Mary Kapron (Toronto, 1988) es la investigadora principal de Amnistía Internacional para Estados Unidos, un país que ha experimentado, según la organización, un retroceso en la garantía de los derechos humanos. Desde el incumplimiento de órdenes judiciales por parte de Trump a los ataques a la comunidad LGTBIQ, la criminalización del aborto y el continuado envío de armas a Israel cuando crecen las críticas de la comunidad internacional en su ofensiva en Gaza. En conversación con EL PERIÓDICO, advierte del peligroso efecto dominó que puede suponer el precedente de que EEUU no cumpla las normas del derecho internacional de forma impune, y reflexiona sobre quién puede pararle los pies a un Trump reforzado en este segundo mandato.
EEUU ha pasado de ser supuestamente garante de los derechos humanos a ser señalado por su incumplimiento continuo de derechos humanos. ¿Qué cambios observa sobre terreno?
Se ha producido un cambio significativo. En cuestión de meses, la magnitud y la frecuencia de las violaciones de derechos humanos en Estados Unidos han aumentado drásticamente. Ya no se trata de casos aislados, sino que forman parte de una pauta que afecta a la vida cotidiana. También nos preocupan profundamente los ataques contra las instituciones y el Estado de derecho, fenómenos que no habíamos visto antes en Estados Unidos hasta este punto.
¿Cuáles son las violaciones de derechos humanos más urgentes?
Estamos viendo un aumento de prácticas autoritarias y erosión de los mecanismos de contrapeso que violan directamente la Constitución y la separación de poderes: ataques a jueces y la negativa a cumplir las decisiones judiciales, una creciente hostilidad hacia los periodistas y graves violaciones de los derechos humanos que afectan a migrantes y solicitantes de asilo, retrocesos en el acceso al aborto, y ataques horribles contra la comunidad LGTBIQ, que se ha convertido en chivo expiatorio.
Mary Kapron, durante la entrevista con EL PERIÓDICO. / JORDI COTRINA
¿Qué hace diferente el primer mandato de Trump con el segundo?
Es mucho más intenso. Esta vez, Trump llegó mejor preparado, empezando por las más de 100 órdenes ejecutivas listas para firmar el primer día. Sus ataques contra el poder judicial, los medios de comunicación y otras instituciones democráticas se han vuelto más sistemáticos. La magnitud de los daños en tan solo cinco meses de mandato no tiene precedentes. Habiendo ganado la reelección, parece sentirse envalentonado para ir más allá, impulsando una agenda que viola los derechos humanos. Se rodea de personas de su confianza sin ningún tipo de transparencia, como Elon Musk, y va a por cualquiera que le desafíe.
¿Cómo ven los vuelos de deportación de la Administración?
Estamos sumamente preocupados por la deportación de nacionales de terceros países como Costa Rica, Panamá y en particular de ciudadanos venezolanos a El Salvador. Muchos son solicitantes de asilo con casos en curso –algunos ya han obtenido protección en Estados Unidos– y los envían a lugares donde sus derechos corren peligro y están siendo expulsados sin el debido proceso, sin que puedan contar con un abogado ni comparecer ante un juez.
¿Puede un presidente revocar unilateralmente la condición de solicitante de asilo?
No, existe un procedimiento legal que se debe cumplir. Usar la Ley de Enemigos Extranjeros para perseguir nacionalidades específicas es una clara violación de la legislación estadounidense. Aunque los tribunales intervengan, como en el caso de los venezolanos, la Administración sigue deportando y desafiando las órdenes judiciales. Es un flagrante desprecio por las resoluciones judiciales. Apoyamos los litigios en curso con informes que documentan violaciones de derechos humanos según el derecho internacional.
La investigadora principal de Amnistía Internacional para EEUU, en la sede de la organización en Barcelona. / JORDI COTRINA
¿Qué ocurre cuando un presidente ignora a los tribunales?
Cuando Trump se niega a cumplir una orden judicial, socava todo el sistema legal destinado a garantizar que el poder no se concentre en manos de una sola persona. Si un dirigente electo puede actuar sin límites legales –ignorando a los tribunales, atacando a los jueces, silenciando a la prensa–, los sistemas diseñados para proteger los derechos empiezan a derrumbarse. Aunque todavía hay espacio para que la sociedad civil ejerza presión –mediante litigios, informes públicos o defensa–, cada vez es más difícil cuando el Ejecutivo desprecia abiertamente el Estado de derecho. Pero da miedo si llega un punto en el que empiezan a ignorarlo todo por completo.
Amnistía estará acostumbrada a líderes autoritarios. ¿Cómo lidiar con ellos?
En contextos autoritarios, recurrimos a mecanismos internacionales como la ONU o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que pueden ejercer presión cuando fallan las vías nacionales. Con EEUU es más complicado porque tiene un gran poder dentro de estas instituciones. No siempre. Gaza es un claro ejemplo de cómo la presión internacional puede fracasar. Amnistía considera que lo que ocurre en Gaza constituye un genocidio, y que EEUU lo está financiando y permitiendo. Sin embargo, EEUU impone sanciones a la Corte Penal Internacional por emitir órdenes de detención contra altos funcionarios israelíes. EEUU hace tiempo dejó de ser un defensor fiable de los derechos humanos, pero hasta ahora mantenía cierto rol diplomático en la ONU. Eso también está cambiando.
Europa está intentando llenar ese vacío. ¿Está funcionando?
Es importante que la Unión Europea y otros países den un paso adelante en la defensa de los derechos humanos y exijan responsabilidades a EEUU cuando se queda corto. En el continente americano es más difícil encontrar un contrapeso: algunos gobiernos se alinean con las políticas de Trump, pero otros, como Brasil y Chile, tienen ahora la oportunidad de tomar la iniciativa, algo vital ante las nuevas políticas estadounidenses sobre migración.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente de TenemosNoticias.com: www.elperiodico.com
Publicado el: 2025-06-10 07:20:00
En la sección: El Periódico – internacional