Exigen liberar a 22 periodistas detenidos en Venezuela
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información publicó un comunicado oficial exigiendo la libertad plena de 22 periodistas y comunicadores sociales. El documento, difundido por la organización Espacio Público, denuncia que estos profesionales permanecen bajo arresto arbitrario por ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de prensa y asociación.
La organización señala que, hasta el cierre de 2025, la persecución contra quienes informan se ha intensificado. Entre los nombres resaltan figuras como Roland Carreño, Nícmer Evans, Biagio Pilieri y Leocenis García, junto a otros comunicadores capturados en diversas regiones. La Alianza sostiene que estas detenciones carecen de sustento legal y violan tratados internacionales suscritos por la nación.
El gremio periodístico insta a las autoridades judiciales a otorgar libertad incondicional a los afectados. Diversas ONG subrayan que opinar y reportar los hechos no constituye un delito bajo ninguna circunstancia. El entorno para la prensa libre se mantiene crítico mientras familiares y colegas esperan respuestas oficiales.
A continuación, el comunicado íntegro:
Desde la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información rechazamos las políticas de criminalización que sostiene el Estado de Venezuela y sus autoridades hacia quienes se expresan y se organizan en ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Estas prácticas incluyen la detención de personas periodistas y comunicadoras sociales.
Según datos públicos de organizaciones locales, hasta diciembre de 2025, 22 periodistas o comunicadores se encuentran detenidos/as arbitrariamente en Venezuela, por el ejercicio de derechos como la libertad de expresión, de prensa, y de asociación con fines sociales o políticos.
Las detenciones y procesos penales incluyen faltas graves en el debido proceso: desapariciones forzadas, negación de abogados de confianza, incomunicación, desatención médica, castigos, prohibición de visitas y ausencia de información sobre los procesos judiciales.
En muchos casos, los familiares pasan meses sin conocer su paradero, y cuando los ubican finalmente, lo saben por poco tiempo, ante nuevos traslados que no son informados oficialmente. También se registran castigos físicos hacia las personas detenidas en represalia por denunciar las condiciones en los centros de reclusión y la falta de independencia judicial. En otros casos, son sometidas a aislamiento y, con frecuencia, quienes padecen enfermedades crónicas que requieren asistencia y medicación, no son atendidas oportunamente, lo que pone en grave riesgo sus vidas.
Las instituciones se articulan en esta política represiva. El sistema judicial es dependiente de las altas autoridades, la Fiscalía acusa sin pruebas. La Defensoría del Pueblo calla ante la demanda de las víctimas, al punto que dicha instancia perdió su acreditación internacional. Así, cuando el Estado no ejerce la violencia de forma directa, lo hace a través del silencio o facilitando la impunidad.
El gobierno venezolano promueve una supuesta narrativa de diálogo y paz, que es abiertamente incompatible con autoridades que detienen, desaparecen, torturan y niegan derechos fundamentales. No existe respeto y garantías para los derechos civiles y políticos, si quienes se expresan y ejercen sus libertades son reprimidos.
Desde hace varios años, como Alianza hemos reportado y rechazado las prácticas autoritarias en la región. Venezuela fue un ejemplo temprano de muchas políticas regresivas que hoy se han extendido en varios países del continente. Avanzando desde la estigmatización del discurso crítico, hacia procesos judiciales arbitrarios como forma de reprender la libre difusión de ideas y contenidos, reducir el escrutinio y promover la autocensura, llegando incluso a castigar con cárcel demandas o expresiones críticas legítimas. Cuando la violencia estatal instala la privación de libertad como un mecanismo frecuente de sanción, es la demanda colectiva muchas veces el único recurso para subir el costo de los abusos.
Exigimos al Estado venezolano que otorgue libertad plena e incondicional a todas las personas detenidas arbitrariamente, en particular a 22 periodistas y comunicadores: Ángel Godoy, Biagio Pilieri, Carlos Julio Rojas, Carlos Marcano, Gabriel González, Gianni González, Juan Francisco Alvarado, Juan Pablo Guanipa, Julio Balza, Leandro Palmar, Leocenis García, Luis López, Mario Chávez Cohen, Nakary Ramos, Nicmer Evans, Omairo Daniel Castellanos, Pedro Guanipa, Ramón Centeno, Roland Carreño, Rory Branker, Salvador Cubillán y Víctor Ugas.
Las autoridades deben detener la persecución a los entornos familiares de las víctimas, y cesar los procesos judiciales arbitrarios hacia periodistas, que siguen sometidas/os a persecución penal desde hace años.
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