¿A qué se refiere Trump cuando habla del petróleo que Venezuela le «robó» a Estados Unidos?

Son los años de lo que en Venezuela se conoce como «el Reventón», el inicio de la explotación masiva de una materia prima que marcaría la historia del país y al que la economía mundial se volvía cada vez más dependiente

Concentrada inicialmente en la zona del Lago de Maracaibo, en el oeste de Venezuela, en la incipiente y lucrativa actividad petrolera pronto adquirieron un papel protagonista las empresas de Estados Unidos, que sustituyeron a los ingleses y holandeses que la habían desarrollado en sus albores.

El gobierno de Juan Vicente Gómez puso en marcha un sistema de concesiones que atrajo a las empresas estadounidenses, que podían extraer y comercializar el crudo venezolano a cambio del pago de una regalía que quedó inicialmente fijada en un 7%.

«El Estado dio concesiones a la élite local, pero estos las vendieron a extranjeros porque los venezolanos no tenían los recursos ni la maquinaria para explotarlos», explicó a BBC Mundo Miguel Tinker Salas, historiador y autor del libro «Una herencia que perdura. Petróleo, cultura y sociedad en Venezuela».

En esos años, la familia estadounidense Rockefeller se adueñó del negocio del petróleo venezolano a través de su compañía Standard Oil Company y la filial que creó en Venezuela, la Creole Petroleum Company.

«Se beneficiaron de contratos que fueron muy criticados porque se consideraron muy favorables a las empresas», indicó Francisco Monaldi, director del programa de Energía en América Latina del Instituto Baker de Estados Unidos.

Según Tinker Salas, «Juan Vicente Gómez buscaba equilibrar la presencia de estadounidenses, británicos y holandeses para que ninguno tuviera un monopolio».

Y la primera actividad estadounidense causó lo que el experto describe como «un desastre ecológico tremendo».

«Los europeos habían explotado la orilla del Lago de Maracaibo, pero los estadounidenses empezaron a instalar plataformas para extraer el crudo bajo el agua. Al principio las sostuvieron sobre pilares de madera que con frecuencia acababan carcomidos por el agua, provocando el derrumbe de los pozos y el vertido del crudo al agua del lago».

«Esto tuvo un gran impacto sobre las comunidades que vivían en la orilla y dependían del agua del lago. Nunca hubo ninguna reparación ni compensación».

En 1943 Venezuela estaba regida por otro militar, Isaías Medina Angarita.

«Presionado por el sector del Ejército que pedía progreso y una emergente clase media, Medina Angarita quería utilizar los recursos del petróleo para modernizar el país», explica Tinker Salas.

En un contexto marcado por la Segunda Guerra Mundial, que le había dado a Venezuela un alto valor estratégico por su alta disponibilidad de crudo, el presidente Medina Angarita promovió una Ley de Hidrocarburos que cambiaría las reglas del juego.

El Estado se reservaba una participación del 50% en los beneficios del negocio petrolero y la regalía que las empresas extranjeras debían pagar se elevó hasta un 16%.

Además, los contratos de concesión se limitaron a 40 años y se obligó a las empresas beneficiarias a construir refinerías en el país para desarrollar la industria nacional.

Sin embargo, las medidas de Medina Angarita fueron bien recibidas en Estados Unidos, que había encontrado en Venezuela un proveedor fiable de combustible en un momento crítico como el de la guerra.

«Se hizo mediante una negociación, no hubo una imposición del Estado, y las empresas estadounidenses lo vieron con buenos ojos porque tenían presente el recuerdo de la nacionalización del petróleo en México de 1938 y querían evitar otra nacionalización a toda costa», indica Tinker Salas.

El mundo era muy diferente cuando en 1974 Carlos Andrés Pérez llegó a la presidencia con la promesa de nacionalizar el petróleo.

Los gobiernos de los países productores habían ido tomando conciencia del enorme poder y los ingentes recursos que les daba controlar un recurso del que las economías desarrolladas se habían vuelto completamente dependientes, como quedó claro en el embargo petrolero que varios países árabes impusieron a Estados Unidos en 1973 por su apoyo a Israel.

Venezuela era ya entonces el mayor exportador mundial de crudo y había sido uno de los promotores de la creación unos años antes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

«La de Venezuela fue una nacionalización más en unos años en que hubo muchas, como la de la saudita Aramco», recuerda Monaldi

Cuando Pérez decretó en 1975 la nacionalización y la creación de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), no hubo conflicto con Exxon y las otras compañías estadounidenses que operaban el país.

«Solo les quedaban unos años de concesión y el gobierno las compensó razonablemente por los ingresos de producción que no iban a recibir».

Esa es parte de la explicación de la buena relación que tuvo Carlos Andrés Pérez con Estados Unidos.

Con los ingresos de un petróleo cuyo precio se había disparado, se dio la época conocida como la «Venezuela saudita», un proceso de modernización y desarrollo en el que el país se acostumbró al consumo masivo y las infraestructuras punteras, pero no corrigió problemas como la desigualdad ni su elevado endeudamiento.

¿Y qué pasó con las empresas estadounidenses?

Según Monaldi, «siguieron teniendo acceso al petróleo venezolano y a contratos auxiliares con PDVSA, por lo que siguieron haciendo bastante plata en Venezuela».

La historia cambiaría con la llegada al poder en 1999 del coronel Hugo Chávez, que pronto chocó con los dirigentes de PDVSA, que en 2002 impulsaron un paro que paralizó el sector petrolero.

Tinker Salar explica que «PDVSA había creado una especie de Estado dentro del Estado, en el que sus mandos se veían como los expertos, como la meritocracia, y no querían que el gobierno perturbara la gestión petrolera».

Pero Chávez purgó a gran parte del personal de la petrolera estatal, que llenó de fieles a su «Revolución Bolivariana», y buscó lo que describió como una «renacionalización» del petróleo.

A partir de 2004, con los precios del crudo al alza, el presidente forzó una renegociación de los contratos con PDVSA que hasta entonces habían sido un gran negocio para las petroleras internacionales.

A partir de 2001, la ley exigió una participación mayoritaria de PDVSA en todos los proyectos e incrementó sustancialmente las regalías que debían pagar las compañías extranjeras.

Con los recursos obtenidos, Chávez pudo financiar sus extensos programas asistenciales y una agresiva política internacional que le permitía erigirse en alternativa a la hegemonía estadounidense en América Latina.

Las estadounidenses ExxonMobil, ConocoPhillips y Chevron fueron las principales compañías estadounidenses afectadas y adoptaron diferentes estrategias.

Chevron aceptó permanecer en Venezuela bajo las nuevas condiciones y aún sigue produciendo petróleo en el país.

ExxonMobil y ConocoPhillips se negaron y abandonaron Venezuela sin aceptar la compensación que se les ofreció por la expropiación de sus activos.

ExxonMobil reclamó un arbitraje al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, que falló que se le debía compensar con alrededor de US$1.600 millones.

Estando esta cifra muy por debajo de las que habían sido sus reclamaciones iniciales, la de victoria de ExxonMobil sobre el Estado venezolano fue descrita en la prensa de la época como una «vacía».

ConocoPhillips también ganó el pleito en el Ciadi y se le reconoció una compensación mucho mayor, ya que el falló concluyó que la expropiación de sus activos fue ilícita y el Estado venezolano no actuó de buena fe en la negociación de las compensaciones.

Pero dos décadas después, ConocoPhillips aún sigue intentando cobrar los más de US$10.000 millones que se estima le debe la República de Venezuela.

En la actualidad, es uno de los primeros acreedores en la lista de espera para cobrar cuando se rematen los activos de Citgo, filial de PDVSA en Estados Unidos inmersa en un largo y aún inconcluso proceso judicial.

En realidad, la Venezuela chavista cayó en «default» en 2017 y acumula una deuda impagada que en la actualidad se estima en US$150.000 millones.

Esa cifra incluye bonos soberanos y de PDVSA impagados, pero también préstamos no devueltos a potencias amigas como China y Rusia.

El gobierno de Nicolás Maduro sostiene desde hace años que las dificultades económicas del país se deben a las sanciones de Estados Unidos, que han limitado su capacidad para exportar petróleo.

Aunque los expertos señalan que el pronunciado declive de la producción petrolera venezolana, -que hoy se sitúa en torno a 1,3 millones de barriles diarios, cuando llegó a alcanzar máximos de 3,7 millones-, es resultado en gran medida de la mala gestión y la corrupción en los años de los gobiernos de Chávez y Maduro.

Para Monaldi, «las expropiaciones de Chávez estuvieron mal hechas y Venezuela está pagando las consecuencias, pero eso no quiere decir que el petróleo venezolano sea de las empresas estadounidenses. Nunca lo fue; ellas solo tenían la concesión para explotarlo».

El experto cree que «Trump y Miller están usando una retórica exagerada que no se corresponde con los hechos».

Tinker Salas coincide en que «no hay contexto histórico para decir que Venezuela le robó el petróleo a Estados Unidos».

Y respecto a la afirmación de Miller de que fue «el sudor estadounidense» el que hizo nacer la industria petrolera en Venezuela, lo tiene claro: «Por supuesto, hubo un grupo de expertos estadounidenses, pero los que cortaron la selva, excavaron los pozos y trabajaron el terreno fueron los venezolanos».

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