tres procesados por millonario fraude con títulos judiciales, la Fiscalía ya imputó cargos
📅 🕐 15 Jul 2025🔗 Fuente: eltiempo.com🕑 4 min de lectura
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Con la imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación, avanza el proceso penal contra Elena Ruiz Acosta y la pareja de esposos Kizay Salas Camargo y Heden Ahmed Pinto Fuentes, capturados por su presunta participación en un esquema fraudulento en el cobro de miles títulos judiciales en La Guajira, que superan los 2.000 millones de pesos.
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De manera preliminar, se estima que más de mil personas naturales o demandantes habrían sido afectadas por este esquema, muchas de ellas ajenas al proceso y sin conocimiento de los dineros depositados a su favor, debido a que no fueron notificadas. Algunas incluso ya habían fallecido cuando se realizaron los cobros.
La Fiscalía de Patrimonio Económico imputó a los tres implicados los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, hurto por medios informáticos, acceso abusivo a un sistema informático y falsedad ideológica en documento público.
El ente acusador confirmó que las diligencias de captura se realizaron dos en Riohacha y una en la ciudad de Bogotá. El pasado viernes 11 de julio se llevó a cabo la audiencia de legalización de capturas.
Este martes, 15 de julio, un juez con funciones de control de garantías deberá decidir si los tres señalados permanecen en libertad o si se les impone una medida de aseguramiento. Las audiencias que se han realizado de forma reservada debido a que se estarían vinculando a otras personas dentro del proceso.
Kizay Salas Camargo, capturada por su presunta participación en el fraude. Foto:Redes sociales
El caso, que ha sacudido al sector judicial de La Guajira, revela un patrón sistemático de cobros ilegales que habría comenzado en 2016 y que según una fuente oficial consistía en apropiarse de títulos judiciales próximos a prescribir, mediante el acceso indebido al sistema judicial y la utilización de documentos falsos, como poderes inexistentes para retirar el dinero. Sin embargo, solo se ha comenzado a investigar del 2020 en adelante.
Los títulos judiciales son documentos emitidos por los juzgados o tribunales, que certifican la existencia de una suma de dinero depositada en una cuenta judicial, por orden de un juez, y que está destinada a una persona o entidad específica como parte de un proceso legal.
Se generan en casos de indemnizaciones ordenadas por el juez; embargos y remates de bienes; procesos laborales, civiles o de familia, cuando hay dineros que deben ser entregados a alguna de las partes.
Accesos indebidos y claves judiciales compartidas
La acusación más robusta se dirige contra la abogada Elena Ruiz Acosta, a quien se le materializó su captura en Bogotá, tras presentarse de forma voluntaria y se le atribuye el cobro fraudulento de al menos 1.700 títulos judiciales desde el 2020, con un valor aproximado de 490 millones de pesos, aunque el monto total del desfalco aún está en revisión por parte de peritos financieros de la Fiscalía.
Mientras que Kizay Salas Camargo, quien se presentó de forma voluntaria ante la justicia, ejercía como secretaria de despacho de un de juzgado de Riohacha, y al parecer habría aprovechado el acceso a la clave del sistema judicial para manipular expedientes, modificar información y permitir el retiro indebido de fondos.
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Se conoció que el testimonio de la jueza Yaneth Luque, es una de las piezas claves para descifrar este entramado de corrupción, quien en declaración juramentada habría admitido haber entregado su clave personal de acceso al sistema judicial a su secretaria de despacho Kizay Salas Camargo, argumentando no poder manipular los equipos por quebrantos de salud.
Por su parte, el abogado Heden Ahmed Pinto Fuentes, esposo de Salas, estaría involucrado en el cobro de títulos y su captura se materializó cuando se movilizaba por el centro de la ciudad de Riohacha.
Heden Pinto Fuentes, capturado por su presunta participación en el fraude. Foto:Redes sociales
Este entramado de corrupción ha puesto en entredicho los controles internos en los despachos judiciales de La Guajira y ha abierto la puerta a una investigación más amplia sobre el uso indebido de claves, poderes falsos y retiros de dineros públicos bajo maniobras irregulares.
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