Procuraduría abre investigación a exalcalde de Riohacha por contrato de puente en La Guajira | Infraestructura | Economía

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exalcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cortés (2020-2023), por presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato para la construcción de un puente sobre la desembocadura del río Ranchería, en la avenida Primera de ese distrito de La Guajira. En la misma decisión también fueron vinculados el exsecretario de Infraestructura y Servicios Públicos, Samir José Cardozo; el entonces supervisor del contrato, Ronald Neil Pérez Ojeda; la exrepresentante legal del consorcio interventor Geo-Terra, Vianey Lara Castro; y el supervisor del convenio marco que financió la obra, Francisco Atilano.

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De acuerdo con el ente de control, en el desarrollo del contrato se habrían presentado modificaciones sustanciales a los diseños originales. La propuesta inicial contemplaba la construcción de un puente de cuatro carriles con andenes y cicloruta, pero se ejecutó un cambio hacia una estructura de menor capacidad, de solo dos carriles, con la eliminación de varios de los componentes proyectados. Según lo documentado en el expediente, la justificación entregada por los responsables habría sido la inviabilidad financiera de la propuesta inicial.

Posible conflicto de interés en entrega de estudios

En el curso de la investigación, la Procuraduría identificó un posible conflicto de interés en el papel desempeñado por el entonces secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, Samir José Cardozo. Según la información recopilada, Cardozo habría entregado a la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTerritorio) los estudios y diseños que sirvieron de base para la contratación de la obra, mientras que de manera paralela ejercía como representante legal y socio de la firma que elaboró los diseños arquitectónicos.

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La actuación del exfuncionario será objeto de verificación en el proceso disciplinario, pues el órgano de control busca determinar si incurrió en una incompatibilidad al intervenir en el trámite administrativo de una contratación pública en la que estaba involucrada una compañía de la cual formaba parte. Para la Procuraduría, este punto reviste especial atención porque compromete la transparencia en el manejo de los recursos públicos y la imparcialidad en la definición de los parámetros técnicos de la obra.

Interventoría bajo observación por suministro de diseños

La investigación disciplinaria también se extiende a la actuación del consorcio Geo-Terra, encargado de la interventoría de la obra. De acuerdo con la Procuraduría, esta firma habría suministrado los nuevos estudios y diseños que actualmente se encuentran en ejecución. El órgano de control advirtió que esta situación «desdibuja su rol de control y vigilancia al generar un posible conflicto al supervisar sus propios estudios y diseños y compromete su independencia técnica frente al contrato de obra».

El ente de control analiza si la participación de la interventoría en la elaboración de los estudios que luego debía vigilar constituyó una falta disciplinaria, al diluir la separación de funciones entre quienes diseñan y quienes controlan. Según la investigación preliminar, este hecho podría haber limitado la capacidad de ejercer una supervisión independiente y con rigor técnico sobre la construcción del puente en la avenida Primera de Riohacha.

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Visita de la Procuraduría

Archivo particular

En esta etapa, la Procuraduría adelantará la práctica de pruebas documentales y testimoniales para establecer la responsabilidad disciplinaria de los investigados. El proceso se encuentra bajo reserva y no tiene un plazo fijo de duración, de acuerdo con la normatividad vigente.

PAULA GALEANO BALAGUERA
Periodista de Portafolio