José Luis Farías: «Ecos de Justicia y Libertad»

Lapatilla

noviembre 30 2025, 8:22 am

La llegada a Coro

 Era el mes de agosto de 1623 cuando el bergantín «Nuestra Señora del Buen Suceso», con la vela mayor desgarrada por los vientos del canal de la Mona, fondeó en la bahía parda de la Vela de Coro, entre espumas y arena. Los marineros maldecían la travesía, los soldados bostezaban de tedio y salitre, y los pocos pasajeros —dos comerciantes, un fraile dominico y un cirujano con cara de vinagre— se persignaban discretamente al divisar la torre de la iglesia de San Clemente, recortada contra el cielo enfermo del trópico.

En medio de todos, y al frente, de pie sobre la cubierta mojada, estaba Don Diego Gil de la Sierpe. Erguido como un galán viejo que no se resigna a envejecer, vestido con una casaca granate bordada en hilo de plata —más apropiada para la corte que para estas tierras remotas—, mantenía la mirada clavada en la ranchería, con expresión altiva y despectiva. No hablaba, no respondía, y si alguien osaba dirigirle la palabra, contestaba con un resoplido breve, como si espantara una mosca invisible. Era el nuevo Gobernador y Capitán General Interino de la Provincia de Venezuela, nombrado por la Real Audiencia de Santo Domingo. Lo decían los sellos de la cédula, los lacres intactos, las firmas temblorosas de los oidores. Lo proclamaba él mismo con una voz de mando que no admitía dudas. Pero ni en su linaje, ni en su pasado, ni en los pergaminos que traía, se encontraba razón para tan alto nombramiento. Aquel hombre, de manos pequeñas y huesudas, de voz seca y sin matices, parecía más un escribano que un Gobernador; más un intrigante de sacristía que un soldado del Rey.

Al desembarcar, lo recibió en la playa un grupo desganado de autoridades locales: el teniente de justicia, un alguacil cojo, el escribano mayor con su pluma goteando tinta vieja. Hubo salvas de mosquetes, cuatro toques de campana, y un sermón improvisado por el párroco, quien se quejó del calor entre líneas latinas.

Al día siguiente, tomó posesión formal del cargo en el Cabildo de Coro. El acta fue leída con voz monótona por el escribano, y rubricada sin entusiasmo por los presentes. Don Diego, al recibir la vara de mando, sonrió apenas, más por cálculo que por gozo. Había llegado a su puesto, pero ya en su mirada brillaba un rencor antiguo; no contra nadie en particular, sino contra el mundo. Como quien se sabe destinado a una obra oscura, pero necesaria.

Antes de cumplirse una semana, comenzaron los primeros descontentos. Ordenó requisas de ganado sin compensación alguna, alegando necesidad del “real servicio”. Arrestó a un vecino portugués por “andar con exceso de alegría” durante una misa. Se hospedó en la mejor casa de la ciudad, desalojando con pretextos legales a una viuda con tres hijas. Hizo demoler un altar porque «olía a idolatría». Y aún no había escrito a Caracas. Cuando finalmente lo hizo —una carta breve, de letra rígida y sin floritura—, no pidió, sino ordenó que el ayuntamiento lo reconociera como Gobernador y Capitán General de la Provincia de Venezuela, conforme a lo dispuesto por la Real Audiencia de Santo Domingo.

En Caracas, la carta fue recibida con ceño. El Cabildo, aún sumido en el calor de septiembre, deliberó por horas. Algunos dudaban de la legalidad del nombramiento;, otros, de la conveniencia de enfrentarse a él. Pero pesaron más la costumbre y el temor a las represalias: lo reconocieron oficialmente el 12 de septiembre de 1623. Y así, la Sierpe se deslizó al interior del cuerpo de la Provincia.

Era un tiempo de polvo y de silencio. Las ciudades eran apenas aldeas orgullosas, y el orgullo no venía de la nobleza sino del calor. Caracas, en lo alto de la montaña, vivía del cacao, de los rumores, y de los decretos que llegaban tarde. Los criollos comenzaban a mirarse unos a otros con la sospecha de ser distintos de los peninsulares; aún no con claridad, pero sí con una vaga sombra en el alma. Como quien presiente que el que manda no habla su idioma del todo. Don Diego lo sabía. O lo intuía. Por eso, su llegada a Caracas, semanas después de haber asegurado el poder en Coro, fue más una ocupación militar que un acto de gobierno. Entró a caballo, seguido de diez soldados a pie, y de un tamborilero que no tocó tambor alguno. Mandó cerrar la Plaza Mayor y leyó, en voz alta, su propia proclamación, sin permitir que el escribano corrigiera los errores de latín. Apenas instalado, comenzó a promulgar ordenanzas con rapidez y furia. Multó a los comerciantes, prohibió fiestas nocturnas, mandó revisar los libros de cuentas del Cabildo. Aseguraba actuar en nombre de Dios y del Rey, pero en la noche hablaba a solas, en voz baja, con un retrato ovalado que guardaba entre sus ropas. Dicen que era el rostro de una mujer, pero nadie supo nunca quién.

Los caraqueños comenzaron a murmurar. Al principio en voz baja, luego con sorna, y, finalmente, con ira. El Gobernador parecía escuchar solo lo que quería oír. Se encerraba por días, y salía solo para dictar órdenes absurdas: que se contaran los perros, que se prohibiera el canto de gallos antes del alba, que se quitaran las campanas de una iglesia por sonar con “inmodestia”. Así fue creciendo la sombra. Día a día, decreto tras decreto, ofensa tras ofensa. Cuando llegó diciembre, la ciudad, acostumbrada a su clima primaveral, empezó a hervir de otro modo. El Cabildo se reunió en secreto. Y en voz baja, en latín y en castellano, entre rezos y votos, se empezó a gestar una decisión sin precedentes.

El Cabildo de los clamores

La mañana del 31 de diciembre de 1623 amaneció con una bruma extraña sobre la ciudad. Las campanas tocaron con pereza la hora de tercia, pero sus ecos se diluyeron entre la humedad, como si también ellas dudaran de su deber. En el salón del Cabildo, los regidores se iban reuniendo con pasos lentos y semblantes de granito. No había risas, ni saludos, ni los usuales murmullos entre colegas. Era día de decisiones.

Don Alonso Félix de Aguilar, alcalde ordinario, llegó primero. Llevaba la capa corta y deshilachada, pero caminaba con una firmeza poco habitual en su edad. Tras él, el regidor, don Alonso Rodríguez Santos, un criollo silencioso de nariz aguileña, que solía opinar poco, pero observaba con una intensidad que incomodaba. Se unieron después el escribano mayor, el procurador general, el alférez real, y, finalmente, don García de Loaysa, alguacil mayor, un hombre recio, de mirada firme, que hablaba poco y siempre en voz baja, como si los secretos le fuesen naturales.

—¿Estamos todos? —preguntó Aguilar.

—Faltan los cobardes —respondió Rodríguez Santos.

Nadie rió.

La sesión comenzó sin ceremonia. El escribano leyó la lista de agravios recibidos desde la llegada del Gobernador. Los nombres, los castigos, las expropiaciones, las humillaciones públicas, los abusos de autoridad. Las palabras “agravios” y “fuerzas” se repitieron tanto que perdieron filo, pero los rostros de los regidores no se suavizaron: la cólera silenciosa de los criollos no se expresaba con gestos, sino con una rigidez casi militar.

Don García de Loaysa pidió la palabra y habló con franqueza:

—No se trata solo de los excesos de un hombre. Se trata de si esta ciudad ha de ser esclava o sujeta a derecho. Que un Gobernador sea designado por la Audiencia, sí pero que nos pisotee como ganado, no.

El alférez real asintió.

—Nosotros representamos al Rey, como él. Si no lo detenemos, nos hacemos cómplices.

Se miraron unos a otros, buscando cobardía en los ojos ajenos. No la hallaron.

El acta fue redactada con sobriedad, pero en ella latía una rebelión callada. Decía:

«…son tantos los clamores de las personas que comúnmente se oyen, de los agravios y fuerzas que han recibido, que importa para su consuelo que se haga con toda brevedad la prueba e información de todo…»

Y más adelante:

«…se resolvió por unanimidad y para mejor servicio de Dios y del Rey, privar del gobierno al dicho don Diego Gil de la Sierpe y hacerlo preso…»

El alguacil mayor, don García de Loaysa, fue comisionado para la prisión y se mandó pregonar en la Plaza Mayor y demás sitios públicos que nadie, «de cualquier calidad que sea», tuviera por Gobernador al dicho don Diego Gil de la Sierpe, «so pena de traidor al Rey».

Ese mismo día, por la tarde, con el frío de la neblina decembrina mojando los tejados, Loaysa se dirigió a la casa de gobierno con diez hombres armados. Tocaron la puerta con fuerza. Un esclavo mulato abrió, pálido. Dentro, Don Diego cenaba solo, rodeado de papeles y libros. Al ver al alguacil, no se inmutó.

—¿Venís a anunciarme otro rumor de mercado? —preguntó con ironía.

—Vengo a hacer justicia en nombre del Rey.

El Gobernador se levantó despacio, se arregló el cuello, y, sin dejar de mirar a Loaysa, respondió:

—Entonces, por dignidad, no me esposéis.

Loaysa no respondió. Tampoco hizo ademán alguno. Don Diego salió caminando entre los soldados, sin una sola palabra, sin un solo gesto de miedo. Algunos vecinos lo vieron pasar y bajaron la vista. Otros lo siguieron en silencio. Nadie habló.

Fue encerrado «en los altos de las casas del Cabildo, para que esté con más decencia». La celda tenía una silla, una mesa, un catre, y una pequeña ventana con vista al norte. Desde allí se veía El Ávila, como una promesa inútil.

La noticia corrió como una centella por la ciudad y más allá. En las afueras, los esclavos cantaban con menos temor, los frailes discutían en voz alta, y los comerciantes comenzaron a sumar sus cuentas sin esperar un nuevo impuesto arbitrario. Era como si la pequeña ciudad hubiera respirado por primera vez en meses. Pero no era libertad aún. El Cabildo sabía que lo hecho era grave, que estaban, en verdad, rozando los límites del poder que les correspondía. No había precedente para apresar a un Gobernador. Mucho menos para desafiar una autoridad nombrada por la Real Audiencia. Por eso, el 10 de febrero, en Cabildo reunido, decidieron lo siguiente:

—Remitir al preso a España, para que el Consejo de Indias en Sevilla juzgue.

—Comisionar al capitán Miguel de la Torba Calderón para conducirlo hasta La Guaira.

—Designar al piloto Pedro de Lovera para custodiar la fragata.

—Mandar que todos los gastos del proceso sean cubiertos con los bienes de Don Diego, los cuales ya han sido embargados.

Y aún más importante: enviar a Bartolomé de Monasterio, Procurador General en Madrid, con poder especial para «querellarse en nuestro nombre y de toda esta República».

El acta fue firmada con manos temblorosas, pero decididas. Caracas, por primera vez en su historia, se había alzado no contra un hombre, sino contra un poder.

La fragata que llevaría al exgobernador a España zarpó al amanecer del 22 de febrero. Desde cubierta, Don Diego Gil de la Sierpe contempló el Puerto de La Guaira entre la bruma. No dijo palabra, no pidió perdón, no juró venganza. Solo se sentó en una banqueta de madera, sacó de su bolsillo el retrato ovalado, y lo miró largo rato. Luego, lo guardó.

El mar se lo llevó sin más.

Pero su sombra permaneció.

Y con ella, el germen de algo nuevo.

La fragata y el Consejo

El viaje a España fue lento, hostil y sin gloria. La fragata “Santa Gertrudis”, embarcación vieja y con las maderas hinchadas por años de sal, partió de La Guaira al alba, con las velas tensas de humedad y un cielo de plomo que no prometía buen tiempo.

Don Diego Gil de la Sierpe iba en calidad de preso, pero no como los comunes. Su camarote, al fondo de la nave, tenía un catre, una tinaja de agua, un reclinatorio, y la escolta constante del capitán Pedro de Lovera, que cumplía su misión con la incomodidad de quien arresta a un semejante sin estar seguro de su culpa. Lovera, hombre de mar y no de leyes, desconfiaba por igual del reo y de sus jueces. No preguntaba, no hablaba, pero anotaba cada detalle en un cuaderno de tapas de cuero que jamás dejaba a la vista.

Durante las primeras semanas, el viento soplaba del noreste, constante. La nave avanzaba despacio, pero sin contratiempos. Don Diego no decía palabra. Leía libros que había logrado llevar consigo —un breviario, una traducción latina de Séneca, y un volumen de Las Siete Partidas—, escribía cartas que luego quemaba, y pasaba horas en silencio, mirando el baluarte del barco como si viera más allá del horizonte.

Una noche, mientras la tripulación dormía y el timonel cantaba una copla andaluza sin sentido, Don Diego pidió confesar. El capellán, un joven benedictino de voz suave, acudió sin juicio ni sospecha. Entraron en la estancia. Nadie supo lo que se dijeron. Al salir, el sacerdote tenía la mirada perdida. Dicen que no volvió a hablar en todo el día siguiente.

Arribaron a Cádiz a finales de mayo. El prisionero fue entregado, conforme a las instrucciones del Cabildo, al representante del Consejo de Indias. Desde allí, fue trasladado a Sevilla bajo discreta custodia. El proceso, sin embargo, no fue inmediato.

Las cosas en la Península se movían con la lentitud de una estatua. El Consejo de Indias recibía informes, querellas, cédulas, protestas, y todo lo archivaba con riguroso tedio. Bartolomé de Monasterio, Procurador de Caracas, llegó a Madrid con el rostro ajado por el viaje y el ánimo inflamado por la causa. No era hombre de letras, pero hablaba con una convicción tan sencilla que los escribanos del Consejo tomaban nota aun sin comprender del todo.

—Este hombre ha ofendido no solo la ley del Rey, sino el alma de un pueblo —decía.

Los consejeros lo miraban con la mezcla de condescendencia y desdén que reservaban para los representantes de las colonias. Le daban audiencia breve, tomaban sus papeles, asentían con gesto diplomático, y luego los dejaban sobre un arcón sin abrir.

El nombre de Don Diego Gil de la Sierpe no tenía peso en la Corte. No era noble, no tenía padrinos. Su caída no interesaba a nadie, pero la querella presentada por el Cabildo sí inquietaba. No por lo que decía, sino por lo que implicaba. Porque no era común —ni visto— que una ciudad americana osara arrestar a un gobernador real. Y menos aún que exigiera justicia en nombre de una «República». Los papeles hablaban de agravios, de confiscaciones, de abusos; pero, entre líneas, los consejeros leían otra cosa: una autonomía que no había sido concedida. Un brote, quizás, de algo más peligroso que una simple sed de justicia.

En Caracas, mientras tanto, la espera se volvía amarga.

Habían enviado al hombre, sí. Lo habían arrestado en nombre de la ley, del Rey, de la decencia. Pero nada regresaba. Ninguna respuesta, ningún informe, ningún castigo. Peor aún, comenzaron a circular rumores. Que el Consejo dudaba del procedimiento. Que los regidores se habían excedido. Que el castigo podía volver, no sobre la Sierpe, sino sobre quienes la habían enfrentado. Las murmuraciones tomaban forma en las esquinas de la ciudad. En las boticas, los tenderos bajaban la voz. En los conventos, los frailes discutían en latín. En los hogares criollos, las madres hablaban de enviar a sus hijos a estudiar a Salamanca, «para que aprendan a defenderse de la injusticia».

Fue entonces cuando llegó la noticia. Una carta breve, fechada en Sevilla, diciembre de 1630:

«Vista y revista la causa, el Real Consejo condena a los regidores del Cabildo de Caracas al pago de trescientos ducados cada uno, por haber privado indebidamente del gobierno al nombrado Don Diego Gil de la Sierpe.»

Ninguna mención a los abusos. Ninguna defensa del pueblo. Solo una multa.

El golpe fue frío, seco, hiriente. Como si se les hubiera dicho: “Callad, no os pertenece el poder. Ni siquiera cuando tenéis razón”.

Los regidores no discutieron la sentencia. Pagaron lo que pudieron. Algunos hipotecaron casas, otros vendieron mulas, otros escribieron a sus parientes en Castilla pidiendo ayuda. Pero ninguno se retractó.

El acta del Cabildo posterior al fallo es seca, lacónica. Dice:

«Se acata la sentencia por obediencia al Rey, pero no se confiesa culpa alguna. Y se reafirma que lo hecho fue por servicio de Dios, del Rey y del bien común de esta ciudad.»

Así comenzó algo que no tenía nombre todavía.

Los caraqueños no hablaban de “independencia”, ni siquiera de autonomía. Pero desde entonces, los cabildos comenzaron a cuidarse más entre ellos. A consultar menos a las Audiencias. A redactar sus actas con una nueva forma de lenguaje: más seca, más firme, más criolla. El poder seguía en España, pero algo había cambiado. Era como si, al detener a Don Diego, se hubieran detenido también a sí mismos. Como si hubieran descubierto, sin quererlo, que podían ejercer justicia sin pedir permiso. Esa conciencia nueva, apenas intuida, apenas nacida, se alojó en el alma de la ciudad como una brasa dormida. No ardía aún, pero no se apagaba. Cada vez que el Rey mandaba un decreto incomprensible, o que un nuevo Gobernador trataba a los criollos como vasallos mudos, la brasa temblaba.

El nombre de Don Diego Gil de la Sierpe desapareció de los libros oficiales. No fue recordado en las listas ni en las ceremonias. Pero en las tertulias, en los relatos al anochecer, su figura se alzaba como advertencia. No por su crueldad, sino por lo que provocó. Porque sin saberlo, al oprimir, abrió un camino.

Los ecos de la vara

Pasaron los años. El caso de Don Diego Gil de la Sierpe, que por un instante sacudió las losas del Cabildo y los ánimos de la ciudad, se fue volviendo un murmullo, una referencia sin nombre, una historia que los jóvenes escuchaban sin entender del todo. Pero los más viejos no olvidaban. Entre los documentos del archivo del Cabildo, el acta del 31 de diciembre de 1623 seguía allí, con la tinta pardusca, la caligrafía tensada por el miedo y la determinación.

Nadie volvió a hablar de la Sierpe en público. No era prudente. Pero en las tertulias domésticas, cuando el vino criollo soltaba la lengua y la vela temblaba con el viento del valle, se oía de vez en cuando:

—¿Y quién detuvo a aquel Gobernador que vino a robarnos hasta el aire?

—Nosotros, el Cabildo.

Aunque no había orgullo en esas palabras, sí había algo más fuerte: pertenencia.

En los años siguientes, los Gobernadores vinieron y fueron. Algunos, señores respetuosos; otros, hidalgos arruinados que buscaban rehacer fortuna en el trópico. Todos, al llegar, miraban al Cabildo con una mezcla de distancia y prudencia. Sabían que aquella ciudad tenía memoria. Sabían que no todo se olvidaba con el tiempo. Fue entonces cuando comenzaron las “competencias”.

No eran aún conflictos armados ni alzamientos. Eran discusiones. Al principio, nimias: ¿quién debía ocupar el primer asiento en las procesiones? ¿Qué vara tenía prioridad en los actos religiosos, la del Gobernador o la del Alférez Real? ¿A quién correspondía el derecho de hablar primero en los actos de fundación o en la bendición de una nueva iglesia?

Los cronistas peninsulares, desde la distancia cómoda de sus escritorios en Sevilla, se burlaban de estas disputas. Las llamaban “pueriles discusiones de una sociedad ociosa”. Se reían de los paraguas ceremoniales, de las capas bordadas, de las disputas por una campana.

Pero no veían —o no querían ver— lo que latía bajo esos gestos.Porque lo que se discutía no era un asiento. Era la representación del poder. ¿Quién hablaba por el pueblo? ¿Quién lo gobernaba? ¿Quién tenía el derecho de imponer?

Y allí el Cabildo, que representaba a los criollos, empezó a hablar con voz más firme.

La tarde del 24 de septiembre de 1641, durante una misa en honor a la Virgen de las Mercedes, el Gobernador se presentó con todo su séquito. Entró último, como correspondía a su jerarquía,. Ppero al llegar al altar, el Alférez Real ya estaba allí. Con capa corta y espada ceremonial, ocupaba el lugar que, según los nuevos protocolos dictados en Caracas, correspondía al Cabildo.

El Gobernador no dijo nada. Solo frunció el ceño.

Al día siguiente, envió un memorial al Rey, quejándose de que “los criollos de esta ciudad quieren hacerse iguales a los representantes del Soberano”.

La respuesta llegó tres años después, como era costumbre. Un documento ambiguo, que llamaba a “la prudencia y el respeto de las jerarquías”, pero que no condenaba nada en firme. Era lo bastante vago como para evitar un escándalo. Lo bastante débil como para que el Cabildo lo desobedeciera sin romper del todo con la Corona.

Así nació una forma de resistencia nueva. No abierta, no violenta. Pero constante.

Don Nicolás de Andueza, escribano del Cabildo durante más de veinte años, comenzó a anotar en los márgenes de las actas ciertas frases que no eran parte del protocolo. Comentarios, pensamientos sueltos, juicios. En una hoja de 1657, junto a una ordenanza del Gobernador sobre tributos del cacao, escribió: “Otra vez nos mandan como si fuésemos bestias. Pero esta vez, nadie cumplirá.” No era insubordinación. Era algo más callado, más profundo: el nacimiento de una voluntad separada.

Los Cabildos de otras ciudades —Barquisimeto, Trujillo, Mérida— comenzaron también a replicar algunas decisiones de Caracas. A enviar sus propias quejas, a redactar actas con estilo más firme, menos sumiso. Se escribían entre sí, firmaban con sellos propios, se consultaban como si fuesen pequeños estados. Y aunque siempre terminaban sus escritos con las fórmulas de respeto debidas al Rey, debajo de cada firma, en tinta algo más oscura, comenzaba a aparecer una frase que hasta entonces nadie había usado: “Por esta República”.

No se referían a España. No a Castilla. Ni siquiera a América. Se referían a su ciudad. A su gente. A su identidad. Una palabra, “república”, que aún no significaba independencia, pero sí comunidad. Sí voluntad.

Mientras tanto, en la Corte, los consejeros del Rey empezaron a ver con inquietud los informes que venían de la Provincia de Venezuela. No hablaban ya de desórdenes ni de tumultos, pero sí de un creciente “espíritu localista”. Se advertía de “cierta resistencia a los nombramientos reales”. Se hablaba de “criollos que no se sienten del todo súbditos”. Algunos lo atribuían al clima. Otros, a la mezcla de sangres. Los más conservadores proponían enviar más oidores, más jueces, más religiosos, pero nadie se atrevía aún a cambiar la estructura.

La Monarquía estaba demasiado ocupada en Europa. Las guerras, las bancarrotas, los enfrentamientos dinásticos. Las colonias eran aún fuente de oro, plata, cacao y tabaco. Pero comenzaban a sentirse como tierras cada vez más lejanas. Como hijos que crecen sin pedir consejo.

Y en Caracas, cuando llegaba la noche y las luces del Cabildo se apagaban, los escribanos dejaban a veces sobre la mesa un papel sin firmar, con una sola frase:

“Fue la Sierpe quien lo enseñó.”

No porque se le agradeciera,. Ssino porque había sido el catalizador. El exceso, la arbitrariedad, la soberbia del poder foráneo, habían empujado a una ciudad a descubrir su fuerza.

Y esa memoria seguía allí.

Dormida, sí. Pero viva.

Voces nuevas, sombras viejas

La Caracas de finales del siglo XVII ya no era la misma ciudad de techos bajos y calles polvorientas que viera marchar a Don Diego Gil de la Sierpe entre soldados y campanas mudas. Había crecido, sí, pero no en tamaño, sino en silencio. Silencio espeso, hecho de resignación contenida, de decretos obedecidos a medias, de misa y mercado, de cacao y cruz, de paciencia. Bajo ese silencio se había ido formando otra cosa: una forma nueva de pensar. No se oía, no se enseñaba, pero flotaba en el aire como una humedad inminente. En los zaguanes, en las aulas, en los portales de las casas, los jóvenes criollos —nacidos aquí, de padres también nacidos aquí— empezaban a usar palabras que los viejos no se atrevían a decir.

Decían “nuestra tierra”, no “las provincias del Rey”. Decían «los de allá», no «la madre patria». Y entre ellos, cuando sabían que no había oídos indiscretos, decían también: «nosotros no somos ellos».

Uno de esos jóvenes, Francisco Tovar y Sotillo, Blanco criollo y estudioso de leyes, había encontrado en los archivos del Cabildo el acta del arresto de Don Diego. La leyó con ojos abiertos y corazón inquieto. La leyó una segunda vez. Y luego una tercera, en voz baja. Era la primera vez que veía escrito que una ciudad había hecho valer su derecho contra un poder impuesto.

—¿Y esto por qué no se enseña? —preguntó a su maestro, un fraile agustino de barba gris y voz suave.

—Porque no conviene recordar lo que el poder no perdona —respondió el fraile sin mirar.

Pero Tovar no olvidó. Transcribió el acta a mano, palabra por palabra. La guardó en su baúl, entre sus libros de derecho romano y sus tratados de lógica. La llamaba, en secreto, “El principio”.

El Cabildo, por su parte, había aprendido a moverse con otra lógica. Ya no se enfrentaba con decretos altisonantes ni arrestos espectaculares. Había comprendido que el poder real era como un animal viejo y peligroso: no se le ataca de frente, se le rodea.

Así, en lugar de rechazar una orden, la “interpretaba”. En lugar de desafiar una cédula, la “demoraba por prudencia”. Los escribanos aprendieron a escribir actas con frases que eran cuchillos envueltos en terciopelo:

“Visto lo mandado por Su Excelencia, se resuelve acatar en espíritu…”

“Por el bien de la república, y no sin reparos, se ha determinado obedecer…”

En Madrid, los oidores no sabían qué hacer con estos textos. ¿Rebeldía? ¿Sutileza? ¿Insinuación?

Mientras tanto, los criollos se educaban. Estudiaban en Lima, en Salamanca, en México. Leían a Suárez, a Vitoria, a Grocio. Volvían con nuevas ideas, nuevos términos: derecho natural, soberanía, bien común. Y en Caracas, cada vez que un nuevo Gobernador intentaba imponer su voluntad sin consultar al Cabildo, se encontraba con un muro invisible de resistencia cortés. Nadie alzaba la voz,. Pero nadie obedecía del todo.

En el año de 1702, bajo la amenaza de un nuevo impuesto extraordinario, ordenado desde la Corte para financiar las guerras del Rey en Europa, el Cabildo de Caracas se reunió en sesión extraordinaria. Era mediodía. El calor pesaba. Las ventanas abiertas dejaban pasar el rumor del mercado y el zumbido persistente de las moscas.

Don Sebastián Díaz, regidor más antiguo, habló:

—Nos piden un tributo que no podemos pagar. Y si pudiéramos, no debemos.

El escribano alzó la vista.

—¿Debo escribir eso?

Díaz lo miró fijamente.

—Sí. Escríbalo.

Fue la primera vez que en un acta oficial se dejaba constancia de un “no” a la Corona. No un rechazo completo, no un alzamiento, pero sí un límite. Un primer muro.

Días después, la negativa fue enviada a la Audiencia de Santo Domingo, no sin adornos: “… y siendo voluntad de esta república cuidar de sus naturales, y no hallar justo que se le imponga carga que no ha sido consultada, se ha determinado no proceder con la colecta.”

El Consejo de Indias respondió con frialdad. No insistió. No reprendió. Pero marcó el expediente con una nota: “Observar tendencia”.

Al año siguiente, Francisco Tovar y Sotillo fue elegido por unanimidad como Procurador del Cabildo. Llevó bajo el brazo, al asumir, una copia del acta de 1623. Nadie preguntó por qué. Nadie lo detuvo.

En su primer discurso, ante los pocos presentes, dijo:

—Hace ochenta años esta ciudad se hizo oír. No fue por ambición, fue por dignidad. Que no se nos olvide que somos capaces de sostenerla.

En la ciudad, donde aún resonaban nombres del pasado, comenzó a nacer una frase entre los jóvenes estudiantes, los abogados, los comerciantes criollos, y hasta los más lúcidos frailes:

“No somos vasallos. Somos hijos de esta tierra.”

Era una frase sencilla. Aún sin pólvora. Aún sin partido.

Pero tenía ya forma de idea.

Detrás de cada pliego sellado que venía de la Península, detrás de cada firma forzada, detrás de cada decreto obedecido con lentitud, crecía un germen. Una semilla plantada en el acto insólito de arrestar a un gobernador en nombre de la justicia. Una brasa avivada por el silencio. Un principio sin nombre, pero no sin causa.

El hilo invisible 

La luz del crepúsculo se colaba con dificultad por la ventana enrejada del despacho, bañando de tonos anaranjados y grises el papel que yacía sobre el escritorio. Un hombre de mediana edad, con las manos ligeramente temblorosas, repasaba una vez más el manuscrito que debía firmar. Entre el peso de la soledad y la rutina, pensó en la suerte que le había tocado: no era el primero ni sería el último en ocupar aquel puesto ambiguo, suspendido entre la muerte y la espera, entre el silencio pesado de la ausencia y el rumor lejano de la Corona.

Era un destino antiguo, casi heredado, como una cadena invisible que unía su nombre a los de tantos otros antes que él;, aquellos que, sin quererlo del todo, habían permanecido en la frontera incierta del poder. Aquella fragilidad, pensaba, tenía raíces profundas en la historia del cabildo venezolano, cuya memoria se aferraba a cuatro momentos que, sin estridencias, sellaron el frágil equilibrio de la autoridad local.

Recordó, con una mezcla de respeto y tristeza, el primero de esos momentos. Ocurrió en el invierno de 1560, en la lejana villa de Trujillo, cuando un hombre de voz baja y mirada firme, Sancho Briceño, consiguió que el rey firmara una cédula real que parecía, en aquel entonces, un simple papel, pero que contenía la semilla de la permanencia. Era el 8 de diciembre, y la cédula autorizaba a los alcaldes ordinarios a ejercer el gobierno en la ausencia definitiva del gobernador, es decir, tras su muerte, hasta que la Corona enviara un sustituto. No era, sin embargo, un gesto de arrogancia ni de pretensión. Briceño, con una humildad casi resignada, no reclamaba poder ni preeminencia; su argumento giraba en torno a la pobreza de aquellas tierras, la distancia insoportable que las aislaba, la soledad de sus caminos y la urgencia de no perder el hilo del gobierno. Esperar que el nuevo gobernador cruzara océanos y montañas era un riesgo demasiado grande. El vacío que dejaba la muerte del mandatario debía ser llenado inmediatamente, para no permitir que el orden se deshiciera como polvo.

El hombre imaginó a aquel Briceño, hablando con voz firme y pausada, invocando la necesidad más que la gloria. En su modestia, en su clara visión del aislamiento, él había asegurado un mecanismo que ahora parecía ser su salvavidas y, a la vez, su cadena. La cuerda tensa que sostenía la autoridad local en equilibrio sobre el abismo de la incertidumbre. Pero el destino, como siempre, se tejía con más hilos, y aquel acto inicial no fue sino la primera nota en una melodía que se complicaría con los años.

El segundo momento que la historia guardaba fue una sombra más oscura. En 1591, la Corona, urgida por recursos y sin otra opción aparente, decidió poner a la venta los cargos de regidores. Aquello fue una semilla venenosa que germinó en la formación de una oligarquía urbana, un puñado de ricos que, con sus monedas, compraban no sólo títulos, sino el derecho a gobernar. La esperanza de un cabildo popular, de un gobierno abierto a todos, se desvaneció como un suspiro en el viento, ahogada bajo el pesado manto de la plutocracia. El hombre recordaba haber leído aquellas antiguas disposiciones y sentir, aún a través del tiempo, el peso de aquella traición silenciosa.

Con un suspiro, volvió su mirada al tercer momento decisivo, ocurrido mucho después, el 8 de septiembre de 1676. El rey, en un acto que más que un decreto parecía un recordatorio severo, ratificó la cédula original de 1560. La Audiencia de Santo Domingo había osado creer que podía nombrar gobernadores interinos, pero el monarca aclaró que sólo los alcaldes ordinarios tenían esa facultad. El Cabildo, con su estructura precaria y resistente, había sido reconocido finalmente como la célula política fundamental del imperio en América. Aquella ratificación no fue sólo una victoria legal; era una confirmación del valor y la importancia de una institución que había sabido sobrevivir entre los caprichos del poder y el abandono.

El hombre pensó entonces en la rutina que continuaba hasta 1737, cuando, con una precisión casi ritual, la sustitución del Gobernador fallecido ocurría el mismo día, sin demoras, sin cuestionamientos, como una ceremonia silenciosa. Era el reconocimiento tácito del valor del Cabildo, de su función como guardián del reino lejano. Sin embargo, en el fondo, él sabía que aquella tradición era también una lucha contra el olvido, contra la distancia, contra la muerte misma. Gobernar en aquellas tierras no era un acto de dominio o conquista; sino de resistencia, de insistencia obstinada en mantener vivo el hilo invisible que unía al imperio con sus sombras más remotas.

La noche había avanzado y afuera en el patio, los grillos cantaban con la monotonía de un reloj que marca el tiempo en la espera. El hombre guardó los papeles, se levantó y caminó hasta la ventana. Más allá, las montañas se recortaban oscuras contra el cielo estrellado, y la soledad parecía tan vasta como la historia misma que había leído. En ese instante comprendió que él, como aquellos alcaldes que le habían precedido, era sólo un punto diminuto en el lento fluir del tiempo, un eslabón más en una cadena que se extendía mucho más allá de su vida y de sus ambiciones. Porque el poder en aquellas tierras apartadas no se medía en mandatos ni en órdenes, sino en la paciencia de quienes aceptaban que su gobierno era también una forma de espera. La espera de un nuevo gobernador, la espera del correo, la espera de la muerte o del olvido.

Mientras las estrellas seguían su camino eterno, el interino sintió que su destino era, en verdad, continuar esa tradición forjada en la paciencia, en la lejanía y en la soledad.

Diecinueve de abril

El día amaneció sin aspavientos.

Las campanas tocaron a misa con su habitual gravedad. El cielo, claro y mudo, no presagiaba otra cosa que calor. En la Plaza Mayor, las vendedoras de arepas gritaban lo suyo, y los esclavos del convento de San Francisco limpiaban el empedrado como cualquier otro jueves. Era 19 de abril de 1810. Pero algo estaba torcido en el aire. No maldad, ni milagro, sino espera. Esa espera gruesa, parecida a la que precede al parto o a la tormenta. Nadie lo dijo, pero muchos lo sabían.

Los criollos más influyentes —gente de nombres viejos, pero ideas nuevas— se habían reunido desde días antes. El Gobernador, Vicente Emparan, se mostraba nervioso. La noticia de la ocupación napoleónica en España, la disolución de la Junta Suprema, la pérdida de rumbo de la metrópoli, lo tenían desvelado. Los criollos, en cambio, parecían más serenos,. Ccomo si en la crisis hubiesen encontrado su oportunidad, como si la oportunidad, más bien, hubiese llegado sola, al fin, como una deuda pagada por fin con el calendario.

Esa mañana, el Cabildo convocó a sus miembros y a parte del vecindario notable. El salón era modesto, los bancos de madera crujían. Algunos llevaban capas, otros iban en camisa, pero todos sabían que no era una sesión cualquiera.

Emparan entró con paso firme, pero sin la costumbre de la autoridad incuestionable. Saludó escueto, pidió la palabra, y comenzó a hablar de la necesidad de obedecer a la Junta de Sevilla, de la fidelidad al Rey Fernando VII, de la unidad del Imperio. Palabras como ecos lejanos, sin raíz ya en aquella sala. Entonces, uno de los criollos —no el más joven, ni el más viejo, sino el más claro— se levantó. Su voz no fue altisonante. Dijo simplemente:

—¿Y si no reconocemos ya a esa autoridad?

El silencio que siguió fue total. No de escándalo, sino de confirmación,. Ccomo si por fin alguien hubiera dicho en voz alta lo que todos venían pensando en sus casas, en las esquinas, en los bancos de las iglesias.

Emparan, inquieto, pidió opinión al pueblo. Salió al balcón, con una teatralidad que aún creía útil. Preguntó:

—¿Queréis que yo os gobierne?

Desde la plaza, una respuesta seca, decidida, se alzó:

—¡No!

Fue todo. No hubo disparo, no hubo sangre. Solo un no. Pero ese no fue el corte final al cordón umbilical que unía a la ciudad con una monarquía lejana, borrosa, tambaleante.

Un «no» puede ser un principio. Caracas, desde entonces, se supo propia. En una noche de 1623 se arrestó a un gobernador; en otra noche, siglos después, su bisnieto leyó la crónica del hecho.

—“No es la primera vez que el Cabildo gobierna», dijo el joven.

—»No», concordó el anciano. «Pero aquel fue un castigo; este es un sino.»

La historia, a veces, no se repite: se comprende …, todas aquellas historias adquirían un sentido nuevo y claro, una paz cansada se apoderó de ella.

La Semilla en el Archivo

Queda, sin embargo, un cabo suelto en este tapiz, un hilo de seda oscura que el tiempo no ha podido devorar. En el archivo de la Real Audiencia de Santo Domingo, entre legajos polvorientos que narran pleitos sobre linderos y diezmos, se conserva un documento único: el inventario de los bienes embargados a Don Diego Gil de la Sierpe. La lista es prolija: la casaca de plata, los libros, un crucifijo de ébano. Pero hay una partida, la última, que los funcionarios anotaron con desinterés y que un historiador minucioso, siglos después, subrayaría con tiza roja. Dice:

“Ítem: un retrato ovalado, en un relicario de plata, con efigie de mujer desconocida.”

Nunca se supo quién era la mujer del retrato. La historia oficial la ignoró, los cronistas la desdeñaron. Pero una tarde de 1821, mientras Simón Bolívar preparaba la batalla de Carabobo, un emisario realista capturado llevaba consigo, oculta entre sus ropas, una copia de ese mismo inventario. Una nota al margen, en una caligrafía que no era la del escribano, añadía un misterio a la partida del retrato: “Se dice que la efigie era de la hermana del Obispo de Puerto Rico, y que la cédula de nombramiento de la Sierpe fue suscrita a cambio de un silencio.”

La línea es ambigua, un rumor transcrito. Pero si es cierta, entonces el arresto de 1623 no fue solo un acto de justicia criolla, sino el desenlace de una intriga mayor que envolvía a las más altas esferas del imperio. Tal vez el verdadero pecado de Gil de la Sierpe no fue la soberbia, sino un secreto que llevaba colgado al pecho. Y tal vez, el Cabildo de Caracas, sin saberlo, no solo defendió su derecho a gobernar, sino que tapó la boca de un escándalo que habría hecho temblar los cimientos de dos obispados.

El retrato desapareció. El secreto, si lo hubo, se pudrió con los hombres que lo conocieron. Pero su mera posibilidad abre una grieta en el relato, una puerta falsa en la historia. Ahora, cada vez que se lee el acta de 1623, la sombra de aquella mujer desconocida se proyecta sobre los regidores, sobre la prisión, sobre el «no» fundacional. Y la pregunta queda flotando en el aire, como un polen de duda que fecunda la memoria: ¿Qué más había detrás de la Sierpe?

La historia no ha terminado. Solo espera a que otro lector, en otra noche, decida seguir el hilo de plata que conduce al relicario perdido.