Seguridad social de docentes oficiales en Colombia: cifras del régimen especial del magisterio y del Fomag | Gobierno | Economía

En Colombia, la docencia se desarrolla bajo dos esquemas laborales distintos. Mientras los maestros del sector privado se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo y deben afiliarse al régimen general de seguridad social, los docentes del sector oficial cuentan con un régimen especial, sustentado en los decretos 2277 de 1979 y 1278 de 2002.

Esta normativa regula el ingreso, permanencia, ascenso y retiro de quienes hacen parte de la carrera docente. Dentro de este marco, la seguridad social se organiza mediante un sistema particular, cuyo eje es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

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El Fomag fue creado por la Ley 91 de 1989 como una cuenta especial para garantizar el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, pensiones y servicios de salud de los docentes oficiales y sus beneficiarios. Su administración está en manos de la Fiduprevisora S.A., que gestiona los recursos y supervisa la contratación de servicios en todo el país.

Con ese contexto, de acuerdo con un documento del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, durante el 2024, el número total de afiliados al Fomag fue de 819.114 personas. Esta cifra incluye 256.285 docentes activos en propiedad, 78.104 pensionados que permanecen en servicio, 153.106 pensionados retirados y 323.893 beneficiarios familiares. El total representa una leve disminución frente a 2022, cuando se registraron 821.272 afiliados, pero una recuperación respecto a 2023, cuando se redujo a 815.179.

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La particularidad del régimen docente radica en que permite la compatibilidad entre salario y pensión hasta la edad de retiro forzoso de 70 años. Según la Fiduprevisora, en 2024 había 78.104 docentes en esta condición, equivalentes al 23% de los maestros activos. En 2021 el porcentaje alcanzaba el 27%. Esta figura genera un doble pago por parte del Estado y plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema.

El número de pensionados afiliados al Fomag ha venido creciendo de manera sostenida. Entre enero de 2020 y mayo de 2025 pasó de 212.512 a 245.914, un aumento del 15,7%, equivalente a más de 33.000 nuevos jubilados. Con este crecimiento, el magisterio representa cerca del 12,3% del total de pensionados del país, aunque sus docentes activos apenas constituyen el 1,37% de la población ocupada.

En el ámbito financiero, el desbalance del régimen pensional es evidente. Mientras los aportes contributivos de los docentes y las entidades territoriales sumaron $2,8 billones en 2024, el gasto total en pensiones fue de $12,6 billones.

La diferencia, superior a $9,8 billones, debió ser cubierta con recursos del Presupuesto General de la Nación. “Aunque el sistema cuenta con una base contributiva, su sostenibilidad depende en gran medida de las transferencias estatales”, advierte el informe.

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Un total de 78.104 maestros reciben simultáneamente pensión y salario, equivalentes al 23% de los docentes activos.

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Un nuevo modelo de salud

El Fomag también administra la afiliación en salud. Desde mayo de 2024 opera bajo un modelo centralizado en cabeza de la Fiduprevisora, que sustituyó a los 10 operadores regionales. El sistema cuenta con una red de 2.800 prestadores y un sistema de información para unificar historias clínicas. Sin embargo, los resultados han sido objeto de cuestionamientos. La Contraloría General identificó irregularidades por más de $82.000 millones en auditorías y contratos sin respaldo presupuestal.

El nivel de inconformidad de los usuarios se refleja en las cifras de quejas. En 2024, el régimen del magisterio registró 56 Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) por cada 1.000 pacientes, frente a un promedio nacional de 33. El indicador ha mostrado un aumento constante desde 2019, lo que confirma que los cambios no han resuelto los problemas de acceso ni de calidad.

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El gasto total del Fomag alcanzó $21,9 billones en 2024, con un déficit pensional superior a $9,8 billones.

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En el componente de aportes, el esquema establece que los docentes oficiales destinan el 4% de su salario a salud, mientras que para pensión aportan el 16% del ingreso base de cotización, del cual los empleadores asumen el 75% y los trabajadores el 25%. El riesgo laboral es financiado en su totalidad por las entidades territoriales.

El análisis de las finanzas del Fomag muestra un aumento del 59% en sus ingresos nominales entre 2021 y 2024, al pasar de $13,8 a $21,9 billones. No obstante, en términos reales, descontando la inflación, el crecimiento fue de solo 20,8%. El componente pensional concentra más de la mitad de los recursos, con un incremento de $6,18 billones en 2021 a $7 billones en 2024. En contraste, los ingresos destinados a salud cayeron en 29% en términos reales, de $2,08 billones en 2021 a $1,47 billones en 2024.

El gasto del fondo también aumentó. Entre 2020 y 2024 pasó de $12,4 billones a $21,9 billones en cifras nominales, lo que significa un incremento del 76,6%. En valores constantes, el crecimiento real fue de 26,9%. El componente de capital mostró un aumento inusual, de $0,1 billones en 2021 a $1,75 billones en 2024, mientras que los ingresos por sanciones por mora cayeron de $0,21 billones a $0,11 billones.

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El régimen del magisterio registró 56 quejas por cada 1.000 pacientes en 2024, frente a 33 del promedio nacional.

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Poblaciones envejecidas

El informe revela que el sistema afronta una tensión demográfica pues la planta docente está envejecida y la proporción de pensionados en servicio restringe el ingreso de nuevos profesionales. De acuerdo con el Observatorio en 2022 el 27% de las personas con título de pregrado en educación no estaba vinculado a un empleo. La coexistencia de maestros que reciben pensión y salario al tiempo con egresados que no logran vincularse plantea un dilema de eficiencia y equidad en el sistema.

Los docentes vinculados antes del 31 de diciembre de 1980 gozan de condiciones más favorables. El Decreto 2277 de 1979 les permite jubilarse con 20 años de servicio y recibir el 75% del último salario, sin requisito de edad. Quienes ingresaron después se rigen por el Decreto 1278 de 2002, que exige simultáneamente edad y tiempo de cotización: 57 años para mujeres, 62 para hombres y al menos 25 años de aportes.

El carácter especial del régimen docente se expresa en coberturas que superan ampliamente las del sistema general. En el país hay alrededor de 2 millones de pensionados y el magisterio concentra más del 12% de ellos, pese a representar menos del 2% de los ocupados. Esto refleja que el acceso a pensión es más alto que en otros sectores, aunque con un costo fiscal significativo.

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Entre 2020 y 2025, los pensionados del magisterio pasaron de 212.512 a 245.914, un aumento del 15,7%.

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El reto central es la sostenibilidad. El déficit de más de $9,8 billones anuales obliga a destinar una porción creciente del presupuesto nacional al financiamiento del régimen. La Contraloría, en sus informes de auditoría, ha advertido sobre los riesgos de sostenibilidad y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control. “El sistema combina logros en cobertura con retos en equidad interregímenes y sostenibilidad financiera”, señala el documento.

El análisis financiero confirma que la presión sobre el presupuesto es creciente, pero también que el régimen ha garantizado una mayor estabilidad y acceso a los docentes que el sistema general. Con 42.000 nuevos afiliados anuales en promedio, el desafío, dicen, será mantener el equilibrio entre garantizar derechos adquiridos y ajustar las condiciones para asegurar la viabilidad a largo plazo del modelo.

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DIANA K. RODRÍGUEZ T. 
Periodista de Portafolio