en marcha de un proceso de actualización masiva de avalúos catastrales que impactará al 44% del territorio nacional, ya que no se estaría teniendo en cuenta el impacto económico que tendría en tiempos de desaceleración.
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“Lo preocupante no es solo la magnitud de esta medida, sino la manera en que se está implementando: sin verificaciones en terreno, sin participación ciudadana y sin mecanismos claros para evitar errores”, agregó.
Según la parlamentaria, la actualización masiva catastral que se va a implementar en 2025 a través de la Resolución 1912 del 6 de diciembre de 2024, lejos de corregir las distorsiones en el catastro, abre la puerta a más incrementos desproporcionados en los impuestos prediales.

Pesos colombianos
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“Hasta la fecha se ha venido desarrollando el proceso de actualización catastral en el país a partir de métodos indirectos como drones e imágenes satelitales y hemos evidenciado los terribles resultados que esto ha dejado. Ahora, el IGAC pretende actualizar el catastro sin siquiera verificar la realidad física de los bienes, sino aplicando fórmulas y estimaciones de valores comerciales, será un ejercicio meramente especulativo con el cual pretende actualizar el catastro en el país”, añadió.
En el mismo sentido, explicó que teniendo en cuenta los antecedentes que hay con las actualizaciones masivas a cargo de gestores y operadores catastrales sin experiencia que han ejecutado operaciones con imprecisiones metodológicas y técnicas, como el caso de Soacha, ahora es aún mayor el riesgo de que estos mismos gestores se encarguen de procesos meramente especulativos.
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“¿Dónde va a ocurrir esto? Le preguntamos al IGAC mediante derecho de petición y nos informó que dicha metodología de actualización masiva catastral se va a implementar durante el 2025 en 282 municipios de 30 departamentos, impactará aproximadamente 50,5 millones de hectáreas, lo que representa el 44,5% del territorio nacional”, especificó.
Asimismo, detalló que en Cundinamarca los municipios que serán objeto de esta metodología son: Agua de Dios, Cabrera, Chocontá, Gachancipá, Guasca, La Calera, Machetá, Mosquera, Pacho, Suesca, Tocancipá y Topaipí.
“Es alarmante que se pretenda implementar esta nueva metodología para aumentar los avalúos catastrales cuando no ha sido aprobado un proyecto de ley que permita mitigar los efectos de estos procesos. Actualmente, solo está en trámite la propuesta del Gobierno, pero no hay voluntad política para que se siga estudiando el proyecto. Solo se ha dado un debate y en junio se archiva el proyecto”, concluyó.
Fuente de TenemosNoticias.com: www.portafolio.co
Publicado el: 2025-03-27 20:07:00
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