Derogatoria de Ley del Estatuto de Roma no exonera a responsables de crímenes de lesa humanidad, advierten defensores de DDHH
Sin que el Ejecutivo se haya pronunciado sobre su intención de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI), la Asamblea Nacional (AN), dominada por el chavismo, sancionó este 11 de diciembre la “Ley por Palestina y la Humanidad, Ley derogatoria de la Ley del Estatuto de Roma”.
El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, recalcó durante la sesión ordinaria que la aprobación en segunda discusión del instrumento legal tiene como intención “demostrar y denunciar al mundo la inutilidad y el vasallaje de una institución (CPI) que debería servir para proteger a los pueblos”. Señaló tanto a la Fiscalía como a la Corte de solo servir para ejecutar los designios del “imperialismo norteamericano”, en alusión al gobierno de Estados Unidos.
Defensores de derechos humanos hablaron con Efecto Cocuyo y volvieron a advertir que si el Poder Ejecutivo no denuncia el Estatuto de Roma ante el secretario de Naciones Unidas (ONU), como lo establece el artículo 127 de dicho Estatuto, Venezuela sigue siendo parte de la CPI. En el caso de que Miraflores cumpla el trámite, apuntaron, el retiro entra en vigencia un año después de hacerse la solicitud ante la ONU.
El director vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, y la codirectora de Laboratorio de Paz, Lexys Rendón, consideran la medida del Parlamento como un acto simbólico, sin efecto práctico sobre la investigación que adelanta la CPI por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, durante 2017, por lo tanto, no exonera a aquellos funcionarios que sean declarados culpables de tales delitos, por los jueces de la Corte.
Gesto simbólico
“Es un intento bastante claro para tratar de desvincular a individualidades que eventualmente hayan cometido crímenes de lesa humanidad de cualquier cualquier posibilidad de que sean declarados formalmente responsables en las instancias internacionales por esos crímenes, lo cual no tendrá resultado”, sostuvo Himiob.
El juicio que se sigue en la Corte contra el Estado por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en las masivas manifestaciones antigubernamentales de 2017 sigue su curso. Recientemente el fiscal adjunto de la CPI, Mame Mandiaye Niang, expresó que las investigaciones en el caso venezolano avanzan al tiempo que anunció (1 de diciembre) el cierre de la oficina de la Fiscalía de la CPI en Caracas por la falta de cooperación del Estado venezolano en la investigación y castigo a las violaciones de derechos humanos.
Otras voces como la del abogado experto de Derecho Público Internacional, Simón Gómez Guaimara, no descartan que los jueces de la CPI hayan emitido o estén por emitir órdenes de captura por el caso venezolano.
“Es importante destacar que, de acuerdo con lo pautado en el artículo 127 del Estatuto de Roma, la denuncia del tratado internacional o la renuncia del Estado a pertenecer a la estructura de la CPI y el Estatuto no tiene efectos sino hasta un año después de que se haya materializado la denuncia ante la ONU y, además, no afecta para nada las investigaciones que ya estén en curso y que se hayan iniciado mientras estaba vigente el Estatuto”, subrayó Himiob.
El jefe del Parlamento insistió que la sanción del instrumento legal que responde al cierre de la oficina de la Fiscalía en Caracas demuestra la “dignidad” del pueblo venezolano y “solidaridad” con Palestina. Rodríguez acusó a la CPI de guardar silencio frente al genocidio en Gaza cometido por Israel, mientras denuncia “falsamente” violaciones de DDHH en Venezuela.
“Pensamos que puede tratarse más de un gesto simbólico, dirigido a tratar de hacer creer que las personas que eventualmente hayan cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela van a quedar exoneradas, lo cual no es cierto; y repito: no afecta para nada el desarrollo de la investigación Venezuela I, que está en curso y que se mantendrá vigente ante la Fiscalía del tribunal penal internacional”, reiteró Himiob.
“Legalismo autoritario”
La administración de Nicolás Maduro no ha reaccionado más allá del cierre de la oficina de la CPI en Caracas, inaugurada en abril de 2024 tras una visita del fiscal Karim Khan, quien suscribió un memorando de entendimiento con Maduro. A través de la Cancillería se afirmó que la CPI es la que no coopera con el Estado venezolano.
«Venezuela se ha vinculado de buena fe con la Fiscalía de la CPI en un proceso que, a todas luces, no encaja en los supuestos previstos en el Estatuto de Roma, pero que pretende satisfacer la agenda antiVenezuela impulsada desde centros hegemónicos», reza un comunicado divulgado el 2 de diciembre.
Rendón calificó la aprobación de la derogatoria de la Ley del Estatuto de Roma por parte de la AN como “legalismo autoritario”, según el cual se crea un “marco artificial de legalidad” que busca crear una narrativa gubernamental que confunde la arbitrariedad en interpretación legislativa, tanto a lo interno como frente a países, la ONU y la izquierda mundial. Esto, alertó, es un patrón del chavismo en Venezuela.
“En el ámbito legal interno, -aunque estemos bajo un estado autoritario- es fundamental recordar que nuevamente se estaría vulnerando la Constitución que establece en su artículo 23 que los tratados, pactos y convenciones relativas a DDHH tienen jerarquía constitucional. El Estatuto de Roma se creó justamente para investigar y enjuiciar a personas acusadas de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, los crímenes más atroces en materia de DDHH”, expresó la socióloga e investigadora.
Advirtió que pese a que Miraflores “normalice la violación” de la Carta Magna se debe insistir en el artículo 25, que establece que los actos que menoscaben derechos son nulos e implica responsabilidades individuales en funcionarios. Recalcó que ninguna ley, decreto o resolución aprobado por la AN puede alterar la progresividad de los derechos.
Cerrar el espacio de justicia internacional
A partir de la medida de la AN y aunque falta la formalización del retiro por parte del Ejecutivo, la defensora de DDHH alertó que el Estado bajo la administración de Maduro avanza en la “desprotección estructural” de la ciudadanía víctima de la “confiscación” de las libertades democráticas y de “vulneraciones gravísimas” a DDHH.
“También avanza en el desmantelamiento institucional, no sólo por contravenir la Constitución sino por seguir cortando lazos y vínculos con la institucionalidad y obligatoriedad internacional para la garantía de estándares y obligaciones con la justicia, los derechos y la verdad. Venezuela propone cerrar el espacio de justicia internacional porque comete crímenes atroces. No va a cesar en su método y requiere una normativa e institucionalidad para profundizar la impunidad estructural y neutralizar las obligaciones derivadas del Derecho Penal Internacional”, sostuvo Rendón.
Este 8 de diciembre, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, sentenció que así como le llegó la hora a la Organización de Estados Americanos (OEA) en el país (retiro en 2019), así le había llegado a la CPI a la que tachó de «grosera» por callar ante el bombardeo de lanchas en el Caribe y el Pacífico por parte de EEUU.
La defensora de DDHH también llama la atención sobre el hecho de que frente al caso de Venezuela en la CPI hasta ahora el chavismo había optado por buscar mecanismos para ralentizar la investigación y ganar tiempo, entre ellos la inauguración de la oficina de la CPI en Caracas. A su juicio, esto funcionó mediáticamente hasta cierto punto para simular cooperación, complementariedad, apertura y hacer control de daño reputacional frente a la investigación, pero después del cierre de la oficina cambió el panorama.
“Ahora optan (el chavismo) por denunciar a la CPI como tutelaje y colonialismo jurídico contra Venezuela lo que es muy estridente y es pirotecnia para sus seguidores dentro y fuera, desviando la mirada a Palestina. Pero lo cierto es que es un duro golpe a su simulación mediática de cooperación con la CPI”, agregó.
A su juicio, cuando el chavismo desde las instituciones acusa sesgo por parte de la CPI no es por ignorancia, sino por horadar y dañar la reputación de la Corte y tratar de generar un halo de duda sobre un hecho, que, afirmó, es irrefutable: “En Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad y hay responsables con nombres y apellidos”.
Fuente de TenemosNoticias.com: efectococuyo.com
En la sección: Política – Efecto Cocuyo
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