Bolívar rescinde contrato a Fospuca tras denuncias
CIUDAD GUAYANA / REDACCIÓN HECHOS NEWS.- La gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García, anunció este miércoles 10 de diciembre la rescisión unilateral del contrato con la empresa Fospuca. Esta medida pone fin a la concesión del servicio de aseo urbano en los municipios Caroní y Angostura del Orinoco. La decisión responde a los múltiples reclamos acumulados entre 2022 y 2025 por tarifas excesivas y embargos contra el sector privado.
García oficializó la medida durante su programa radial Por amor a Bolívar. La mandataria justificó la acción basándose en la ley y en la necesidad de priorizar el bienestar colectivo sobre el lucro privado. “Hemos decidido la rescisión unilateral del servicio de Fospuca en el estado Bolívar”, sentenció la autoridad regional junto al alcalde Yanny Alonzo.
Reacción inmediata y controversia
Las oficinas de Fospuca en Caroní cerraron sus puertas el mismo día del anuncio. Sin embargo, la tensión aumentó minutos después cuando ciudadanos captaron en video a un trabajador de la empresa arrojando desechos en la avenida Manuel Piar. Este incidente generó indignación en redes sociales y dudas sobre si se trató de una orden interna o un sabotaje aislado.
Persisten interrogantes sobre el cobro del relleno sanitario reflejado en las facturas de Corpoelec y el estatus de los embargos ejecutados. La Gobernación apuesta ahora por un modelo más social y designó a la estatal Supraguayana y a la nueva organización EcoBolívar para asumir la recolección de inmediato.
Victoria de la Asamblea de Ciudadanos
La Asamblea de Ciudadanos de Caroní celebra este desenlace como una victoria tras más de dos años de lucha. Este movimiento social denunció constantemente los vicios del contrato firmado en 2022 por funcionarios del PSUV durante la gestión pasada. La concesión original carecía de transparencia y facilitó cobros indebidos que la ciudadanía llevó ante el Tribunal Supremo de Justicia.
José Gregorio Meignen, abogado de la Asamblea, exige medidas complementarias urgentes. El jurista solicita suspender los cobros en la factura eléctrica e investigar las irregularidades administrativas. “Cívicamente y con la ley en mano ejercimos las acciones. Hoy vemos un resultado, pero seguimos atentos”, declaró Meignen a Hechos News.
Terror judicial contra el empresariado
La gestión de Fospuca dejó una huella profunda en la economía local mediante lo que los afectados califican como “terror judicial”. La empresa introdujo 139 solicitudes de embargo y ejecutó siete medidas contra patrimonios comerciales. Star Motors, Triple Fashion, Clínicas y decenas de hoteles figuran entre las víctimas de un sistema de cobro coercitivo.
El patrón de demandas afectó a grandes y pequeños contribuyentes, desde supermercados hasta talleres mecánicos. Simón Yegres, líder social, convocó una asamblea extraordinaria para este viernes 12 de diciembre. El objetivo es definir acciones legales civiles y penales para exigir la reparación de daños a los comerciantes afectados por esta política de asfixia económica.
Fuente: Redacción Hechos News.
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