Powell confirma una investigación criminal en su contra y asegura que no cederá con los tipos

Nuevo capítulo en el enfrentamiento del Donald Trump y el presidente de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Powell. Este último ha revelado este domingo que afronta una investigación del Departamento de Justicia relacionada con su testimonio ante el Congreso del pasado junio sobre la renovación multimillonaria de la sede del organismo, si bien ha enmarcado esta acción en «las amenazas y la presión constante» de la Administración de Donald Trump.

«El viernes, el Departamento de Justicia entregó a la Reserva Federal citaciones del gran jurado, amenazando con una acusación penal relacionada con mi testimonio ante el Comité Bancario del Senado el pasado mes de junio. Ese testimonio se refería, en parte, a un proyecto plurianual para renovar los edificios históricos de oficinas de la Reserva Federal», ha relatado en un insólito vídeo difundido en la cuenta del organismo en la red social X.

Juan J. Fdez-Figares, de Link Securities, indica que este tema, como muestran esta madrugada las caídas que están sufriendo los futuros de los principales índices bursátiles estadounidenses, no gusta a la comunidad inversora, que observa con cierta perplejidad como un gobierno en teoría pro mercado está actuando cada vez más de forma intervencionista intentando influir en la actuación del banco central y en la actuación de las empresas en algunos sectores de actividad. El dólar también acusa esta situación, mientras que los bonos se muestran estables.

Powell, que ha asegurado mantener un «profundo respeto por el Estado de derecho y la rendición de cuentas», ha considerado la investigación en su contra como una «acción sin precedentes» de Washington, que «debe verse en el contexto más amplio de las amenazas y la presión constante del Gobierno».

«Nadie, y desde luego tampoco el presidente de la Reserva Federal, está por encima de la ley», ha señalado en un discurso en el que ha asegurado que «la amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fije los tipos de interés basándose en la mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente».

«Esta nueva amenaza no tiene que ver con mi testimonio del pasado mes de junio ni con la renovación de los edificios de la Reserva Federal»

«Esta nueva amenaza no tiene que ver con mi testimonio del pasado mes de junio ni con la renovación de los edificios de la Reserva Federal. No tiene que ver con la función de supervisión del Congreso», ha asegurado antes de defender que el organismo ha informado al Congreso sobre este asunto a través de «testimonios y otras divulgaciones públicas». «Esos son pretextos», ha agregado. En cambio, ha reiterado, «se trata de si la Reserva Federal podrá seguir fijando los tipos de interés basándose en las pruebas y las condiciones económicas, o si, por el contrario, la política monetaria se verá condicionada por la presión política o la intimidación».

Powell ha subrayado su labor al frente de la Fed durante cuatro administraciones tanto del Partido Republicano como del Demócrata, en las que ha desempeñado sus funciones «sin temor ni favoritismos políticos», centrándose únicamente «en su mandato de estabilidad de precios y máximo empleo».

«El servicio público a veces requiere mantenerse firme ante las amenazas. Seguiré desempeñando el cargo para el que me confirmó el Senado, con integridad y compromiso al servicio del pueblo estadounidense», ha aseverado.

Trump y otros altos cargos del Gobierno han criticado la renovación de la sede de la Fed, y el verano pasado el mandatario reprochó que el coste total haya pasado de los alrededor de 2.500 millones ya conocidos, 700 más que el plan inicial, a 3.100, algo que Powell refutó.

En definitiva, todo se enmarca en la cruzada del presidente de EEUU contra Powell por no bajar los tipos de interés lo suficiente. Trump, en sus pretensiones de ejercer más control sobre la institución encargada de la estabilidad de precios y el máximo empleo en EEUU, ha intentado despedir a Lisa Cook, una gobernadora del banco, acusándola de fraude hipotecario.