La sentencia de la JEP contra siete exjefes del antiguo secretariado de las Farc | Regiones | Economía

A las 8 de la mañana de este 16 de septiembre, la Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP leerá la sentencia contra Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, y otros seis exjefes del antiguo secretariado de las Farc, quienes reconocieron su responsabilidad por secuestros y otros crímenes cometidos durante el cautiverio de más de 4.200 personas.

En esta decisión también están implicados Pastor Lisandro Alape Lascarro, Jesús Toncel Redondo (‘Joaquín Gómez’), Jaime Alberto Parra Rodríguez (‘El Médico’), Julián Gallo Cubillos (‘Carlos Antonio Lozada’), Jorge Torres Victoria (‘Pablo Catatumbo’) y Rodrigo Granda Escobar (‘Ricardo Téllez’). Todos ellos admitieron su responsabilidad individual y colectiva por delitos como secuestros, desapariciones forzadas, torturas, homicidios y violencia sexual, considerados crímenes de guerra y de lesa humanidad.

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La sanción que impondrá la JEP no será de prisión ordinaria, sino una sanción propia, prevista en el artículo transitorio 13 del Acto Legislativo 01 de 2017 y desarrollada por la Ley Estatutaria 1957 de 2019, que regula el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Esta sanción incluye la restricción efectiva de la libertad —en un lugar determinado y bajo supervisión permanente—, así como la ejecución obligatoria de trabajos, obras y actividades restaurativas orientadas a reparar a las víctimas y reconstruir los territorios afectados por el conflicto. Tendrá una duración de entre 5 y 8 años. El incumplimiento de las condiciones impuestas puede derivar en sanciones más severas o incluso en la pérdida de beneficios y remisión a la justicia ordinaria.

Más de 4.200 víctimas de secuestro se acreditaron para participar en este macrocaso, cuya investigación fue liderada inicialmente por la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll y la etapa de juicio, por el magistrado Camilo Suárez Aldana. Se trata de víctimas que sufrieron directamente el secuestro, así como vejámenes, torturas y violencia sexual durante extensos y dolorosos cautiverios. Entre ellas hay campesinos, ganaderos, comerciantes, estudiantes, líderes políticos, integrantes de la Fuerza Pública y otros ciudadanos. 

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Hace unos días, tras el reconocimiento por parte del último Secretariado de las Farc del secuestro, asesinato y desaparición de Orlando Alberto Toledo Lugo, la JEP ordenó a la Registraduría Nacional entregar a su esposa el certificado de defunción, que la justicia ordinaria había negado durante años.
Carmen Mirke representa una de tantas historias que reflejan la tragedia de las víctimas que tuvieron que pasar 17 años de incertidumbre para que se confesara que su esposo fue asesinado pocos días después del secuestro, al intentar escapar.

La JEP ha recibido más de 1.200 escritos, ha escuchado a casi 800 víctimas y ha llevado a cabo 95 actividades en las que sus testimonios confrontaron directamente a los responsables.

Otras historias conmovedoras, como las de Joaquín Contreras y Gilma Cárdenas, oriundos de Yondó (Antioquia), dan cuenta del dolor persistente.

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El pasado 17 de agosto se cumplieron 24 años desde que su hijo, Jhon Alexander, fue secuestrado y desaparecido por el bloque Magdalena Medio de las extintas Farc en Barrancabermeja, sin que hasta hoy hayan recibido una respuesta. “Siempre hemos recibido negativas. Nunca nos han dicho por qué lo secuestraron, dónde está, o al menos, dónde están sus restos para darle cristiana sepultura”, relató Gilma, quien camina con bastón y llevó consigo una pintura de su hijo, retratado con ruana y sombrero.

Joaquín añade: “Nos tienen bregando para saber dónde está. Son reacios a nuestras preguntas. Nunca hemos sabido la verdad, y estamos en ceros todavía”.

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Durante la audiencia de verificación realizada el 31 de julio, la JEP reiteró que los comparecientes deben seguir aportando verdad, no solo en este caso. “Ya se cumplió con el auto de correspondencia, y para la Sección se considera satisfecha y cumplida la verdad plena, suficiente y detallada”, explicó el magistrado Camilo Suárez.

“El objetivo es verificar el patrón criminal, y eso fue suficientemente acreditado. Existen verdades individuales, donde seguramente el reparo de Sigifredo estará en ese entorno. Nada es gratuito en esta jurisdicción: todo beneficio tiene un costo, y ese es el régimen de condicionalidad, que exige el aporte a la verdad, garantías de no repetición y participación en un proyecto restaurativo”, añadió.

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La sentencia aún no quedará en firme hasta que se surtan los trámites de apelación por parte de la defensa de los exfarc. Mientras tanto, este jueves, la JEP leerá otra condena contra 12 exmilitares del Batallón La Popa, acusados por ejecuciones extrajudiciales —los llamados ‘falsos positivos’— en Valledupar.

EL TIEMPO JUSTICIA