Los controvertidos toques de queda para menores en varias ciudades de Francia con los que intentan controlar la violencia vinculada al tráfico de drogas

La semana pasada se encontró el cadáver parcialmente calcinado de un joven de 19 años en las afueras de Nimes.

Al anunciar el toque de queda, vigente entre las 21:00 y las 06:00, el alcalde Jean-Paul Fournier afirmó que la situación se había vuelto «insostenible» y que los traficantes de drogas habían creado un «clima de miedo y terror».

El teniente de alcalde Richard Schieven afirmó que el toque de queda protegería a los menores que no están involucrados en el tráfico de drogas, «pero también a los niños de 12 o 13 años que son explotados por los narcotraficantes».

Béziers, a 120 km al suroeste, tiene desde el año pasado un toque de queda para los menores de 13 años entre las 23:00 y las 06:00, y en marzo pasado lo amplió a los menores de 15 años en tres barrios. La medida se aplica de abril a septiembre y durante las vacaciones escolares.

«Ningún niño de 10 años que esté en la calle a las dos de la mañana está haciendo otra cosa que causar problemas», declaró el alcalde Robert Ménard, cercano a la extrema derecha, en 2024.

A pesar de las medidas, Béziers sigue plagada de violencia. El fin de semana, unos jóvenes encapuchados atrajeron a la policía y luego los atacaron con fuegos artificiales, según informaron los medios locales.

Un incidente similar ocurrió en Limoges, en el suroeste de Francia. La ciudad también ha impuesto medidas de toque de queda para los menores de 13 años durante las vacaciones de verano, pero tras los disturbios en los que participaron 100 personas el pasado fin de semana, el alcalde Émile Roger Lombertie afirmó que los resultados de estas medidas «no eran buenos».

«Hubo disturbios protagonizados por jóvenes, nadie logró interceptarlos y detenerlos, y el toque de queda fue inútil», afirmó Lombertie al canal BFMTV, quien añadió que se necesitaba más policía para hacer cumplir las medidas.

Hace dos años, se produjo una gran indignación en Nimes cuando un niño de 10 años, Fayed, murió por una bala perdida en el barrio de Pissevin.

Otros municipios de diferente signo político han optado por imponer medidas similares este verano. Es el caso, por ejemplo, de Saint-Ouen y Trier-sur-Seine, ambas en la periferia de París, que han impuesto toques de queda para menores de 16 años.

Algunos, como Cagnes-sur-Mer, lo aplican desde hace 20 años para los menores de 13 años entre abril y octubre, aunque solo 3 niños han sido detenidos en todo este tiempo, según los datos del canal France 3.

Estas medidas han sido criticadas por organizaciones de derechos humanos como la Liga de los Derechos del Hombre, que la calificó de «totalmente inapropiada», «penalizadora y preocupante», que además contraviene las «libertades fundamentales de circulación de los menores», especialmente durante el período vacacional, según AFP.

La eficacia de este tipo de regulaciones ha sido puesta en duda por expertos como el sociólogo Sebastian Roché, autor de La nation inachevée. La jeunesse face à l’école et la police («La nación inacabada. La juventud frente a la escuela y la policía»), quien considera que se trata de medidas de corte simbólico.

«No se observan cambios en la delincuencia juvenil entre las ciudades que adoptan toques de queda y las que no lo hacen», señaló Roché al diario «20 minutes».

Por una parte, hay padres que han perdido el control de sus hijos adolescentes y son incapaces de hacer respetar ese toque de queda, afirma el sociólogo y, por otra, la policía a veces no dispone de los recursos adicionales necesarios para hacerlo cumplir.

Los últimos sucesos violentos confirman, sin embargo, una tendencia creciente que ha visto cómo la violencia relacionada con las drogas se ha extendido más allá de Marsella, el epicentro tradicional de las guerras entre bandas en Francia.

Según el Ministerio del Interior, 110 personas murieron en Francia y más de 300 resultaron heridas en actos de violencia relacionados con las drogas en 2024.

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, y el ministro del Interior, Bruno Retailleau, llevan mucho tiempo insistiendo en la necesidad de combatir el azote del tráfico de drogas.

A principios de este año, impulsaron un proyecto de ley en el Parlamento que dio lugar a la creación de dos cárceles de máxima seguridad para los barones de la droga, una nueva sección especializada de la fiscalía, poderes adicionales para los investigadores y un estatus especial de protección para los informantes.

Darmanin declaró el martes que «los primeros 17 narcotraficantes, entre ellos los más peligrosos de nuestro país», fueron trasladados a una prisión de alta seguridad en Vendin-le-Vieil, en el norte de Francia.

La ola de incendios provocados y ataques con armas de fuego que se produjo en las prisiones francesas durante la primavera se atribuyó en gran medida a las bandas de narcotraficantes, que respondían así a la campaña de represión del Gobierno.

*Con información de Laura Gozzi, de BBC News.

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