Referendo fiscal en Colombia: así avanza la iniciativa que busca mayor autonomía para las regiones | Regiones | Economía

Luego de un primer semestre marcado por la congestión legislativa y las tensiones entre el Gobierno y el Congreso, el referendo por la autonomía fiscal de las regiones se alista para retomar su trámite en la legislatura que está por comenzar y será la última de los actuales senadores y representantes, por lo que estará enmarcada de un ambiente preelectoral.

Con el fin de conocer cómo avanza este proceso, que es diferente a la reforma al Sistema General de Participaciones, Portafolio conversó con dos de sus promotores; quienes coinciden en que, aunque la iniciativa no avanzó como se esperaba en los primeros seis meses del año, el camino está jurídicamente despejado y existe voluntad política para discutirla en el segundo semestre.

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Alfonso Portela Herrán, consultor electoral e integrante del Comité Promotor del referendo por la autonomía fiscal de las regiones, se mostró optimista respecto a lo que viene y señaló que hasta el momento se han surtido todos los pasos necesarios, por lo que esperan que la buena voluntad del Legislativo se traduzca en un proceso sin dilaciones.

“El trámite quedó relegado por la coyuntura legislativa, pero la ley establece con claridad los protocolos y los tiempos. Es un camino que no depende tanto del contenido sino del procedimiento, y eso le da una ventaja estructural al referendo. Si se cumplen los pasos, el Congreso tiene que avanzar”, aseguró Portela.

En efecto, el referendo ya cumplió su primera etapa con la recolección y validación de firmas. Según explicó Eugenio Prieto, el grupo promotor logró reunir más de tres millones de apoyos, de los cuales la Registraduría Nacional del Estado Civil certificó más de dos millones, superando con holgura el umbral exigido por la ley.

Con ese respaldo ciudadano, el proyecto de ley que convoca al referendo fue presentado formalmente y actualmente se encuentra en poder de la Comisión Primera del Senado, donde se proyectaba que tuviera un primer debate antes de junio.

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“Esperamos que quien asuma la presidencia de la Comisión convoque lo antes posible el primer debate, para que el proyecto empiece su tránsito formal en el Congreso. No estamos fuera del cronograma. Sabíamos que el primer semestre iba a estar congestionado, y ahora hay condiciones para avanzar”, dijo Prieto.

Una ruta definida por la ley

A diferencia de otros proyectos de iniciativa legislativa, el referendo cuenta con una hoja de ruta claramente establecida en la Constitución y la ley. Una vez supere los cuatro debates ordinarios en Senado y Cámara, deberá ser revisado por la Corte Constitucional, que evaluará su legalidad, la formulación de la pregunta y el cumplimiento del proceso y si pasa ese filtro, el Gobierno nacional tendrá la obligación de convocar la jornada de votación ciudadana.

En este punto, Portela fue enfático en que “la situación fiscal del país no puede usarse como excusa para aplazar el referendo, ya que está debidamente reglado y la ley no contempla como causal de aplazamiento un contexto fiscal complejo. Es un mecanismo de participación ciudadana que, en términos legales, se hace o se hace”.

Aunque la coyuntura económica del país está marcada por restricciones presupuestales, el comité promotor insiste en que el trámite debe seguir su curso y en que “los recursos para un mecanismo de participación como este están previstos en el ordenamiento jurídico. No es una decisión del Ejecutivo y el Estado está obligado a garantizar su realización”, añadió este integrante del Comité.

No hay competencia

Una de las principales aclaraciones que hacen los promotores es que el referendo no compite con la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) ni con la futura Ley de Competencias. Por el contrario, afirman que las tres iniciativas, el acto legislativo que eleva gradualmente el SGP, la propuesta de descentralización estructural y el referendo fiscal, son rutas convergentes que buscan redefinir la relación entre el Gobierno central y los entes territoriales.

“El referendo no busca modificar porcentajes de participación como hace el SGP. Va más allá: plantea que los recursos generados en los departamentos, municipios y distritos sean gestionados directamente por ellos, sin la intermediación del nivel central. Se trata de una autonomía total, no porcentual”, explicó Portela.

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Prieto, por su parte, subrayó que el referendo no solo recoge el espíritu del artículo 1 y del Título XI de la Constitución del 91, que consagra el principio de autonomía territorial, sino que también integra elementos de las otras reformas en curso. “La idea es que los territorios puedan manejar el impuesto de renta y patrimonio y asumir directamente el Sistema General de Participaciones. Es una transición hacia un modelo donde se reconozcan los derechos de las autonomías como parte de la estructura del Estado”, acotó.

En esa misma línea, explicó que el país requiere una Ley de Competencias que resuelva de fondo los problemas de eficiencia y traslado en el ejercicio de funciones, resaltando que “hoy hay unas 2.900 funciones y más del 60% se están duplicando entre niveles de gobierno. Esa superposición genera ineficiencia, pérdida de recursos y corrupción. Si logramos definir con claridad quién hace qué, y con qué recursos, podremos mejorar la calidad del gasto y fortalecer el control ciudadano”.

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Imagen generada con Inteligencia Artificial – ChatGPT

Ambiente de cautela

Más allá de lo procedimental, los promotores del referendo coinciden en que la propuesta busca una transformación profunda de la lógica fiscal en Colombia, ya que actualmente, los ingresos corrientes de la Nación se concentran en el nivel central, mientras que los entes territoriales dependen de transferencias sujetas a fórmulas y porcentajes que han venido disminuyendo con el tiempo.

“Desde el acto legislativo 01 de 2001, las transferencias han bajado del 46,5% al 20%-22%. Eso ha creado un hueco acumulado de unos $500 billones que dejaron de ir a salud, educación y agua potable en las regiones. Es una deuda histórica que ha alimentado el centralismo y debilitado las capacidades locales”, advirtió Prieto.

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Según su análisis, el referendo fiscal permitiría corregir esa tendencia y avanzar hacia un nuevo pacto fiscal, donde Nación y territorios compartan de forma equitativa la recaudación. “Ojalá lleguemos a una relación 50/50 en ingresos, como debería ser en un país que se dice descentralizado. Hoy somos una autonomía subordinada”, sostuvo.

Por último, indicaron que en el Congreso, el ambiente ha sido descrito como receptivo, aunque persisten dudas y resistencias, especialmente desde sectores que advierten riesgos fiscales, dado que “hay buena disposición, se han dado conversaciones francas y productivas con senadores y senadoras. Lo que hemos encontrado son inquietudes, no bloqueos”.

Así las cosas, el segundo semestre de 2025 será decisivo para el futuro del referendo, dado que si supera el primer debate en la Comisión Primera del Senado, se abrirá una cadena de decisiones que podrían llevar al país a las urnas en 2026; mientras que el mensaje desde las regiones es claro y apunta a que no se trata solo de una votación, sino de un rediseño del modelo de desarrollo, financiación y gobernanza local.