Proyecto del presupuesto nacional para 2026 propone gastos por $557 billones | Gobierno | Economía

En la antesala de que comiencen las discusiones del Presupuesto General de la Nación para el 2026, luego de la radicación formal del proyecto por parte del Ministerio de Hacienda, una vieja movida fiscal del gobierno Petro volvió a ponerse en el centro del debate económico, ya que, pese a los fracasos del pasado, se volvería intentar amarrar las cuentas de gasto a una ley de financiamiento o reforma tributaria.

De acuerdo con fuentes del Gobierno Nacional, el total de gasto proyectado por la cartera de Germán Ávila para el año entrante es de $557 billones, monto que supera los $551 billones en precios corrientes y los $534 billones a precios constantes que se dieron a conocer durante el consejo de ministros de hace dos semanas en la Casa de Nariño.

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Parte de estos recursos irán amarrados a una ley de financiamiento o reforma tributaria, con la que el Ejecutivo espera recaudar cerca de $19 billones de pesos, de acuerdo con las cuentas preliminares que se han revelado. Con esto, nuevamente se intentará la movida que no le resultó al presidente Petro el año pasado y que derivó en un recorte del gasto para la vigencia en marcha por $12 billones.

De igual forma, las alertas se centran en que pese a que los llamados que se han hecho hasta el momento para que se recorte el gasto y el país entre en una senda de disciplina fiscal, las cuentas presupuestales del año que viene son más altas que las de éste y se concentran mayoritariamente en los rubros de funcionamiento.

Así las cosas, el siguiente momento clave de este debate vendrá el próximo mes, ya que la presentación de la Reforma Tributaria (ley de financiamiento) será a finales de agosto, según lo anunciado por el Ministerio de Hacienda.

Presupuesto más alto, pero sin mayor inversión

Aunque el Gobierno ha insistido en que el gasto proyectado se alinea con las metas del Plan Nacional de Desarrollo, lo cierto es que la composición del presupuesto evidencia una fuerte presión de los gastos rígidos, especialmente los asociados al funcionamiento del Estado. Partiendo de las cifras que se conocen al cierre de esta edición, solo entre 2022 y 2026, el presupuesto nacional ha crecido en más de $110 billones reales, pero casi el 90% de ese incremento ha sido absorbido por el funcionamiento.

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En los cálculos iniciales del Minhacienda se habló de que los recursos destinados a este rubro pasarán de $253,9 billones a $353,4 billones en ese mismo periodo, lo que implica que el gasto corriente del Estado sigue creciendo a un ritmo muy superior al del Producto Interno Bruto (PIB).

En contraste, la inversión pública, aunque se proyecta en $81,9 billones para 2026, mantiene una tendencia descendente en términos reales y cae como proporción del presupuesto total, al pasar del 19,8% en 2022 al 15,3% en 2026.

Este proyecto apenas empieza su trámite en el Congreso de la República.

Imagen de ChatGPT

La tendencia preocupa especialmente porque mientras el gasto se expande, los ingresos estructurales no crecen al mismo ritmo, lo que amplía el déficit fiscal y reduce los márgenes de maniobra del Gobierno. De hecho, según fuentes cercanas al Ministerio, el crecimiento proyectado del ingreso máximo para 2026 no superaría el 1%, muy por debajo del incremento del gasto total, estimado en cerca de $24 billones respecto al 2025.

Riesgos de repetir un error

Más allá de estas cuentas, el nuevo intento de condicionar el financiamiento del presupuesto a la aprobación de una reforma tributaria, que ya fracasó una vez en esta administración, llama mucho la atención, dado que las condiciones políticas no han mejorado. No hay que olvidar que en 2024, el Congreso hundió una propuesta de ley de financiamiento por $9,8 billones y negó la ampliación de los cupos de endeudamiento, lo que obligó al Ejecutivo a hacer un ajuste de emergencia.

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Ahora, el panorama se repite con nuevas cifras, pero con las mismas debilidades estructurales como falta de consensos legislativos, un Congreso fragmentado, elecciones presidenciales en el horizonte y un calendario que juega en contra del trámite de una reforma fiscal profunda.

La nueva reforma, según fuentes oficiales, incluiría ajustes al IVA y al impuesto a la renta personal para los contribuyentes de mayores ingresos, lo cual podría aportar a la sostenibilidad fiscal. Sin embargo, las perspectivas de su aprobación son inciertas, especialmente por el desgaste político que implicaría gravar a nuevos sectores en un contexto de desaceleración económica.

Este proyecto apenas empieza su trámite en el Congreso de la República.

Imagen de ChatGPT

Cabe recordar que hace unas semanas Fitch Ratings advirtió en su más reciente informe que considera poco probable que Colombia logre el ajuste fiscal neto de un punto del PIB previsto para 2026, dado que depende casi por completo de ingresos adicionales derivados de una reforma tributaria cuya viabilidad política está en duda.

En su análisis, sostiene que el plan fiscal del Gobierno contempla reducir el déficit del gobierno central en 4 puntos del PIB hacia 2030, combinando recortes de gasto (2,5 puntos) y aumentos de ingresos (1,5 puntos); pero deja claro que hasta ahora no se han detallado medidas concretas de consolidación, y el contexto político y electoral limita seriamente el margen de acción.

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Además, resalta que la deuda pública continuará creciendo en los próximos años, pasando del 57% del PIB en 2024 al 63% en 2026, alejándose cada vez más del promedio de países con calificación ‘BB’ (54%).

La presión de los gastos rígidos

Desde el Gobierno se ha defendido que gran parte del crecimiento del presupuesto obedece a obligaciones legales inmodificables, como las pensiones, el Sistema General de Participaciones, la salud y las transferencias al Magisterio. De hecho, solo el rubro de pensiones superará los $84 billones en 2026, mientras que la salud y el Fomag concentrarán otros $50 billones adicionales.

Este proyecto apenas empieza su trámite en el Congreso de la República.

Imagen de ChatGPT

Aunque el Ministerio de Hacienda destaca el esfuerzo por reducir el servicio de la deuda (que pasará de $112,6 billones a $99,3 billones), el ahorro derivado del fin de pagos al FMI no es suficiente para compensar el crecimiento de otros compromisos presupuestales. Así, el peso del gasto rígido sigue ampliándose y deja cada vez menos espacio para la inversión productiva y los proyectos regionales.

De esta manera, la gran incógnita es si el Congreso aprobará una nueva ley de financiamiento o si, como en 2024, el país tendrá que recurrir nuevamente a recortes de emergencia y deuda adicional. Por ahora, el presupuesto 2026 sigue su curso legislativo con una parte significativa de sus fuentes pendientes de definición.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO
Periodista de Portafolio