La familia de un colombiano que presuntamente murió en un ataque contra una narcolancha en el Caribe presenta una denuncia ante la CIDH en EE.UU.

Kovalik espera que su petición abra el camino para que más familias se pronuncien y confía en que se publiquen más evidencias sobre la desaparición de Carranza.

Carranza, de 42 años, se despidió de su familia la mañana del 14 de septiembre antes de zarpar con su bote como de costumbre, según declaró a un medio estatal colombiano su primo Audenis Manjarres.

De acuerdo a este testimonio, Carranza salió desde el departamento colombiano de La Guajira, fronterizo con Venezuela en el Caribe.

Al día siguiente, Trump anunció un ataque en aguas internacionales contra una embarcación que había salido de Venezuela y dijo que los tres tripulantes habían muerto.

Desde ese día, la sobrina de Carranza, Lizbeth Pérez, no sabe nada de su tío.

Pérez le dijo a la BBC que los cinco hijos de Carranza extrañan a su padre y que la familia espera ansiosa a que les den respuestas, desconociendo si el colombiano se encontraba incluso en la embarcación durante el ataque.

«La verdad es que no sabemos si era él. No tenemos pruebas de que era él, aparte de lo que vimos en las noticias», comenta Pérez.

A mediados de septiembre, Petro denunció que al menos uno de los múltiples ataques de EE.UU. en el Caribe se había producido contra una embarcación colombiana con ciudadanos de su país a bordo.

Petro se apoyó inicialmente en «indicios», sin dar más detalles, y hasta la fecha el gobierno no ha ofrecido evidencias, pese a la solicitud enviada por BBC Mundo.

El 18 de octubre, un reporte del medio estatal RTVC expuso que Carranza, al que identificó como un pescador, se encontraba en una de las lanchas atacadas.

Petro reforzó sus denuncias con la publicación del reportaje y acusó a Washington de violar la soberanía de Colombia y cometer un asesinato.

Trump respondió anunciando la suspensión de pagos y subsidios a Colombia y, días después, sancionando a Petro por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Pérez le dijo a la BBC que Carranza «era un hombre amable, buena persona, amigo; buen padre, tío e hijo».

«Era una persona alegre. Amaba su trabajo y su pesca», añadió la sobrina de la presunta víctima.

La familia de Carranza es extensa. Alrededor de 20 miembros viven en una pequeña casa en el pueblo pesquero de Gaira.

Tras identificarlo inicialmente como pescador, Petro alegó a comienzos de noviembre que Carranza quería ayudar a su hija a estudiar en la universidad y por ello aceptó el pago de un narcotraficante para transportar drogas hacia una isla.

Fue entonces cuando su embarcación fue impactada, según el presidente.

«No sabemos si era peces lo que llevaba o era cocaína, pero (…) él no tenía pena de muerte y no tenían por qué haberlo asesinado», dijo Petro.

La prensa colombiana ha informado sobre el presunto pasado criminal de Carranza, que incluye un robo de armas de la policía hace nueve años.

La familia ha negado esos reportes y dicen estar dolidos de que se lo caracterice como un narcotraficante.

Según Kovalik, el abogado de la familia, aunque la administración de Trump defienda que los ataques se producen contra narcotraficantes, «eso no te da el derecho de involucrarte en ejecuciones extrajudiciales».

«Son botes pequeños… si realmente crees que están haciendo algo malo, esas personas deberían ser arrestadas, procesadas en una corte, declaradas culpables y sentenciadas», añadió el abogado.

Kovalik compartió con BBC Mundo el documento de la denuncia.

En este se apunta a Hegseth, el secretario de Defensa estadounidense, como responsable de ordenar bombardeos como en el que presuntamente murió Carranza.

Preguntado por pruebas de que la muerte de Carranza se produjo en las condiciones denunciadas, Kovalik nos remitió al testimonio de un testigo mencionado en la petición a la CIDH y cuya identidad pidió proteger.

«Cuando el testigo vio el video del bombardeo, estaba seguro de que era el tipo de bote que Alejandro usa y estaba seguro de que era Alejandro. Los tiempos también coincidían. Obviamente no es una prueba, pero sí buena evidencia», respondió Kovalik.

Kovalik es optimista sobre el alcance de su denucnia ante la CIDH, confiando en que anime a que más familias se unan y hagan públicas las desapariciones de los suyos.

Mientras, los ataques estadounidenses atemorizan a pescadores en aguas sudamericanas, miedosos de ser confundidos por narcotraficantes en alta mar.

El gobierno estadounidense defiende que EE.UU. está «amenazado» por «organizaciones terroristas» y que las drogas matan a miles de sus ciudadanos.

La Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés), señala que las incautaciones de cocaína, la droga más producida y traficada en Sudamérica, se incrementaron un 18% en 2024 en comparación al año anterior.

Sin embargo, el fentanilo es la sustancia que más muertes provoca en EE.UU. y esta es producida y transportada al país desde México.

Muchos en Sudamérica no creen que el objetivo del despliegue militar estadounidense el el Caribe sean las presuntas narcolanchas, sino presionar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, para que abandone el poder.

EE.UU. acusa a Maduro de liderar una organización criminal llamada Cartel de los Soles, algo que el venezolano niega.

Trump afirmó el martes que EE.UU. empezará a realizar «ataques por tierra» que podrían dirigirse a Venezuela o a cualquier país que considere que produce o vende drogas ilegales a su país.

La región permanece en vilo ante un desenlace impredecible.

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