Bolsonaro tiene cáncer de piel pero su vida no peligra, según los médicos | elperiodico.com
Jair Bolsonaro tiene cáncer de piel y debe someterse un seguimiento clínico para reevaluar «periódicamente» su estado. El diagnóstico se confirmó tras su ingreso a un hospital de Brasilia por otras indisposiciones: vómitos, hipo y presión baja. El boletín DF Star informó sobre la existencia de dos lesiones cutáneas con «presencia de carcinoma de células escamosas» de nivel intermedio. Cláudio Birolini, médico de la institución, dijo que esas lesiones fueron extirpadas, lo que elimina la necesidad de la quimioterapia.
El expresidente, quien la semana pasada fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por haber encabezado una «organización criminal» que intentó mantenerse en el poder, fue dado por el DF Star y se dirigió a su domicilio, donde cumple una prisión domiciliaria que es previa a la condena. La impuso en su momento el juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ante los indicios de que se planificaba una fuga del país.
Lesiones de piel
Las lesiones en la piel habían sido consideradas «sospechosas» en abril pasado cuando el excapitán del Ejército se sometió a una cirugía. El entorno familiar y político de Bolsonaro considera que sus problemas de salud son razón suficiente como para que cumpla la sentencia en su casa. Esta situación de dolencias continuas promete ser el fundamento de los abogados de Bolsonaro en una probable solicitud al STF. «El expresidente está aterrado ante la posibilidad de ser enviado a una celda del Complejo Penitenciario de Papuda (en Brasilia)», señaló el diario paulista ´Folha`. «Teme enfermarse allí y no recibir la atención médica adecuada, o ser maltratado por otros presos con los que eventualmente tenga que convivir».
El Congreso es a su vez escenario de movimientos que apuntan a la obtención de beneficios para Bolsonaro y los otros militares y civiles condenados por el STF. La ultraderecha promueve una amnistía que incluya además a los participantes de la embestida contra las sedes de los poderes públicos el 8 de enero de 2023. El gobernante Partido de los Trabajadores (PT) rechaza esa iniciativa. El presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, intenta a la par un acuerdo entre derechistas y sectores de centro para reducir las penas de los sentenciados.
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