Tres de los detenidos en el conocido como ‘caso Plus Ultra’, entre ellos el presidente de la aerolínea, Julio Martínez, y el CEO, Roberto Roselli, quedaron en libertad provisional este sábado. La decisión se tomó después de que pasaran a disposición judicial tras su detención a manos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
Según informaron a Europa Press fuentes jurídicas, el Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid dictaminó medidas cautelares para los tres implicados. El magistrado actuó en funciones de guardia, aunque la investigación principal sigue bajo el control del Juzgado de Instrucción Número 15 y se mantiene bajo secreto de sumario.
Las medidas impuestas por el juez Alfredo Barrera a los tres directivos incluyen la retirada inmediata del pasaporte, la prohibición explícita de abandonar España y la obligación de comparecer ante el órgano judicial cada 15 días.
De la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción Número 15, a cargo de la jueza Esperanza Collazos, se aborda una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción.
La denuncia es bifocal y apunta al «uso indebido» de los 53 millones de euros que Plus Ultra recibió del gobierno español como rescate durante la pandemia, que supuestamente se usaron para devolver préstamos a otras sociedades vinculadas a la presunta trama delictiva, y un presunto delito de blanqueo de fondos públicos y de oro venezolano en distintos países.
Trama internacional y fondos venezolanos
La denuncia de la Fiscalía no solo se centra en el uso de los fondos del rescate. También apunta a una supuesta organización criminal activa en Francia, Suiza y España, integrada por «personas extranjeras, nacionalizados españoles, y al menos un abogado español».
De acuerdo con el Ministerio Público, el dinero ilícito procedería de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela. Específicamente, se menciona que los fondos provendrían de programas sociales como los CLAP (para el reparto de alimentos básicos subsidiados) y de las «ventas de oro del Banco de Venezuela».
Esta investigación se reactiva a pesar de que la Audiencia Nacional había rechazado la denuncia inicialmente, argumentando que la competencia correspondía al mismo Juzgado de Instrucción Número 15. Además, este mismo juzgado había archivado la causa sobre las irregularidades en la concesión del rescate en enero de 2023, al considerar que los imputados carecían de capacidad de decisión, dado que la aprobación final del rescate fue del Consejo de Ministros.
